El delito tiene una lógica eminentemente económica: se delinque haciendo un análisis costo-beneficio.
Inspirado en algunas de las ideas de Beccaria, el filósofo inglés Jeremías Bentham planteó, en los inicios del siglo XIX, una interesantísima teoría que, a mi modo de ver, puede todavía arrojar algunas luces acerca del por qué la gente delinque.
El padre del utilitarismo sostenía que el hombre siempre trataba de maximizar racionalmente sus propios intereses, incluso cuando tomaba de la decisión de cometer un delito.
Bentham entendía que el problema del control penal se resolvía estableciendo un conjunto de “precios” para los delitos, combinando de varias formas las que a su juicio eran las dos variables que determinaban el costo del delito: la probabilidad del castigo y la severidad de la pena.
Para decirlo en forma sencilla: el delincuente potencial, antes de cometer una infracción, calcula el riesgo que corre, tomando en cuenta la probabilidad de ser perseguido por el delito y el rigor de la pena que se le puede imponer.
Si el delincuente entiende que las probabilidades de ser perseguido, procesado y sancionado son mínimas, entonces se sentirá incentivado a cometer el hecho ilícito. Pero si el delincuente percibe que puede ser acusado y sancionado en forma severa, tendrá menos incentivos para cometer el delito.
Las ideas de Bentham sobre las sanciones penales forman parte de lo que con el tiempo ha venido a formar parte del denominado “análisis económico del Derecho”. Al filósofo inglés se le reconoce haber sido precursor de esta disciplina para las actividades de no mercado (delitos, accidentes, matrimonios, contaminación, procesos legales y políticos, etc.)
Más recientemente, a mediados de la década de los sesenta, el economista Gary Becker, ganador del Premio Nobel de Economía, retomó y profundizó la visión económica del delito y las penas.
El delito es un fenómeno multicausal. Pero en sociedades tan socialmente desiguales como la dominicana, uno tiende a explicar –que no a justificar- gran parte de los delitos (sobre todo los de bagatela) por la pobreza y la marginalidad que afectan a una gran parte de la población.
Quizás una parte de los delitos que a diario se registran en nuestro país (sobre todo, los cometidos por gente con poder económico y político) se explican por la históricamente escasa probabilidad de que sean juzgados y sancionados en forma ejemplar por la justicia dominicana. O sea, por el incentivo a cometerlos.
Es cierto que ningún sistema judicial está en capacidad para perseguir y sancionar todos los delitos que se cometen y que el Estado, sobre todo en las naciones en desarrollo, debe racionalizar la persecución penal, para concentrarse en la persecución y sanción de las conductas de mayor lesividad u ofensividad social, de modo que la función preventiva general -o disuasoria- que se le reconoce a la sanción penal logre sus propósitos. Pero, lo importante es que la población tenga la impresión de que el sistema judicial funciona y que las conductas contrarias a Derecho no son premiadas, sino castigadas.
Quizás la percepción de muchos de que la delincuencia ha crecido en la República Dominicana en los últimos años, se nutre de la creencia, de los habitantes, sobre todo, de los barrios pobres y marginados, de que las probabilidades de que sus delitos sean juzgados y sancionados siguen siendo bajas en el país, y digamos que, haciendo un análisis “costo-beneficio”, muchos de ellos se han arriesgado a aprovecharse de la “democratización” de los incentivos para delinquir.
Por Ricardo Rojas León
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“La economía del delito“. Ricardo Rojas León. Blog “Logocracia”. Disponible en: http://rojasleon.blogspot.com/2010/12/la-economia-del-delito.html
Imagen: “Justice and Divine Vengeance pursuing Crime“. Pierre-Paul Prud’hon. Disponible en: http://www.wga.hu/art/p/prudhon/3justice.jpg
La economía del delito
El delito tiene una lógica eminentemente económica: se delinque haciendo un análisis costo-beneficio.
Inspirado en algunas de las ideas de Beccaria, el filósofo inglés Jeremías Bentham planteó, en los inicios del siglo XIX, una interesantísima teoría que, a mi modo de ver, puede todavía arrojar algunas luces acerca del por qué la gente delinque.
El padre del utilitarismo sostenía que el hombre siempre trataba de maximizar racionalmente sus propios intereses, incluso cuando tomaba de la decisión de cometer un delito.
Bentham entendía que el problema del control penal se resolvía estableciendo un conjunto de “precios” para los delitos, combinando de varias formas las que a su juicio eran las dos variables que determinaban el costo del delito: la probabilidad del castigo y la severidad de la pena.
Para decirlo en forma sencilla: el delincuente potencial, antes de cometer una infracción, calcula el riesgo que corre, tomando en cuenta la probabilidad de ser perseguido por el delito y el rigor de la pena que se le puede imponer.
Si el delincuente entiende que las probabilidades de ser perseguido, procesado y sancionado son mínimas, entonces se sentirá incentivado a cometer el hecho ilícito. Pero si el delincuente percibe que puede ser acusado y sancionado en forma severa, tendrá menos incentivos para cometer el delito.
Las ideas de Bentham sobre las sanciones penales forman parte de lo que con el tiempo ha venido a formar parte del denominado “análisis económico del Derecho”. Al filósofo inglés se le reconoce haber sido precursor de esta disciplina para las actividades de no mercado (delitos, accidentes, matrimonios, contaminación, procesos legales y políticos, etc.)
Más recientemente, a mediados de la década de los sesenta, el economista Gary Becker, ganador del Premio Nobel de Economía, retomó y profundizó la visión económica del delito y las penas.
El delito es un fenómeno multicausal. Pero en sociedades tan socialmente desiguales como la dominicana, uno tiende a explicar –que no a justificar- gran parte de los delitos (sobre todo los de bagatela) por la pobreza y la marginalidad que afectan a una gran parte de la población.
Quizás una parte de los delitos que a diario se registran en nuestro país (sobre todo, los cometidos por gente con poder económico y político) se explican por la históricamente escasa probabilidad de que sean juzgados y sancionados en forma ejemplar por la justicia dominicana. O sea, por el incentivo a cometerlos.
Es cierto que ningún sistema judicial está en capacidad para perseguir y sancionar todos los delitos que se cometen y que el Estado, sobre todo en las naciones en desarrollo, debe racionalizar la persecución penal, para concentrarse en la persecución y sanción de las conductas de mayor lesividad u ofensividad social, de modo que la función preventiva general -o disuasoria- que se le reconoce a la sanción penal logre sus propósitos. Pero, lo importante es que la población tenga la impresión de que el sistema judicial funciona y que las conductas contrarias a Derecho no son premiadas, sino castigadas.
Quizás la percepción de muchos de que la delincuencia ha crecido en la República Dominicana en los últimos años, se nutre de la creencia, de los habitantes, sobre todo, de los barrios pobres y marginados, de que las probabilidades de que sus delitos sean juzgados y sancionados siguen siendo bajas en el país, y digamos que, haciendo un análisis “costo-beneficio”, muchos de ellos se han arriesgado a aprovecharse de la “democratización” de los incentivos para delinquir.
Por Ricardo Rojas León
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“La economía del delito“. Ricardo Rojas León. Blog “Logocracia”. Disponible en: http://rojasleon.blogspot.com/2010/12/la-economia-del-delito.html
Imagen: “Justice and Divine Vengeance pursuing Crime“. Pierre-Paul Prud’hon. Disponible en: http://www.wga.hu/art/p/prudhon/3justice.jpg