La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
En 1969 comenzó a operar en La Romana la primera zona franca industrial del país, impulsada por Gulf and Western. La experiencia abrió una nueva etapa de producción manufacturera para la exportación bajo un régimen especial de incentivos y organización industrial.
La Ley núm. 318 estableció el marco de protección del patrimonio monumental, artístico, documental y folclórico dominicano. Reconoció distintas clases de bienes culturales y sentó las bases jurídicas para su conservación y la intervención de los organismos públicos competentes.
La Ley núm. 305 modificó la legislación sobre vías de comunicación y amplió a sesenta metros la franja de la zona marítima del dominio público. La disposición constituyó una referencia jurídica para la delimitación y protección del espacio costero y para las restricciones a su ocupación.
La Ley núm. 299 estableció un sistema de clasificación de industrias y beneficios fiscales para promover la inversión y la producción industrial. Su régimen incluyó actividades destinadas a la exportación y contribuyó a configurar el marco de incentivos del desarrollo manufacturero dominicano.
La Ley núm. 241 estableció un régimen general para la circulación de vehículos de motor, las licencias de conducir, el registro vehicular y las infracciones de tránsito. Organizó obligaciones de conductores y propietarios y reglas de responsabilidad, y fue una referencia central de la legislación vial durante décadas.
La Asamblea Revisora proclamó la Constitución que sustituyó el régimen transitorio del Acto Institucional de 1965. El texto reorganizó los poderes públicos, mantuvo amplias atribuciones presidenciales y permitió la reelección inmediata. Estableció un período presidencial de cuatro años y permaneció como marco constitucional hasta la reforma de 1994.
Salieron de Santo Domingo los últimos contingentes de la Fuerza Interamericana de Paz. El retiro puso fin a la presencia militar extranjera iniciada durante la crisis de abril de 1965, después de las elecciones y de la instalación del gobierno constitucional de 1966.
Joaquín Balaguer tomó posesión de la Presidencia y concluyó el gobierno provisional de Héctor García Godoy. El período constitucional iniciado ese día se extendió hasta el 16 de agosto de 1970, conforme a las disposiciones transitorias de la Constitución de noviembre de 1966.
La Ley núm. 257 creó la Oficina de Defensa Civil, dependiente del Poder Ejecutivo y con jurisdicción nacional. Organizó la preparación y respuesta ante emergencias y desastres para proteger la vida, la propiedad y los servicios esenciales, con participación de organismos públicos y personal voluntario.
Joaquín Balaguer, candidato del Partido Reformista, ganó las elecciones presidenciales frente a Juan Bosch. Los comicios se celebraron bajo el gobierno provisional de Héctor García Godoy y mientras permanecían fuerzas extranjeras en el país, como parte de la salida institucional de la crisis de 1965.
La Ley núm. 173 estableció protección para los agentes y concesionarios que representaban mercaderías, productos o servicios de empresas extranjeras. Reguló la terminación sin justa causa de esas relaciones comerciales y la indemnización correspondiente, con efectos en los contratos de distribución y representación.
La Ley núm. 10 suprimió la Secretaría de Estado de la Presidencia y la sustituyó por un Secretariado Administrativo y un Secretariado Técnico. Separó el despacho administrativo de las tareas técnicas de apoyo al Poder Ejecutivo y remitió su organización y atribuciones a reglamentos posteriores.
La Ley núm. 6 creó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), con competencias sobre estudio, aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos. La institución concentró funciones relacionadas con obras hidráulicas y riego, dentro de la reorganización administrativa del gobierno provisional.
El Acto Institucional organizó el gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy y le atribuyó funciones ejecutivas y legislativas dentro de un régimen transitorio. Reconoció derechos fundamentales y ordenó celebrar elecciones entre seis y nueve meses después de su entrada en vigor.
El Acta de Reconciliación estableció las bases del arreglo político para superar la guerra civil, mediante un gobierno provisional, garantías para los participantes en el conflicto y medidas de pacificación. El documento contempló el desarme y gestiones para el retiro de la Fuerza Interamericana de Paz.
Tropas estadounidenses desembarcaron en Santo Domingo durante la guerra civil iniciada el 24 de abril. La intervención internacionalizó el conflicto constitucional dominicano; posteriormente se estableció una Fuerza Interamericana de Paz bajo la Organización de los Estados Americanos.
Un levantamiento cívico-militar reclamó el restablecimiento de la Constitución de 1963 y el retorno del gobierno depuesto de Juan Bosch. La insurrección contra el Triunvirato dio lugar a una guerra civil, en la que el sector constitucionalista fue encabezado posteriormente por Francisco Alberto Caamaño Deñó. La intervención militar estadounidense del 28 de abril añadió una dimensión internacional al conflicto.
La Ley núm. 483 reorganizó la venta de bienes muebles con reserva de propiedad hasta el cumplimiento de las condiciones pactadas. Reguló la inscripción del contrato y los procedimientos de recuperación del bien y ajuste de cuentas, con especial incidencia en las ventas a crédito.
La Ley núm. 302 estableció un régimen especial para la remuneración de los servicios profesionales de los abogados, con tarifas y mecanismos de liquidación y cobro. La regulación de honorarios y gastos adquirió una importancia duradera en las relaciones entre abogados, clientes y tribunales.
La Ley núm. 301 reorganizó el ejercicio del notariado, los requisitos y deberes de los notarios y las formalidades de los actos auténticos. Reguló protocolos, conservación de documentos y honorarios, sustituyendo la legislación notarial de 1927.
La Ley núm. 196 creó el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) como dependencia del Poder Ejecutivo. La norma dio una nueva base orgánica al servicio estatal de investigaciones e inteligencia durante el gobierno de facto del Triunvirato.
La Ley núm. 127 reguló la constitución, reconocimiento, administración y disolución de las sociedades cooperativas. Estableció sus órganos de gobierno, fondos y reglas de funcionamiento, y vinculó su supervisión al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo.
La Ley núm. 31 creó el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), encargado de fomentar y apoyar la organización de cooperativas. Estableció una institución especializada para su promoción, asistencia y financiamiento, dentro de la estructura pública de desarrollo económico y social.
Un golpe militar derrocó al presidente Juan Bosch, disolvió el Congreso y dejó sin efecto la Constitución de abril de 1963. Los mandos militares dieron paso a un gobierno civil de facto conocido como el Triunvirato. La ruptura institucional originó la reclamación de restaurar el gobierno y el orden constitucional depuestos.
La Asamblea Revisora proclamó una Constitución que desarrolló derechos laborales, educativos, de salud y protección de la familia, y reconoció la plena capacidad civil de la mujer casada. Su orientación social incluyó disposiciones sobre propiedad y desarrollo económico. Fue dejada sin efecto por el golpe de Estado de septiembre y su restitución se convirtió en una demanda central del movimiento constitucionalista de 1965.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.