La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La Ley núm. 512 otorgó a Rafael Leónidas Trujillo el título de Generalísimo de los Ejércitos Nacionales. La concesión convirtió un reconocimiento personal al gobernante en una disposición legislativa y forma parte de la institucionalización del culto a su figura durante la dictadura.
La Ley núm. 486 creó una oficina central de los oficiales del estado civil y los notarios bajo la Procuraduría General de la República. Le atribuyó funciones de inspección, organización de registros y supervisión de la actuación de estos funcionarios. El cambio reforzó el control administrativo sobre los documentos que acreditan el estado civil y sobre la función notarial.
La Ley núm. 397 dispuso la creación de la provincia Trujillo, con cabecera en San Cristóbal, y dispuso denominar Provincia Nacional al territorio provincial de Santo Domingo. Reasignó comunes y dispuso cambios en la organización judicial vinculados a esa división. Su ejecución quedó sujeta a las disposiciones del Poder Ejecutivo. La norma combinó una reorganización administrativa con el uso del nombre del gobernante en la división territorial.
La Ley núm. 352 reguló las indemnizaciones y la asistencia derivadas de accidentes laborales, incluyendo incapacidad temporal, incapacidad permanente y muerte. Estableció obligaciones patronales y reglas para reclamar las prestaciones. Su cobertura dependía del tipo y tamaño de la actividad y excluía, entre otros, el servicio doméstico; constituyó un antecedente de la protección legal frente a riesgos del trabajo.
La Ley núm. 247 estableció la cédula personal de identidad obligatoria para los hombres mayores de dieciocho años residentes en el país, con las excepciones previstas en su texto. Incorporó fotografía, huellas digitales y registros administrativos, vinculados al pago de un impuesto anual. La norma fijó el 15 de febrero de 1932 como plazo inicial para obtenerla.
La Ley núm. 206 reorganizó temporalmente el destino de los ingresos aduaneros ante la crisis fiscal. Priorizó gastos de recaudación, intereses de empréstitos y recursos para el funcionamiento del gobierno; la amortización de capital quedó subordinada al remanente disponible. La medida modificó el servicio de la deuda sin equivaler a la cancelación de las obligaciones externas.
Se constituyó el Partido Dominicano, organización que sirvió de soporte político al régimen de Trujillo. Su establecimiento contribuyó a la consolidación de un sistema de partido único de hecho y a la eliminación de la competencia política efectiva. Este hito contextualiza las restricciones al pluralismo y el sometimiento de las instituciones durante la dictadura.
Después del ciclón San Zenón del 3 de septiembre, la Ley núm. 2 suspendió garantías constitucionales y concedió facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para atender la emergencia. La Ley núm. 3, del 1 de octubre de 1930, derogó esa suspensión y validó los actos adoptados durante su vigencia. El episodio muestra el alcance jurídico de los poderes de excepción al inicio del nuevo gobierno.
Rafael Leónidas Trujillo asumió la presidencia, con Rafael Estrella Ureña como vicepresidente, después de las elecciones de mayo celebradas bajo violencia e intimidación. Comenzó una dictadura que concentró el poder político y subordinó las instituciones, incluida la justicia, al gobernante. Su control del Estado continuó durante las presidencias formales de sus colaboradores y se prolongó hasta 1961.
La Resolución núm. 1316 aprueba la Convención General de Conciliación Interamericana. Complementa los mecanismos regionales de arreglo pacífico de controversias y fortalece el recurso a comisiones de conciliación para prevenir conflictos entre los Estados americanos.
La Ley núm. 1308 suprime el impuesto de caminos establecido por la ley del 14 de junio de 1912. Mantiene vigentes los aspectos reglamentarios de esa legislación y de sus modificaciones, distinguiendo la eliminación del tributo de las demás reglas sobre caminos.
La Ley núm. 1306 modifica reglas del embargo inmobiliario y del registro de hipotecas. Permite exigir garantías a licitadores y autores de pujas ulteriores, regula sus efectos ante la falsa subasta y establece condiciones de oponibilidad de determinados arrendamientos frente al acreedor hipotecario y al adjudicatario.
