La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
El Decreto núm. 3633 reúne San Francisco de Macorís, Villa Riva, Matanzas y los cantones de Cabrera y Castillo en una nueva entidad administrativa denominada Distrito Pacificador, en homenaje a Ulises Heureaux. La norma fija su instalación para el 27 de febrero de 1897 y encarga al Ejecutivo organizar su administración.
La Ley núm. 3657 sobre Aduanas y Puertos y la Ley núm. 3665 sobre las comandancias de puerto reorganizan las funciones fiscales y de policía portuaria. Regulan el despacho de mercancías, la recaudación, la vigilancia de los puertos y las obligaciones relacionadas con la navegación y la seguridad marítima.
El Decreto núm. 3590 sustituye determinados timbres por un recargo aduanero y por derechos de registro aplicables a documentos privados y notariales. También refuerza la obligación de registrar los actos notariales. La medida modifica los mecanismos de recaudación establecidos en 1891.
La Ley núm. 3553 regula la afectación de propiedades particulares por la construcción de ferrocarriles. Contempla la adquisición de terrenos, la demolición de edificaciones y la compensación por cultivos, con reglas de valoración e indemnización. Vincula la expansión de la infraestructura ferroviaria con garantías patrimoniales para los propietarios afectados.
La Ley núm. 3548 organiza la instrucción pública y establece reglas para los centros de enseñanza, las escuelas normales y los estudios superiores. Mantiene la gratuidad de la enseñanza pública y procura unificar los métodos y programas educativos bajo un marco legal común.
La Ley núm. 3541 reorganiza los tribunales de la República y regula sus atribuciones, funcionarios y disciplina. Afirma la independencia del orden judicial y estructura el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de primera instancia y los demás órganos comprendidos en la organización judicial de la época.
Los días 1 y 2 de junio se celebra el plebiscito convocado por la Resolución núm. 3518 sobre la controversia fronteriza con Haití y su posible sometimiento a arbitraje. El 20 de junio se promulga la Resolución núm. 3540, que autoriza al Ejecutivo a aceptar al papa como árbitro. Estas actuaciones abren una vía de solución jurídica del conflicto; no equivalen a una delimitación definitiva de la frontera.
El Decreto núm. 3458 declara rescindido el convenio comercial de 1891 con Estados Unidos, tras los cambios arancelarios estadounidenses que afectaban el trato del azúcar dominicano. Ordena restablecer, desde el 1 de octubre, los derechos de importación que el acuerdo había suspendido para determinados productos estadounidenses.
La Resolución núm. 3450 dispone establecer mercados en Dajabón, Bánica, Comendador, Hondo Valle y Tierra Nueva. Busca facilitar el intercambio de productos agrícolas y ganaderos en la frontera y encomienda al Poder Ejecutivo reglamentar su funcionamiento.
La Ley núm. 3400 fija el peso oro como unidad monetaria legal y regula la acuñación de monedas de oro, plata y níquel. Establece las características de las piezas y las bases legales del sistema monetario, en un contexto de fluctuaciones del valor de la plata.
La Resolución núm. 3379 declara que el orden sacerdotal constituye un impedimento para contraer matrimonio civil mientras subsista la obligación canónica de celibato. Prohíbe a los oficiales del estado civil celebrar esos matrimonios y remite la cuestión al Congreso. La disposición ilustra la relación entre el derecho civil y la disciplina eclesiástica en ese período.
Las resoluciones núms. 3421 y 3431 autorizan empresas telefónicas para las regiones del Cibao y del Sur y Este. Las concesiones fijan plazos, condiciones de construcción, tarifas y facultades estatales de control. Son autorizaciones para desarrollar las redes, no constancia de su inauguración.
La Resolución núm. 3323 ordena retirar y amortizar, en un plazo de sesenta días, las fichas emitidas por establecimientos comerciales. La medida responde a la falta de garantías de esos medios privados de pago y procura someter su circulación a un régimen regulado.
La Resolución núm. 3309 dispone turnos nocturnos entre las farmacias de las poblaciones que cuentan con más de un establecimiento y prevé compensación donde existe uno solo. La norma busca asegurar el acceso a medicamentos durante la noche y encomienda a los ayuntamientos la organización del servicio.
Se aprueba, con modificaciones, el contrato que sustituye a Westendorp por la San Domingo Improvement Company of New York en derechos vinculados a los empréstitos de 1888 y 1890, y se autoriza la conversión de la deuda. Los acuerdos mantienen mecanismos privados de recaudación y control de ingresos aduaneros destinados al servicio de los bonos, profundizando su vinculación con los acreedores extranjeros.
El 13 de marzo se promulga la Resolución núm. 3267, que crea una Secretaría de Estado de Correos y Telégrafos y separa estos servicios de las carteras que antes los administraban. El 9 de junio, la Resolución núm. 3294 aprueba la adhesión a la Convención Postal Universal de Viena, reforzando la organización nacional y la cooperación internacional del servicio postal.
La Resolución núm. 3223 dispone retirar la moneda de cobre emitida por el Banco Nacional ante la resistencia del público a recibirla. La medida atiende un problema de aceptación de los medios de pago y ordena entregar al Estado la moneda retirada para aprovechar su metal.
La Ley núm. 3163 reorganiza el régimen de aduanas y puertos, regulando las operaciones de importación, exportación y tránsito, las formalidades de despacho y las infracciones aduaneras. Establece un marco general para administrar una de las principales fuentes de ingresos públicos.
La Resolución núm. 3028 dispone formar una comisión de abogados, presidida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, para estudiar las ventajas e inconvenientes de atribuirle funciones de casación y proponer las reformas procesales necesarias. Es un antecedente del debate sobre la casación, sin que esta resolución la establezca todavía.
La Ley núm. 3011 regula el uso de papel sellado en actos públicos, judiciales y privados. El Decreto núm. 3012 establece el impuesto de timbres, con gravámenes sobre operaciones aduaneras y documentos. Ambas disposiciones amplían y ordenan los instrumentos de recaudación fiscal.
La ley núm. 2939 establece el franco de plata, dividido en cien centésimos, como unidad monetaria nacional. Regula monedas de oro, plata y bronce, su acuñación y circulación, modificando el sistema de la ley de 1889 que había fijado el dominicano como unidad.
El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial entra en vigor para la República Dominicana. La incorporación al tratado sitúa la protección de patentes, marcas y otras modalidades de propiedad industrial dentro de un marco de cooperación internacional.
La ley núm. 2914 regula las oficinas de hipotecas, las inscripciones de créditos hipotecarios y las transcripciones de actos de transmisión de inmuebles y embargos. Define deberes y responsabilidades de los conservadores y la supervisión judicial de sus registros, dentro del régimen del Código Civil.
El decreto núm. 2892 eleva el puesto cantonal de Pajarito a común con el nombre de Villa Duarte, con acceso a sus rentas municipales desde enero de 1891. La ley núm. 2919 actualiza la organización de los ayuntamientos, su composición, autoridades y administración económica.
La resolución núm. 2873 aprueba los contratos para financiar, construir y explotar la primera sección del Ferrocarril Central, entre Puerto Plata y Santiago. El esquema compromete ingresos aduaneros y garantías estatales. En septiembre, la resolución núm. 2957 aumenta la emisión prevista y modifica las condiciones financieras y de ejecución de la obra.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.