La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
El decreto núm. 2830 establece multas y prisión por actos de crueldad contra animales, incluidos maltratos, transporte en malas condiciones, trabajo excesivo y alimentación insuficiente. Permite a los miembros acreditados de sociedades protectoras requerir la intervención de las autoridades para perseguir las infracciones.
El decreto núm. 2812 aprueba la concesión otorgada el 26 de julio a la Sociedad de Crédito Mobiliar de París para establecer el Banco Nacional de Santo Domingo, con facultades exclusivas de emisión de billetes bajo condiciones y vigilancia estatal. La ley núm. 2811 establece el dominicano de plata como unidad monetaria dividida en cien centésimos y regula la acuñación.
El decreto núm. 2784 crea cuerpos de policía rural denominados Guardia Civil y encomienda su organización al Ministerio de lo Interior y Policía. La norma busca ampliar la protección de personas y propiedades en los campos, donde el servicio dependía de los alcaldes pedáneos.
El decreto núm. 2760 exige a quienes profesan la religión católica celebrar el matrimonio religioso dentro de las veinticuatro horas siguientes al contrato civil. Ordena compeler a los contraventores a cumplirlo, mostrando la intervención estatal en la relación entre matrimonio civil y religioso de la época.
La resolución núm. 2714 crea el Boletín de Debates para publicar semanalmente los trabajos del Congreso durante sus sesiones. La resolución núm. 2750 dispone que la Suprema Corte de Justicia restablezca su Boletín Judicial para divulgar sus actos. Ambas medidas fortalecen la difusión documental de la actividad legislativa y judicial.
La ley núm. 2689 declara de utilidad pública y reconoce como deuda nacional el empréstito contratado con Westendorp y Compañía. Afecta rentas aduaneras a su pago. La reglamentación organiza una Caja General de Recaudación y concede a los delegados de los contratantes facultades de vigilancia sobre las aduanas.
La ley núm. 2658 regula el correo como servicio de la administración pública sostenido por el Estado. Ordena las categorías de correspondencia, su transporte y la organización de sus oficinas y empleados, incluyendo el servicio realizado mediante ferrocarriles y buques.
La ley núm. 2641 desarrolla el sistema de elección indirecta establecido por la Constitución de 1887. Distingue asambleas primarias y colegios electorales, regula votantes, registros y escrutinios y prevé sanciones por compra o venta de votos, cohecho y voto múltiple.
La Constitución establece la elección presidencial indirecta por colegios electorales y amplía el mandato a cuatro años. Permite una reelección inmediata y exige después un intervalo de cuatro años para volver a ocupar la presidencia por nueva elección. La reforma se promulga durante el gobierno de Ulises Heureaux.
La ley núm. 2595 sistematiza el régimen de las aduanas y los puertos habilitados. Regula las operaciones de importación, exportación, tránsito, cabotaje y depósito, así como la recaudación de sus derechos, en un sector central para los ingresos del Estado.
La ley núm. 2549 organiza los consulados generales, consulados particulares y viceconsulados de la República. Regula los requisitos, nombramientos, funciones y responsabilidades de sus integrantes, dando un marco sistemático a la representación consular en el extranjero.
Ulises Heureaux (Lilís) asume nuevamente la presidencia el 6 de enero de 1887, fecha que marca el inicio de la etapa dictatorial que se prolonga hasta su muerte, el 26 de julio de 1899. La concentración del poder tiene expresión jurídica en la reforma constitucional del 17 de noviembre de 1887, que extiende el mandato presidencial a cuatro años y permite la reelección consecutiva para el período siguiente. Estas modificaciones contribuyen a consolidar su permanencia en el poder.
Ante una rebelión armada en La Vega, Alejandro Woss y Gil dicta el decreto núm. 2485: declara el estado de sitio en todas las provincias y distritos y suspende garantías de expresión, correspondencia, reunión y libertad personal. El decreto núm. 2500, del 31 de diciembre, deroga esas medidas.
La ley núm. 2484 establece sanciones por destruir u obstaculizar ferrocarriles y líneas telegráficas. También regula la responsabilidad por imprudencia, abandono del servicio y daños a personas o bienes, extendiendo la protección penal a estas infraestructuras.
El decreto núm. 2453 eleva Las Cañitas a la categoría de común con el nombre de Sánchez. La medida vincula su nueva organización administrativa con el desarrollo del puerto y de la vía ferroviaria que conectaría la zona con el Cibao.
El decreto núm. 2435, promovido por la Suprema Corte de Justicia, fija límites a la privación de libertad empleada como apremio corporal en materia civil. En los casos en que la sentencia deba determinar su duración, remite al intervalo de seis días a dos años del artículo 40 del Código Penal y exige observar las formalidades del procedimiento civil.
El decreto núm. 2338 constituye la provincia Espaillat con territorios hasta entonces pertenecientes a La Vega y establece su cabecera en Moca. Aprobado por el Congreso el 28 de mayo y promulgado el 29, denomina la nueva provincia en memoria de Ulises Francisco Espaillat.
La ley núm. 2336 establece una academia general militar en Santo Domingo para formar oficiales del ejército y la armada. La ley núm. 2342 reorganiza el ejército y la conscripción, dispone el servicio militar de los ciudadanos comprendidos entre dieciocho y cincuenta años y regula las distintas categorías de fuerzas.
Las leyes núms. 2321 y 2334 ordenan las oficinas y formalidades del registro hipotecario y del registro de actos civiles, judiciales y extrajudiciales. Regulan la inscripción documental, los derechos cobrados y las responsabilidades de sus encargados, como parte del desarrollo del sistema de publicidad de los actos jurídicos.
El decreto núm. 2295 impone obligaciones de conservación de bosques en los terrenos cultivados y prohíbe desmontar los situados cerca del nacimiento de ríos y manantiales. Establece multas por infracción y vincula la protección forestal con la agricultura y la conservación del suelo.
La ley núm. 2281 reúne y ordena disposiciones antes dispersas sobre instrucción pública. Regula los establecimientos públicos y particulares, la enseñanza primaria, superior y profesional, las escuelas normales y otros centros, con el propósito de unificar la organización educativa.
El decreto núm. 2276 sanciona como ley nacional el Código Penal y de Procedimiento Militar revisado por una comisión de abogados. Integra la actualización de la justicia militar en el proceso de codificación desarrollado durante 1884.
El Decreto-Ley núm. 2274 promulga el Código Penal dominicano de 1884.
La resolución núm. 2263 autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar privilegios de propiedad sobre obras científicas, artísticas y literarias a nacionales y extranjeros. Extiende esta protección a quienes la soliciten, mientras el país celebra convenciones internacionales sobre la materia.
La ley núm. 2260 organiza el Poder Judicial y regula sus tribunales y funcionarios. Reconoce la independencia de sus decisiones y establece un marco de funcionamiento para la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de primera instancia y los demás órganos judiciales previstos en la ley.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.