La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La Constitución de 1947 reorganizó disposiciones sobre moneda y banca y proporcionó el marco constitucional para la reforma monetaria de ese año. Contempló la emisión monetaria por una entidad autónoma del Estado y la dirección de la política monetaria mediante una Junta Monetaria.
La Ley núm. 1097 agregó causas para excluir a hijos de la sucesión de sus padres, además de las previstas por el Código Civil. Exigió una demanda ante el tribunal de primera instancia y contempló motivos como maltrato, negativa de asistencia y conductas valoradas según la moral familiar de la época.
Con la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, la República Dominicana pasó a integrar la organización como miembro fundador. Había depositado su ratificación el 4 de septiembre de 1945. La Carta estableció el marco institucional de cooperación internacional, mantenimiento de la paz y promoción de los derechos humanos.
La Ley núm. 985 reguló la filiación de los hijos entonces denominados «naturales», su reconocimiento y sus derechos. Amplió su protección jurídica, pero mantuvo diferencias sucesorales: frente a descendientes legítimos del padre, su participación hereditaria seguía siendo inferior. No estableció una igualdad completa entre todas las filiaciones.
La Ley núm. 908 creó el Banco Agrícola e Hipotecario de la República Dominicana, antecedente del Banco Agrícola. La institución fue organizada para facilitar crédito destinado a actividades agrícolas y otras operaciones previstas por su ley, incluidas las de garantía hipotecaria.
La Ley núm. 675 estableció reglas sobre urbanización, ornato público y construcciones. Reguló el trazado y uso de espacios urbanos, los permisos de edificación y las condiciones que debían observar las obras, constituyendo una referencia central de la ordenación urbana dominicana.
La Ley núm. 659 reorganizó el registro de los actos del estado civil y las funciones de sus oficiales. Reguló la documentación de nacimientos, matrimonios y defunciones, así como la conservación y expedición de las actas que acreditan el estado de las personas.
La Ley núm. 637 reguló el contrato de trabajo a partir de la prestación de servicios remunerados bajo dependencia. Reconoció contratos verbales y escritos y estableció reglas sobre su terminación, preaviso e indemnización. Su ámbito tenía exclusiones, entre ellas el servicio doméstico y determinados trabajos ocasionales.
La Ley núm. 344 reguló la expropiación por causa de utilidad pública o interés social. Estableció el procedimiento que debían seguir el Estado y las entidades locales autorizadas, incluida la intervención judicial para fijar el precio cuando no existiera acuerdo con el propietario.
Las mujeres dominicanas ejercieron por primera vez el voto en elecciones generales, después del reconocimiento constitucional de su ciudadanía política. El acontecimiento amplió formalmente la participación electoral femenina, aunque los comicios se celebraron bajo el control político de la dictadura de Trujillo.
La Constitución de 1942 reconoció la ciudadanía política de las mujeres y su derecho a elegir y ser elegidas, resultado de las reivindicaciones sufragistas. El reconocimiento formal se produjo bajo la dictadura de Trujillo, en un sistema sin competencia política libre.
La Ley núm. 586 creó el Banco de Reservas de la República Dominicana como entidad bancaria estatal. Su organización permitió asumir las operaciones y oficinas del National City Bank en el país y dotó al Estado de una institución para servicios bancarios, depósitos y crédito.
La Ley núm. 391 estableció la cédula personal de identidad para las mujeres nacionales y extranjeras de dieciocho años en adelante residentes en el país. Reguló su expedición, fotografía, datos de identificación y renovación, así como un impuesto anual por categorías económicas. Amplió el alcance del registro de identidad, sin equivaler por sí misma al reconocimiento del sufragio femenino.
La Ley núm. 390 declaró la capacidad de la mujer mayor de edad, soltera o casada, para ejercer derechos y funciones civiles en condiciones de igualdad con el hombre. Modificó disposiciones del Código Civil y protegió facultades patrimoniales y profesionales. Conservó, sin embargo, restricciones expresas vinculadas al matrimonio, incluida la posición del marido como jefe de familia. Este avance civil no otorgó todavía el derecho al voto.
