Explora la historia del derecho dominicano desde 1844: constituciones, leyes, jurisprudencia e instituciones, con fechas y fuentes documentales.
Se formula el manifiesto, o Acta de Independencia, que expone las razones de la separación y el proyecto de organización del nuevo Estado. Redactado por Tomás Bobadilla y Briones,
Se proclama la Independencia y comienza la organización de la República Dominicana como Estado soberano.
La Junta Gubernativa Provisional, presidida por Tomás Bobadilla, declaró que la esclavitud había desaparecido para siempre del territorio dominicano. La resolución reafirmó esta garantía en la nueva República, aseguró el respeto de las personas y propiedades de los residentes de la parte occidental de la isla y de los de origen francés nacidos en la antigua Parte Española, y dispuso perseguir y castigar, cuando correspondiera, la propagación de rumores sobre su restablecimiento.
Mediante el Decreto núm. 14, la Junta Central Gubernativa convoca a los pueblos a elegir los diputados del primer Congreso Constituyente. Establece las reglas electorales y la organización del Congreso encargado de redactar la Constitución y elegir el gobierno definitivo de la República.
Se proclama en San Cristóbal la primera Constitución de la República. Organiza el Poder Legislativo en un Tribunado y un Consejo Conservador, y establece la separación de poderes. Su artículo 210 concede al presidente amplias facultades para la defensa y seguridad nacional durante la guerra, sin responsabilidad por las medidas adoptadas bajo esa disposición.
Mediante el Decreto núm. 23, Pedro Santana regula la incorporación al ejército permanente, las exenciones del servicio y el alistamiento voluntario. La disposición se dicta al amparo del artículo 210 de la Constitución de 1844.
Durante 1845 se dictan normas para organizar los ayuntamientos, la instrucción pública, el régimen de aduanas y las patentes para ejercer profesiones o industrias en la nueva República.
La Comisión Militar permanente de Santo Domingo condenó a muerte a María Trinidad Sánchez, José del Carmen Figueroa, Andrés Sánchez y Nicolás de Barías por conspiración contra el Gobierno. El fallo invocó disposiciones del Código Penal Militar y el decreto de 18 de enero de 1845, expedido bajo las facultades del artículo 210 de la Constitución de 1844. La decisión documenta el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar y la aplicación de la pena capital en un proceso de carácter político.
La Ley núm. 30 reglamenta el sistema electoral previsto en la Constitución de 1844. Organiza las asambleas primarias y los colegios electorales, la inscripción de los electores y los procedimientos de votación y escrutinio.
La Ley núm. 38 distribuye las atribuciones de las Secretarías de Estado y regula su coordinación y funcionamiento. Establece la responsabilidad de los ministros por actuaciones contrarias a la Constitución y las leyes, así como por el incumplimiento de sus deberes.
La Ley núm. 40 desarrolla la división en cinco provincias prevista en la Constitución de 1844 y detalla sus comunes. Regula la administración provincial, las atribuciones de los jefes superiores políticos y el funcionamiento de las diputaciones provinciales.
Se promulga la Ley núm. 41 que establece la primera organización judicial en el país. Organiza los tribunales de la República y distribuye sus competencias. Regula la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Apelación, las Justicias Mayores de las provincias y las funciones judiciales de los alcaldes constitucionales.
La Ley núm. 42 de Hacienda establece la Contaduría General y organiza la recaudación, distribución y fiscalización de los fondos públicos. Regula las cuentas del Estado y las responsabilidades de los funcionarios encargados de su administración.
La Ley núm. 52 determina cuáles bienes pertenecen a la nación y regula su administración, conservación, arrendamiento y venta. Exige la presentación de títulos de propiedad y establece comisiones para resolver las reclamaciones, con derecho de apelación ante la Suprema Corte de Justicia.
