La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
El Decreto núm. 303 establece funcionarios encargados de llevar los actos del estado civil, nombrados por el Poder Ejecutivo. Los alcaldes conservan provisionalmente esas funciones hasta que se efectúen los nombramientos; el decreto también regula la relación entre el matrimonio civil y la ceremonia religiosa.
La República Dominicana y Francia suscriben en Santo Domingo un nuevo tratado de amistad, comercio y navegación. El acuerdo regula el acceso a los mercados, la protección de personas y bienes, el acceso a la justicia y las atribuciones e inmunidades consulares; también declara su propósito de consagrar el reconocimiento de la independencia dominicana. La fecha corresponde a la firma: el texto exige ratificación y canje posterior para completar el procedimiento.
La Ley núm. 270 reorganiza los tribunales y el enjuiciamiento, distribuye el territorio en dos distritos judiciales y regula competencias, arbitraje y recursos. Sustituye a los jueces de hecho del régimen anterior por la intervención de la cámara de acusación y ordena remitir la instrucción de las causas al juez competente. Deroga expresamente la Ley orgánica de 13 de julio de 1848 y articula una nueva organización para la administración de justicia.
El Decreto núm. 263 sustituye el régimen de inmigración de 1847. Regula ayudas para el traslado y establecimiento agrícola, concesiones de tierras a familias y personas solas y acuerdos con empresarios que introduzcan colonos. Obliga a habitar y cultivar las tierras antes de enajenarlas y mantiene la exención del servicio militar para los inmigrantes acogidos al régimen.
La Ley núm. 264 regula el jurado para las causas criminales: exige edad mínima de 25 años y el goce de derechos civiles y políticos, y establece listas, selección, excusas y recusaciones. Cada causa debe ser conocida por un jurado de seis integrantes. Amplía la participación ciudadana en la justicia penal dentro de un período marcado por sucesivas reformas y restricciones al uso del jurado.
La Ley núm. 259 establece tribunales especiales de comercio en Santo Domingo y Puerto Plata, con reglas propias de composición, competencia, procedimiento y apelación. Donde no existen estos tribunales, las causas mercantiles continúan ante los Justicias Mayores y las de menor cuantía ante los alcaldes. La norma introduce una jurisdicción especializada para resolver los conflictos comerciales.
El Decreto núm. 271, del 6 de mayo, ordena establecer escuelas primarias en ciudades y comunes, regula su enseñanza y vigilancia y dispone el pago de los maestros por la caja nacional. En desarrollo de esta reforma, el Decreto núm. 282, del 20 de octubre, crea colegios nacionales en Santo Domingo y Santiago. Su plan de estudios incluye derecho civil, constitucional, administrativo y de gentes, vinculando la educación con la formación de servidores públicos.
Se firma en Santa Cruz un tratado de amistad, comercio y navegación con Dinamarca, basado en la reciprocidad y el trato de nación más favorecida. Regula la protección de personas y propiedades y las relaciones comerciales y marítimas. El Congreso dominicano lo aprueba mediante el Decreto núm. 261, promulgado el 17 de abril de 1852; la firma y la aprobación constituyen etapas distintas del procedimiento del tratado.
El Decreto núm. 250 organiza una administración general de correos en la capital, administraciones provinciales y oficinas subalternas. Regula rutas, tarifas, transporte y entrega de la correspondencia. También dispone que su apertura por las autoridades requiera decreto judicial y se haga en presencia del interesado, del juez y de su secretario, vinculando la organización postal con la protección de la correspondencia.
La Resolución núm. 242 dispone establecer un periódico oficial en Santo Domingo para difundir los actos de la Administración y tratar asuntos de interés público. Encarga su redacción a Manuel María Martín, con remuneración mensual. La medida incorpora la prensa como medio institucional de publicidad de las decisiones del Gobierno.
La Ley núm. 234 deroga el Decreto de 6 de julio de 1847, que había establecido penas de muerte para determinadas modalidades de robo y agravado otras sanciones. Sus considerandos cuestionan la aplicación de la pena capital a hechos que podían corresponder a penas correccionales y advierten que la severidad excesiva favorece la impunidad. Los casos comprendidos en el decreto pasan a juzgarse por las leyes vigentes; no se trata de una abolición general de la pena de muerte.
El Decreto núm. 224, promulgado el 7 de mayo, publica la aprobación dominicana del tratado de reconocimiento, paz, amistad, comercio y navegación firmado con el Reino Unido el 6 de marzo de 1850. El acuerdo consagra el reconocimiento formal de la independencia y regula las relaciones comerciales entre ambos Estados. Báez lo ratifica el 9 de septiembre; el canje de ratificaciones del 10 de septiembre determina su entrada en vigor.
El Decreto núm. 216 dispone que las personas comprendidas como dominicanas en el artículo 7 de la Constitución sean consideradas tales mientras residan en el país, aunque hayan adquirido naturalización extranjera. Las mantiene sujetas a los deberes de defensa y contribución al Estado y en el goce de sus derechos. La medida busca impedir que la naturalización en otro país se invoque para eludir obligaciones nacionales.
