Explora la historia del derecho dominicano desde 1844: constituciones, leyes, jurisprudencia e instituciones, con fechas y fuentes documentales.
La Orden Ejecutiva núm. 114 establece la educación primaria elemental obligatoria para niños y niñas de siete años cumplidos y menores de catorce, en los lugares donde existan escuelas oficiales que la impartan. Regula la inscripción, asistencia y responsabilidad de padres, tutores y autoridades escolares, con sanciones por incumplimiento.
La Orden Ejecutiva núm. 145 promulga las leyes Orgánica de Enseñanza Pública, de Dirección de la Enseñanza Pública, General de Estudios, de Enseñanza Universitaria y sobre el Seminario Conciliar. Junto con la Ley de Instrucción Obligatoria de 1917, integran el nuevo Código de Educación. La reforma reorganiza el sistema educativo bajo el gobierno militar.
La Orden Ejecutiva núm. 168 obliga a sostener, alimentar, vestir, educar y dar albergue a los hijos menores no emancipados, nacidos dentro o fuera del matrimonio. Permite investigar la paternidad para exigir esa obligación y sanciona penalmente su incumplimiento tras el requerimiento correspondiente. Es un antecedente relevante de la protección jurídica de la niñez y de las reclamaciones de alimentos.
La Orden Ejecutiva núm. 197 reúne la tributación sobre artículos de producción nacional y determinados documentos. Regula la recaudación, fiscalización y sanciones, y sustituye disposiciones anteriores sobre alcoholes, estampillas y papel sellado en las materias que comprende. Su aplicación se escalona entre octubre de 1918 y enero de 1919.
Las órdenes ejecutivas núms. 198 y 199 someten la concesión del exequátur de abogado al informe favorable de la Suprema Corte de Justicia y regulan la disciplina profesional. También permiten solicitar la designación judicial de un abogado cuando ninguno acepte asumir la defensa, y sancionan el rechazo injustificado de esa designación. Constituyen antecedentes de control profesional y acceso a la justicia.
La Orden Ejecutiva núm. 201 reconoce expresamente a la mujer dominicana el derecho a ejercer la abogacía, siempre que posea los diplomas requeridos y cumpla los demás requisitos legales. Deroga las disposiciones contrarias a esa autorización y abre formalmente el ejercicio profesional jurídico a las mujeres.
La Orden Ejecutiva núm. 246 establece una bonificación de una cuarta parte del tiempo de prisión correccional o criminal. El beneficio puede perderse por mala conducta y recuperarse por buena conducta. Dispone la liberación al cumplirse el plazo resultante, como antecedente de mecanismos de reducción de condena ligados al comportamiento penitenciario.
La Orden Ejecutiva núm. 302 suprime la apelación en materia criminal y modifica el procedimiento penal. La núm. 366 elimina la Cámara de Calificación y transfiere al juez de instrucción la calificación de los procesos, con un mecanismo de oposición. Las reformas alteran tanto la revisión de las sentencias como el control de la fase preparatoria del juicio.
La Orden Ejecutiva núm. 282 establece un impuesto sobre la propiedad con reglas de valoración, recaudación y revisión, ante la necesidad de reorganizar los ingresos municipales. La núm. 332 adopta nuevos aranceles de importación y exportación, aplicables desde enero de 1920. Ambas forman parte de la reorganización fiscal del gobierno militar.
La Orden Ejecutiva núm. 258 prohíbe barras, cepos y otros instrumentos de castigo que impidan caminar al preso. Restringe el uso de grillos y esposas a circunstancias especiales y al tiempo estrictamente necesario para su seguridad. Establece prisión y destitución para los funcionarios infractores.
La Orden Ejecutiva núm. 312 regula el interés legal y convencional y sanciona la usura. Sustituye la ley de interés de 1910 y aplica el nuevo régimen a los contratos y actos posteriores a su promulgación y publicación. Constituye una referencia histórica central en la regulación del crédito y las obligaciones dinerarias.
La Orden Ejecutiva núm. 338 promulga la Ley de Sanidad y crea la Secretaría de Estado de Sanidad y Beneficencia. Reorganiza la autoridad sanitaria nacional y regula la salud pública y la beneficencia. La entrada en vigor de sus disposiciones se distribuye entre su publicación y los primeros meses de 1920.
