Explora la historia del derecho dominicano desde 1844: constituciones, leyes, jurisprudencia e instituciones, con fechas y fuentes documentales.
La Ley núm. 4946 fija el interés legal en uno por ciento mensual. La disposición establece la tasa de referencia legal para las obligaciones a las que corresponda aplicarla y se convierte en una norma relevante de la historia del derecho de las obligaciones y del crédito en la República Dominicana.
La Ley núm. 4952 modifica el artículo 545 del Código Civil sobre la privación de la propiedad por causa de utilidad pública. Exige una indemnización justa y previa, establece la valoración mediante peritos y prevé la intervención del tribunal competente cuando exista desacuerdo. La reforma precisa las garantías patrimoniales y el procedimiento aplicable a la expropiación.
El presidente Ramón Cáceres ratifica el tratado de extradición firmado con Estados Unidos el 19 de junio de 1909 y aprobado por el Congreso dominicano el 8 de noviembre de ese año. El instrumento establece los delitos y condiciones que permiten solicitar la entrega de personas y excluye, con las precisiones del propio tratado, los delitos políticos. La fecha del hito corresponde a la ratificación dominicana, no a la firma del acuerdo.
La Ley núm. 4942 organiza el servicio diplomático de la República. Regula la representación en el exterior, las categorías de sus agentes y sus deberes, dentro de la dirección de las relaciones internacionales por el presidente y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Contempla la aprobación senatorial de los nombramientos en los términos del orden constitucional.
El Decreto núm. 4950 dispone la aplicación de la fusión de San Carlos con Santo Domingo prevista desde 1884 y organiza sus efectos administrativos. Establece el cese del ayuntamiento de San Carlos al terminar 1910 y la incorporación a partir del 1 de enero de 1911. El hito se sitúa en la fecha de la disposición, distinguiéndola de su ejecución al año siguiente.
La Suprema Corte de Justicia restablece la publicación oficial de sus decisiones mediante el Boletín Judicial, que inicia en esta fecha su serie continua. La publicación facilita el conocimiento de la jurisprudencia, especialmente de las decisiones de casación. Tiene como antecedente la colección de sentencias cuya publicación había sido dispuesta en 1889, por lo que 1910 no representa el primer intento de difusión oficial de fallos judiciales.
La Ley núm. 4984 organiza la policía gubernativa y municipal y distingue sus funciones administrativas y judiciales. Regula la protección del orden público, la investigación de infracciones y competencias de las autoridades locales, además de disposiciones sobre higiene y policía rural. Es un antecedente de la organización policial dominicana, anterior a la creación de la actual Policía Nacional.
La Ley núm. 4991 regula de forma independiente el recurso de casación. Encomienda a la Suprema Corte de Justicia controlar la correcta aplicación de la ley, sin conocer el fondo del litigio, y mantener la unidad de la jurisprudencia nacional. Sustituye las disposiciones sobre casación de la Ley de Organización Judicial de 1908 y establece procedimientos en materias civil, comercial y penal. Fue promulgada el 12 de abril y publicada el 3 de mayo de 1911.
La Ley núm. 4989 declara de utilidad pública la mensura, el deslinde y la partición de los terrenos comuneros. Permite a los copropietarios solicitar judicialmente su división e incorpora la intervención de notarios y agrimensores para documentar los derechos y realizar las operaciones. Forma parte del proceso de individualización de la propiedad rural anterior al sistema de registro de tierras implantado durante la ocupación estadounidense.
La Ley núm. 4990 establece las condiciones para prestar servicios telegráficos y telefónicos mediante redes del Gobierno, los ayuntamientos y empresas particulares. Exige autorización pública y reserva al Congreso las concesiones que impliquen privilegios o franquicias. Comprende también la telegrafía inalámbrica y otras formas de transmisión eléctrica de mensajes.
La Ley núm. 4994 regula el derecho exclusivo de explotación de nuevos descubrimientos e invenciones industriales mediante patentes otorgadas por el Poder Ejecutivo. Establece plazos de cinco, diez o quince años, requisitos de solicitud y mecanismos de protección frente a la falsificación. Constituye un antecedente central de la legislación dominicana de propiedad industrial.
La Ley núm. 5002 establece un régimen de franquicias para empresas agrícolas y regula actividades vinculadas al cultivo, transformación y comercialización de sus productos. Incluye instalaciones industriales, ferrocarriles particulares y otras obras al servicio de las explotaciones. Ofrece un marco legal para la expansión agroindustrial de comienzos del siglo XX.