La Ley núm. 1305 establece cuatro cortes de apelación: dos con asiento en Santo Domingo, una en Santiago y otra en La Vega. Distribuye sus jurisdicciones y dispone su composición, con un presidente y cuatro jueces por corte.
Los comicios se celebran tras la retirada de la oposición, en un ambiente de intimidación documentado por la representación diplomática estadounidense. La candidatura de Rafael Trujillo y Rafael Estrella Ureña resulta declarada vencedora. El proceso electoral prepara el acceso de Trujillo a la Presidencia el 16 de agosto.
La Ley núm. 1247 del 30 de enero modifica la integración y actuación de organismos electorales y exige la separación de determinados funcionarios que sean candidatos. La Ley núm. 1274 del 10 de abril establece reglas transitorias para los comicios del 16 de mayo y fija una Junta Central Electoral de tres miembros.
El levantamiento iniciado en Santiago, encabezado por Rafael Estrella Ureña y favorecido por la actuación del Ejército bajo Rafael Trujillo, precipita la salida de Horacio Vásquez. Tras negociaciones y renuncias, Estrella Ureña asume la presidencia provisional el 3 de marzo, abriendo la transición hacia las elecciones de mayo.
La Ley núm. 1231 modifica la Ley de Registro de Tierras. Dispone la remisión de copias de fallos del Tribunal Superior de Tierras a litigantes y abogados, exige informes sobre gravámenes inscritos y regula actuaciones relativas al registro y transferencia de derechos.
La Ley núm. 1227 establece vías y requisitos para adquirir la nacionalidad dominicana por naturalización según el domicilio, la residencia y otras condiciones del solicitante. Regula la solicitud, la carta y el juramento, sanciona el uso de documentos falsos y deroga expresamente la Ley núm. 61 de 1924.
La Resolución núm. 1223 aprueba el Código Sanitario Panamericano, firmado en 1924, junto con sus instrumentos complementarios. Refuerza la cooperación internacional para prevenir la propagación de enfermedades y coordinar medidas sanitarias compatibles con el comercio y las comunicaciones marítimas.
La reforma elimina la prohibición de reelección presidencial inmediata. En materia de nacionalidad reconoce el nacimiento en territorio dominicano, con la excepción textual de los hijos legítimos de extranjeros en representación diplomática o de tránsito. Mantiene disposiciones transitorias sobre los mandatos que concluían en 1930.
La Resolución núm. 1155 aprueba el Tratado General de Arbitraje Interamericano y el Protocolo de Arbitraje Progresivo. Estos instrumentos promueven la solución arbitral de controversias internacionales de carácter jurídico, dentro de las condiciones y excepciones previstas en sus disposiciones.
La Ley núm. 1144 organiza el servicio civil clasificado del gobierno nacional y municipal y crea una comisión encargada de exámenes, registros y consultas sobre nombramientos, ascensos y destituciones. Su reglamento del 20 de diciembre desarrolla el funcionamiento de la comisión y los procedimientos de ingreso.
La Ley núm. 1114 crea la Oficina de Contabilidad General, independiente de los departamentos administrativos y dirigida por un Contralor y Auditor General. Reorganiza el control y la contabilidad de los recursos públicos, con una implantación gradual que debía completarse a más tardar el 1 de enero de 1930.
Las leyes núms. 1111, 1112 y 1113 reorganizan la preparación del presupuesto, la evaluación de mejoras públicas y la administración de la Hacienda. Establecen funciones del Director del Presupuesto y de la Junta de Mejoras Públicas, y regulan las atribuciones sobre ingresos, desembolsos y bienes estatales.
Ambas repúblicas suscriben un tratado de paz, amistad perpetua y arbitraje que complementa el acuerdo de delimitación fronteriza. Establece compromisos bilaterales para conservar relaciones pacíficas y resolver controversias. El Congreso dominicano lo aprueba mediante la Resolución núm. 1096, promulgada el 14 de marzo de 1929.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.