La República Dominicana y Estados Unidos firmaron en Washington la convención conocida como tratado Trujillo–Hull. Dispuso que funcionarios dominicanos recaudaran los ingresos aduaneros y sustituyó el mecanismo de receptoría de 1924, manteniendo garantías bancarias para el servicio de la deuda externa. El tratado entró en vigor el 10 de marzo de 1941; su firma no significó la cancelación de la deuda.
La Ley núm. 314 impuso la transcripción de actos entre vivos que transfirieran propiedad inmobiliaria, con excepciones para los terrenos y actos sometidos al régimen de registro de tierras. Fijó un plazo para cumplir la formalidad y consecuencias por omitirla, incluida la imposibilidad de invocar el acto ante tribunales y oficinas públicas mientras no se transcribiera. La norma reforzó la publicidad documental de esas transferencias.
Las leyes núms. 295, del 30 de mayo, y 296, del 31 de mayo de 1940, modificaron reglas de la casación y del procedimiento civil. Regularon aspectos del emplazamiento, la constitución de abogado, los memoriales y sus plazos, así como la compensación de costas y el cómputo de términos procesales. Estas reformas ajustaron formalidades relevantes para el acceso y la tramitación de los recursos y demandas.
La Ley núm. 252 facultó al Poder Ejecutivo para establecer salarios mínimos en las actividades agrícolas e industriales. Previó un Comité Nacional para Regular los Salarios, encargado de recomendar tarifas sujetas a aprobación del Ejecutivo. Reconoció al trabajador la posibilidad de reclamar la diferencia cuando recibiera menos del mínimo fijado. La ley creó el mecanismo de regulación, sin establecer por sí sola una tarifa única nacional.
El gobierno dominicano y la Dominican Republic Settlement Association (DORSA) formalizaron un acuerdo para desarrollar un asentamiento agrícola de refugiados judíos en Sosúa. La iniciativa dio continuidad a la oferta dominicana en Évian de 1938. DORSA organizó el traslado y apoyo de los refugiados; los primeros grupos llegaron durante 1940, según los archivos del Museo Judío de Sosúa.
La Ley núm. 163 reguló la conducta del Estado y de las personas en territorio dominicano frente a guerras entre otras potencias. Prohibió, entre otras actividades, organizar expediciones militares, realizar determinados reclutamientos y utilizar el territorio o las aguas nacionales como base de operaciones de los beligerantes. La norma se promulgó poco después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
La Ley núm. 121 atribuyó a la filiación establecida por reconocimiento voluntario los mismos efectos que a la entonces denominada filiación legítima, y derogó varias distinciones del Código Civil. Reguló condiciones de reconocimiento y la administración o tutela de los menores. Sus artículos iniciales no se aplicaban a los reconocimientos anteriores a la promulgación, por lo que el cambio tuvo límites expresos.
La Ley núm. 95 reguló la entrada, residencia y deportación de extranjeros y organizó la autoridad administrativa de inmigración dentro de la Secretaría de Estado de Interior y Policía. Diferenció inmigrantes y no inmigrantes; entre estos últimos incluyó a los jornaleros temporeros y sus familias. También estableció permisos, requisitos de admisión y facultades de control migratorio.
La Ley núm. 56 estableció en la capital un Monte de Piedad financiado por el Estado, bajo el control de la Secretaría de Estado del Tesoro y Comercio. Reguló préstamos de pequeña cuantía garantizados con bienes muebles, con límites para el monto, el interés y el plazo. La institución articuló una modalidad pública de crédito prendario y destinó sus beneficios a la beneficencia.
La Ley núm. 51 mantuvo una cuota mínima de setenta por ciento de trabajadores dominicanos e incorporó una proporción mínima equivalente en el total de sueldos y salarios. Reguló excepciones, reglas para establecimientos pequeños y permisos temporales para braceros agrícolas extranjeros. La disposición reformuló la intervención estatal en la contratación de nacionales y extranjeros.
La Ley núm. 49 autorizó y declaró de interés nacional la creación de la Liga Municipal Dominicana. Previó la participación del Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo y de los ayuntamientos, así como una convocatoria para su instalación. Le asignó funciones de cooperación, intercambio de información y apoyo entre municipios, sin confundirse esta fecha legislativa con la posterior instalación de la entidad.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.