La Orden Ejecutiva núm. 365 establece un Servicio Forestal y permite delimitar reservas forestales. Contempla la conservación de bosques, la prevención de incendios, la protección de corrientes de agua y suelos y los refugios de aves. Es un antecedente de la institucionalización de la protección ambiental en el país.
La Orden Ejecutiva núm. 372 somete la entrada y permanencia de braceros extranjeros y sus familias a permisos, controles sanitarios y requisitos económicos. Emplea categorías raciales expresas para imponer restricciones y prevé multas, prisión y deportación. Refleja el carácter discriminatorio de parte de la regulación migratoria durante la ocupación.
La Orden Ejecutiva núm. 375 regula el matrimonio como institución civil fundada en el consentimiento. Reconoce las formas civil y religiosa con iguales efectos legales cuando cumplen los requisitos establecidos. Organiza la capacidad, celebración, documentación e inscripción del matrimonio en el estado civil.
La Orden Ejecutiva núm. 385 anuncia la abolición de la censura, pero conserva prohibiciones contra publicaciones y discursos que el gobierno militar considere perturbadores. En diciembre, la núm. 572 establece la Ley de Sedición, con sanciones y posibilidad de clausurar publicaciones y locales. La secuencia muestra los límites impuestos a la expresión política bajo la ocupación.
La Orden Ejecutiva núm. 452 promulga la Ley de Servicio Civil y crea una comisión encargada de organizar el nombramiento, los ascensos, traslados y la disciplina del personal público. Desarrolla el antecedente de 1917 mediante procedimientos y reglas comunes para la administración de los empleados del Estado.
La Orden Ejecutiva núm. 511 establece un nuevo régimen de registro inmobiliario, con un tribunal especializado para determinar los derechos de propiedad y procedimientos de mensura, saneamiento y registro. Introduce el sistema Torrens, basado en la adjudicación judicial y la expedición de certificados de título. Transforma la organización jurídica de la propiedad territorial dominicana.
La Orden Ejecutiva núm. 520 regula las asociaciones que no persiguen beneficios pecuniarios. Establece su incorporación, personalidad jurídica, capacidad para contratar y comparecer ante los tribunales, y reglas de administración y disolución. Proporciona el marco histórico para la organización jurídica de entidades civiles sin fines lucrativos.
La Orden Ejecutiva núm. 548 obliga a declinar las demandas de daños y perjuicios contra el Estado derivadas de órdenes ejecutivas del gobierno militar. Traslada esas reclamaciones al propio gobernador militar, cuya decisión declara definitiva. Limita así la intervención de los tribunales dominicanos frente a los efectos de las medidas de ocupación.
La Orden Ejecutiva núm. 563 reorganiza la administración de la Hacienda pública: ingresos, desembolsos, bienes y rendición de cuentas. Regula las funciones de la Secretaría de Hacienda y Comercio, la Tesorería y el Auditor, y su relación con la Cámara de Cuentas. Sustituye la ley de Hacienda de 1896 y entra en vigor el 1 de diciembre de 1920.
Durante la ocupación se inicia el levantamiento del primer censo nacional de población de la República Dominicana. Sus resultados registran 894,665 habitantes y aportan una base estadística para conocer la población y organizar la administración pública. Constituye un hito en la formación de la estadística oficial del Estado.
La Orden Ejecutiva núm. 591 revoca las órdenes 572 y 573 de 1920, pero conserva prohibiciones sobre publicaciones y discursos que el gobierno militar considere anarquistas o contrarios a la moral pública. Mantiene responsabilidad para autores, editores y otras personas que participen en su difusión; por ello, la derogación no supone una libertad de expresión plena.
La Orden Ejecutiva núm. 595 divide el país en ocho distritos judiciales y suprime los juzgados de primera instancia de Samaná, El Seibo, Espaillat y Barahona. Sus asuntos pasan a las jurisdicciones agrupadas, una reorganización que reduce la presencia territorial de la justicia y que será revertida en 1922.
La Orden Ejecutiva núm. 631 cambia el nombre de la Guardia Nacional Dominicana y mantiene sus atribuciones. Regula también la inspección de las policías municipales, guardas campestres y alcaldes pedáneos, cuyas funciones pueden ser asumidas por el cuerpo nacional. Se trata del cuerpo armado surgido durante la ocupación, distinto de la Policía Nacional creada en 1936.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.