El Decreto núm. 58 manda aplicar en los tribunales los Códigos franceses de la Restauración, respetando la Constitución y las leyes dominicanas. La medida responde a la falta de regulación de la apelación en el Código haitiano entonces vigente, señalada por el propio decreto.
Se promulga la Ley núm. 60 - Código Penal Militar para las tropas de tierra y de mar de la República, que establece las infracciones y penas militares y el procedimiento ante los consejos militares.
El Decreto núm. 61 regula el reclutamiento, la organización y la disciplina del Ejército permanente y la Guardia Cívica. Deroga expresamente el Decreto núm. 23 del 29 de noviembre de 1844 y dispone su aplicación durante la guerra hasta la firma de la paz.
El Decreto núm. 65 establece el registro de extranjeros y sus declaraciones de residencia para acreditar los plazos constitucionales exigidos para ejercer derechos políticos. También regula la acreditación del derecho a cartas de ciudadanía de los extranjeros que habían adherido a la causa dominicana.
Durante 1846 se revisan tres áreas de la organización estatal. La Ley núm. 75 (7 de mayo) reorganiza la Hacienda pública, la contabilidad y el control de sus fondos, y deroga la ley de 11 de junio de 1845. La Ley núm. 76 (15 de mayo) establece un Consejo General de Instrucción Pública e incorpora la enseñanza de la Constitución. La Ley núm. 79 (16 de mayo) regula las pensiones por invalidez militar y el montepío para viudas y huérfanos de militares fallecidos en servicio.
La Ley núm. 81 desarrolla el artículo 23 de la Constitución de 1844: reconoce a los dominicanos el derecho a publicar sus ideas sin censura previa y regula la responsabilidad por los impresos. Define infracciones contra la religión del Estado, el orden constitucional, la tranquilidad pública y el honor, con multas y penas de prisión; encomienda a jurados la calificación de los escritos. Combina así una garantía de expresión con amplias restricciones penales.
El Decreto núm. 94, dictado por Pedro Santana al amparo del artículo 210 de la Constitución, ordena que los Tribunales Justicias Mayores juzguen las causas de robo sin jurado. Busca resolver la incompatibilidad entre el procedimiento criminal francés adoptado y la organización judicial dominicana. Mantiene expresamente la defensa, la apelación y la recusación de los jueces, mientras atribuye a estos tribunales la aplicación de las penas del Código Penal.
La Ley núm. 107 reorganiza la composición, elección y atribuciones de los ayuntamientos, subordinados al jefe superior político, y deroga las disposiciones anteriores sobre su composición y competencias. Complementa la Ley núm. 104, del 12 de junio, que establece tesoreros para las diputaciones provinciales y exige informes anuales sobre cuentas municipales, educación, agricultura y comercio. Ambas normas desarrollan la administración territorial de la República.
El Decreto núm. 109 deroga íntegramente la Ley de Instrucción Pública de 15 de mayo de 1846 y restablece el régimen de 1845. Permite que el erario nacional pague maestros donde los fondos locales sean insuficientes y deja a las diputaciones provinciales decidir cuáles escuelas creadas bajo la ley derogada deben mantenerse. El cambio devuelve protagonismo a las autoridades provinciales y municipales en la enseñanza.
El Decreto núm. 110 ordena liberar a los dominicanos encarcelados sin juicio cuyo tiempo de privación de libertad iguale la pena legalmente aplicable, previa revisión de sus causas. Sus considerandos rechazan los castigos desproporcionados y denuncian la prolongación de la prisión por dificultades del procedimiento judicial. Constituye una respuesta legislativa a la detención excesiva sin sentencia.
El Decreto núm. 118 dispone el juzgamiento criminal por los Tribunales Justicias Mayores sin asistencia de jurado. Impone la pena de muerte para determinadas modalidades de robo, entre ellas las cometidas con armas o violencia y las de objetos destinados al culto en los templos, y agrava otras penas. Este régimen excepcional será derogado por la Ley núm. 234 de 1851.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.