La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La Ley núm. 4471 promulgó el Código de Salud Pública, denominado oficialmente «Código Trujillo de Salud Pública». Sistematizó competencias sanitarias, medidas de prevención y control de enfermedades y reglas aplicables a servicios, establecimientos y actividades relacionadas con la salud. Su promulgación fue el 3 de junio de 1956.
Jesús de Galíndez, jurista, profesor de la Universidad de Columbia y crítico de la dictadura dominicana, desapareció en Nueva York. Las investigaciones posteriores vincularon su secuestro a agentes del régimen de Trujillo. El caso evidenció la dimensión internacional de la persecución contra sus opositores.
La Ley núm. 4378 reguló la organización y actuación de las secretarías de Estado. Definió su relación con el presidente de la República, el nombramiento de sus titulares y sus funciones administrativas, dentro de un esquema de dirección y subordinación al Poder Ejecutivo.
La Constitución de 1955 restableció la Vicepresidencia y reorganizó aspectos del Poder Ejecutivo, incluidas sus facultades sobre las secretarías de Estado. Incorporó, además, la exaltación oficial de la «Era de Trujillo» al propio texto constitucional, expresión jurídica del culto a la personalidad del dictador.
La Ley núm. 4115 creó la Corporación Dominicana de Electricidad y estableció su organización y atribuciones. La entidad asumió funciones estatales de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, dentro del proceso de reorganización del sector eléctrico.
La República Dominicana y la Santa Sede firmaron un Concordato que reguló las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. Reconoció personalidad jurídica a entidades eclesiásticas, efectos civiles al matrimonio canónico y disposiciones sobre educación, asistencia religiosa y beneficios fiscales. Su texto original excluyó el divorcio civil para los matrimonios canónicos.
La Ley núm. 3726 sustituyó el régimen de casación de 1911 y reguló el recurso ante la Suprema Corte de Justicia. Organizó sus requisitos, tramitación y efectos, así como la actuación de la Corte para controlar la aplicación del derecho por los tribunales.
La Ley núm. 3489 sistematizó el régimen aduanero dominicano. Reguló la entrada y salida de mercancías, las declaraciones y operaciones de despacho, las facultades de las autoridades aduaneras y las infracciones y sanciones correspondientes.
La Ley núm. 3455 reorganizó el régimen municipal, con disposiciones sobre ayuntamientos, síndicos, regidores, servicios y administración local. Estableció atribuciones, reglas de funcionamiento y mecanismos de gestión de los bienes y recursos municipales.
La Ley núm. 2920 promulgó el primer Código de Trabajo dominicano, denominado oficialmente «Código Trujillo de Trabajo». Reunió normas sobre contratos, condiciones laborales y solución de conflictos entre trabajadores y empleadores. Consagró la irrenunciabilidad de derechos laborales y la conciliación previa, dentro del marco institucional de la dictadura.
La Ley núm. 2909 reorganizó la enseñanza y la administración educativa. Distinguió la educación pública y particular, reguló sus ramas y estableció la obligatoriedad de la primaria para niños de siete a menos de catorce años donde existieran escuelas oficiales. Definió la orientación de la enseñanza a partir de principios cristianos y de la tradición hispánica.
La Ley núm. 2859 reguló la emisión, circulación y pago de los cheques. Estableció requisitos formales del título, reglas sobre endoso y presentación, acciones por falta de pago y sanciones aplicables a las infracciones previstas por la ley.
La Ley núm. 2402 declaró de orden público la obligación de alimentar, vestir, mantener, educar y alojar a los hijos menores de dieciocho años, nacidos dentro o fuera del matrimonio. Estableció vías para exigir su cumplimiento y sanciones por incumplimiento, además de admitir la investigación de paternidad para esos fines.
La Ley núm. 2236 facultó al Poder Ejecutivo para conceder franquicias a determinadas empresas agrícolas, pecuarias y de transformación de materias primas nacionales. Prevé exenciones tributarias por hasta veinte años y mecanismos de adquisición de derechos inmobiliarios para obras vinculadas a esas actividades, bajo las condiciones de la ley.
Una expedición armada encabezada por Horacio Julio Ornes llegó a Luperón con el propósito de combatir la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. La acción constituyó un antecedente de las expediciones antitrujillistas posteriores y de la resistencia organizada desde el exilio.
La Ley núm. 1927 estableció el primer impuesto sobre la renta dominicano, aplicado a la renta neta obtenida en el país por las personas y entidades comprendidas en la norma. También creó la Dirección General del Impuesto sobre la Renta para su administración, antecedente institucional de la actual administración tributaria.
La Ley núm. 1896 sustituyó la Ley núm. 1376 y reorganizó el sistema de seguros sociales y su administración. Reguló aseguramiento, cotizaciones y prestaciones dentro de un régimen contributivo con cobertura y exclusiones definidas por la ley. Su promulgación corresponde al 30 de diciembre de 1948.
La Ley núm. 1736 atribuyó al presidente de la República el nombramiento y remoción de secretarios y otros empleados de oficinas judiciales, así como de determinados suplentes del Ministerio Público. La medida extendió la intervención del Ejecutivo sobre el personal de la administración de justicia; no debe confundirse con el nombramiento de los jueces.
La República Dominicana suscribió en Bogotá la Carta de la Organización de los Estados Americanos, junto a los demás Estados fundadores. El instrumento organizó el sistema regional de cooperación y solución pacífica de controversias. La firma de 1948 precedió a la ratificación dominicana de 1949 y a la entrada en vigor de la Carta en 1951.
La Ley núm. 1683 reguló la adquisición de la nacionalidad dominicana por naturalización. Estableció condiciones de residencia, requisitos, procedimientos y supuestos especiales, con intervención del Poder Ejecutivo en el otorgamiento de la naturalización.
La Ley núm. 1542 reorganizó el régimen de registro inmobiliario, el Tribunal de Tierras y los procedimientos de saneamiento, mensura y registro de derechos. Dio continuidad al sistema de titulación establecido durante la ocupación estadounidense y se convirtió en una pieza central del derecho inmobiliario dominicano.
Las leyes núms. 1528, 1529 y 1530 establecieron, respectivamente, el régimen monetario del peso oro, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. La reforma articuló la emisión de moneda nacional, la política monetaria y la supervisión bancaria. El Banco Central inició sus operaciones el 23 de octubre de 1947.
La Convención financiera dominico-estadounidense de 1940 quedó terminada con efecto al 1 de octubre de 1947, tras la redención de los bonos externos de 1922 y 1926. Así cesaron las obligaciones de control financiero que subsistían después de la recuperación de la administración aduanera. Ambos gobiernos reconocieron formalmente esa terminación mediante notas de 1951.
La Ley núm. 1494 instituyó la jurisdicción contencioso-administrativa para recurrir determinados actos de la Administración y resolver controversias sobre contratos administrativos. La Cámara de Cuentas ejerció las funciones del Tribunal Superior Administrativo. El régimen estableció requisitos y exclusiones que delimitaban este control de legalidad.
La Ley núm. 1376 estableció el seguro social y organizó la Caja Dominicana de Seguros Sociales. Contempló modalidades obligatoria, facultativa y de familia, con prestaciones por enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Su cobertura se definió por categorías y requisitos legales; no equivalía a una protección universal de toda la población.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.