La Ley núm. 5007 determina cuáles infracciones del Código Penal se consideran delitos políticos y dispone que, cuando corresponda la pena de muerte, esta sea sustituida por veinte años de trabajos públicos. La reforma limita la pena capital en esa categoría de delitos, sin abolirla de manera general.
La Ley núm. 5005 modifica ampliamente el Código de Procedimiento Criminal. Reordena competencias de la policía judicial, los fiscales y los jueces de instrucción, y revisa reglas de investigación, comparecencia y privación provisional de libertad. Dispone que sus previsiones favorables se apliquen retroactivamente a personas sometidas a proceso o cumpliendo condena.
El Reglamento núm. 5027 organiza en la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública el registro y depósito de obras artísticas y literarias. Desarrolla el tratado interamericano firmado en México en 1902 y ratificado por la República Dominicana en 1907, estableciendo cómo reconocer y documentar los derechos de autores y sus causahabientes.
El presidente Ramón Cáceres es asesinado en Santo Domingo. Su muerte interrumpe el gobierno y abre una nueva etapa de crisis política y sucesiones presidenciales. Al día siguiente se dispone duelo nacional. El magnicidio constituye un antecedente decisivo para comprender la inestabilidad institucional y las crecientes presiones extranjeras de los años anteriores a la ocupación de 1916.
Durante 1912 se adoptan medidas para ampliar el acceso a la educación. La Ley núm. 5059 dispone que el Estado cubra la mitad del costo de escuelas rurales sostenidas por sociedades escolares; la núm. 5095 reforma la Ley General de Estudios y contempla institutos profesionales en Santo Domingo y Santiago; y la núm. 5111 financia la estadía de estudiantes dominicanos pobres que deban presentarse a exámenes profesionales.
La Ley núm. 5126 reorganiza el servicio sanitario entre el Estado y los municipios. Establece una Junta Superior de Sanidad, juntas provinciales e inspectores, con atribuciones de vigilancia de la higiene y la salubridad públicas. Sustituye la legislación sanitaria anterior y regula medidas de prevención, incluida la vacunación obligatoria en determinados establecimientos y cuerpos públicos.
La Ley núm. 5074 regula la entrada y permanencia de extranjeros, así como incentivos para inmigrantes agricultores. Establece exclusiones por razones sanitarias y políticas y exige autorización previa a determinados grupos según su procedencia y a braceros bajo criterios raciales discriminatorios propios de la legislación de la época. También contempla la expulsión por infracciones a las condiciones legales de permanencia.
La Ley núm. 5079 crea una Corte de Apelación en La Vega, con inicio previsto para el 1 de julio de 1912. La integra con cinco jueces y un procurador general y le atribuye jurisdicción sobre los distritos judiciales de La Vega, San Francisco de Macorís y Samaná. Amplía la organización territorial de la justicia de segundo grado.
La Ley núm. 5089 obliga a inscribir los títulos de propiedad rural en un registro especial a cargo de los conservadores de hipotecas. Establece plazos, datos de identificación de los derechos y una organización administrativa para el registro de la propiedad territorial. Es un antecedente de la publicidad inmobiliaria. Fue promulgada el 25 de mayo de 1912 y publicada en la Gaceta Oficial núm. 2301 del 1 de junio de ese año.
La Ley núm. 5151 establece el marco de organización del ejército como institución nacional destinada a defender la independencia, la integridad territorial, la Constitución y las leyes. Regula su mando superior, atribuido al presidente de la República, y la estructura y administración de las fuerzas militares. Es parte del régimen militar dominicano anterior a la ocupación estadounidense.
La Ley núm. 5136 declara el castellano idioma oficial de la República. Ordena su empleo en las solicitudes y actuaciones ante los poderes públicos y en los exámenes de los centros de enseñanza, salvo los relativos al aprendizaje de lenguas extranjeras. Prevé intérpretes para quienes no hablen castellano y la traducción de documentos extranjeros.
Tras la renuncia de Eladio Victoria, Adolfo Alejandro Nouel asume interinamente la Presidencia, por designación del Congreso mediante la Ley núm. 5175. El mandato debía conducir a elecciones dentro de un plazo máximo de dos años. La Ley núm. 5181, del 14 de diciembre, concede amnistía por causas políticas anteriores a su juramentación, como parte del intento de pacificación institucional.
La Ley núm. 5189 sistematiza la organización de las comunes y sus ayuntamientos. Reconoce a la común como persona moral y unidad administrativa, regula autoridades, atribuciones y servicios municipales y establece la publicidad de sus oficinas, libros y documentos. Refuerza el marco jurídico de la administración local de comienzos del siglo XX.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.