La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La República Dominicana y Haití firman un tratado que define la línea fronteriza y establece comisiones para su demarcación y la solución de desacuerdos. Fue aprobado mediante la Resolución núm. 1087 del 8 de febrero; las ratificaciones se intercambiaron el 29 de abril de 1929.
La reforma del artículo 3 permite modificar la frontera occidental mediante un tratado con Haití aprobado por el Congreso o por arbitraje acordado conforme a la Constitución. Proporciona la base constitucional para negociar la solución de la controversia fronteriza.
La Ley núm. 1072 establece un régimen general de circulación por las vías públicas. Regula licencias, vehículos y conductores, fija obligaciones y sanciones y ordena el tránsito en un contexto de expansión del transporte motorizado.
La Resolución núm. 1055 aprueba la Convención de Derecho Internacional Privado y su Código Bustamante, con las reservas formuladas por la delegación dominicana. El instrumento establece reglas para conflictos de leyes y relaciones jurídicas internacionales en materias civiles, comerciales, penales y procesales.
La Ley núm. 1051 obliga al padre en primer término y luego a la madre a alimentar, vestir, sostener, educar y alojar a sus hijos menores de dieciocho años, nacidos dentro o fuera del matrimonio. Prevé intervención del Ministerio Público y sanciones por incumplimiento pese a disponer de medios.
La Ley núm. 1024 permite constituir un inmueble inembargable en beneficio propio, del cónyuge o de los herederos reservatarios. Regula los bienes admisibles, las formalidades y condiciones de su constitución y sus efectos, creando una protección especial para el patrimonio familiar.
La Ley núm. 961 regula la distribución de aguas para la agricultura. Establece que, en regiones áridas o semiáridas, las aguas superficiales no pertenecen exclusivamente a los propietarios ribereños y pueden distribuirse para regar otros terrenos, dentro de las condiciones y límites fijados por la ley.
La Ley núm. 944 declara reservas forestales determinados terrenos del Estado y protege cumbres, riberas y nacimientos de ríos y arroyos. Prohíbe desmontes, talas y cultivos en las zonas señaladas, establece sanciones y prevé medidas de repoblación de bosques.
La Ley núm. 928 convierte el cuerpo de Policía Nacional en Ejército Nacional. Le transfiere las funciones policiales y demás atribuciones del cuerpo anterior mientras se disponga otra cosa, y faculta al Poder Ejecutivo para reglamentar su organización y disciplina.
La Resolución núm. 912 aprueba el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, con sus revisiones hasta La Haya de 1925. Refuerza el marco internacional de protección de patentes, marcas, nombres comerciales y otros derechos industriales.
La Ley núm. 821 organiza los tribunales y sus funcionarios, regula las condiciones e incompatibilidades del servicio judicial y distribuye competencias. Incluye reglas sobre el Ministerio Público, auxiliares de justicia, disciplina y funcionamiento de las cortes y juzgados, convirtiéndose en una referencia central de la organización judicial dominicana.
La Ley núm. 770 regula el ejercicio del notariado y la formación, conservación e identificación de los instrumentos y protocolos notariales. Establece obligaciones para los notarios y reglas sobre sus honorarios, proporcionando un marco general para la documentación auténtica de los actos jurídicos.
La Ley núm. 685 organiza el Poder Ejecutivo en ocho secretarías de Estado, incluida la de la Presidencia, y establece tres subsecretarías. Define la estructura administrativa superior del gobierno y dispone recursos para el funcionamiento de la Secretaría de la Presidencia.
La reforma mantiene el período presidencial ordinario de cuatro años, pero sus disposiciones transitorias fijan en 1930 la terminación de los mandatos entonces vigentes. Prorroga expresamente los de los diputados y el vicepresidente, consolidando la continuidad del gobierno de Horacio Vásquez y unificando las siguientes elecciones.
La Resolución núm. 584 aprueba el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional y la cláusula facultativa anexa a su protocolo, suscritos por el delegado dominicano Jacinto R. de Castro. El acto fortalece la participación del país en los mecanismos de solución judicial de controversias internacionales de la Sociedad de las Naciones.
La Resolución núm. 476 aprueba las Convenciones de Ginebra de 1864 y 1906 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña. Sus reglas protegen a los heridos, al personal sanitario y a los establecimientos de asistencia, constituyendo un paso relevante en la incorporación del derecho internacional humanitario.
La Ley núm. 412 dispone la supresión de los consejos provinciales a partir del 16 de agosto de 1926 y concentra el gobierno provincial en los gobernadores civiles. Justifica el cambio por las limitaciones financieras y los conflictos con los ayuntamientos. Pone fin al ensayo de gobierno provincial colegiado establecido en 1923.
La Ley núm. 386 reorganiza el sufragio, las juntas y el procedimiento electoral. Establece cinco miembros no políticos en la Junta Central Electoral, incluidos el presidente de la Suprema Corte de Justicia y su primer sustituto, además de la representación partidaria prevista por la ley. Define a la Junta como tribunal supremo en materia electoral.
La Ley núm. 259 deroga la Ley de Insolvencia dictada por la Orden Ejecutiva núm. 759 y las órdenes núms. 699 y 718. Restablece los artículos 437 a 648 del Código de Comercio y mantiene el régimen anterior para las quiebras e insolvencias ya declaradas o en curso, preservando la continuidad de sus liquidaciones.
La Ley núm. 194 crea una comisión de tres jurisconsultos para examinar los códigos nacionales y las órdenes ejecutivas que los modificaron. Su encargo consiste en proponer reformas al Congreso por mediación del Poder Ejecutivo, dentro del proceso de revisión del ordenamiento posterior a la ocupación.
La Ley núm. 175 impone el cierre de establecimientos comerciales, industriales y fabriles y de oficinas públicas los domingos y días de fiesta legal. Fija también horarios de cierre en días laborables y establece numerosas excepciones por actividad. Constituye un antecedente de la regulación del descanso, sin equivaler todavía a un régimen general de jornada laboral.
La Ley núm. 155 deroga la Orden Ejecutiva núm. 471 y restablece, con modificaciones, la Ley de Minas de 1910, su reglamento y las enmiendas de 1914. Distingue las sustancias sujetas a concesión de aquellas que el propietario del suelo puede explotar libremente.
Se firma una nueva convención financiera con Estados Unidos, destinada a sustituir la de 1907 tras su ratificación. Mantiene un receptor de aduanas designado por el presidente estadounidense, vincula la recaudación al servicio de la deuda y condiciona nuevos aumentos de deuda al acuerdo entre ambos gobiernos. La convención entra en vigor con el canje de ratificaciones del 24 de octubre de 1925.
La Ley núm. 77 declara de utilidad pública la colonización de las regiones fronterizas con Haití y crea una comisión para formular el plan. Privilegia expresamente inmigrantes españoles, canarios, baleares o hispanoamericanos blancos, reflejando los criterios raciales que entonces orientaban esta política de poblamiento fronterizo.
La Ley núm. 68 regula el matrimonio como institución civil fundada en el consentimiento. Organiza los requisitos de capacidad, impedimentos, celebración y registro, y sustituye las órdenes ejecutivas núms. 239, 335, 361 y 375. Reordena así esta materia del derecho de familia después de la ocupación.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.