El Decreto núm. 205 extiende a las deudas no comerciales el apremio corporal, es decir, el encarcelamiento utilizado para exigir su pago. Establece excepciones y un mínimo económico para aplicarlo, gradúa su duración según la cuantía y exige que el acreedor pague la manutención del deudor preso. Mantiene las reglas del Código de Comercio para las deudas comerciales, mostrando el peso de la coerción personal en el derecho de obligaciones de la época.
El Decreto núm. 199 pone nuevamente en vigor la Ley orgánica de 13 de julio de 1848, suspendida el año anterior, e introduce cambios en su organización. Sustituye el jurado provincial por una cámara de cinco jueces de hecho, nombrados por el Consejo Conservador a partir de ternas del Tribunado, y modifica reglas de funcionamiento judicial. Es el régimen que antecede a la nueva Ley orgánica y de enjuiciamiento de 1852.
El Decreto núm. 194 de Pedro Santana ordena el destierro perpetuo y la confiscación de bienes de quienes difundan que se restablecería la esclavitud o se entregaría el país a una potencia extranjera. Para los extranjeros dispone la expulsión y un plazo para arreglar sus intereses. La norma documenta una restricción severa de la expresión política mediante medidas del gobierno de excepción.
El Decreto núm. 182 recoge y aprueba el tratado firmado en París el 22 de octubre de 1848 entre las repúblicas Dominicana y Francesa. El texto busca consagrar el reconocimiento francés de la independencia y regular las relaciones políticas, comerciales y de navegación sobre bases de reciprocidad. La ratificación dominicana se expide el 2 de marzo de 1849 y queda sujeta a las formalidades del canje de ratificaciones.
El Decreto núm. 171, promulgado por el presidente Manuel Jimenes, concede amnistía a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y otros dominicanos expresamente mencionados, y les permite desembarcar libremente en el país. Para otros expulsados mediante facultades extraordinarias y sin sentencia, prevé el regreso con salvoconducto del Ejecutivo. La norma revierte el destierro de figuras fundamentales de la independencia.
El Decreto núm. 162 exige a los dominicanos y naturalizados católicos que, además de cumplir las formalidades del matrimonio civil, celebren el sacramento religioso. Exceptúa a los dominicanos de otras religiones y a los extranjeros. La disposición añade una obligación confesional al régimen civil, en el marco de la religión católica como religión del Estado.
La Ley núm. 159 divide el país en dos distritos judiciales y organiza los alcaldes, los Justicias Mayores, los tribunales de apelación, la Suprema Corte y los jurados provinciales. Regula además la conciliación y las competencias de los órganos judiciales. Su aplicación es suspendida ese mismo año: el Decreto núm. 173, del 13 de octubre, restablece el régimen de 1845. La reforma será puesta nuevamente en vigor, con modificaciones, en agosto de 1849.
La Ley núm. 157 organiza oficinas de conservación de hipotecas por distrito judicial y regula las inscripciones, transcripciones y deberes de sus encargados. Establece además un plazo para inscribir las hipotecas anteriores y conservar sus efectos desde su fecha original. Desarrolla así la publicidad de las cargas inmobiliarias y la protección de los derechos de los acreedores.
La Ley núm. 156 regula el registro de actos que transmiten bienes, reconocen obligaciones o contienen descargos, así como otros actos judiciales y extrajudiciales. Mediante su inscripción en libros y el pago de derechos fijos o proporcionales, busca acreditar su existencia y fecha. Fija plazos, tarifas y responsabilidades de los funcionarios; se trata del registro de actos, distinto del régimen de conservación de hipotecas regulado ese mismo año.
La Ley núm. 155 regula el nombramiento, examen y ejercicio de los agrimensores públicos, con seis plazas por provincia. Establece instrumentos y reglas de mensura, revisión de títulos, elaboración de planos y conservación de actas y archivos. Da un marco jurídico a la medición y delimitación de terrenos, complementario del registro de actos y de la conservación de hipotecas organizados ese mismo año.
La Ley núm. 147 reúne disposiciones de policía urbana y rural sobre orden local, agricultura, ganadería, cortes de madera y conservación de caminos. También impone obligaciones a propietarios y jornaleros, controla la movilidad de trabajadores rurales y sanciona la vagancia. Su importancia reside tanto en la administración del territorio como en las restricciones que establece sobre el trabajo y la vida cotidiana.
La Ley núm. 145, del 15 de junio, fija el valor, la composición y los tipos de las futuras monedas nacionales de oro y plata, cuya acuñación queda sujeta a las circunstancias. La Ley núm. 146, del 20 de junio, complementa ese diseño con medidas para reorganizar la circulación y recuperar el crédito del papel moneda, incluido el uso provisional de moneda estadounidense de plata. Las normas distinguen el proyecto de acuñación nacional de los medios de pago efectivamente disponibles.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.