Explora la historia del derecho dominicano desde 1844: constituciones, leyes, jurisprudencia e instituciones, con fechas y fuentes documentales.
La Ley núm. 116 crea el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional como entidad autónoma encargada de organizar y regir el sistema de formación y promoción profesional de trabajadores. Establece su gobierno institucional y un régimen de financiamiento mediante contribuciones de empleadores y trabajadores en los términos previstos por la ley.
La Ley núm. 136 hace obligatoria la autopsia judicial en casos como muerte con indicios criminales, muerte violenta, repentina o en prisión, y suicidio o sospecha de este. Regula la finalidad y práctica del examen y exige una decisión motivada cuando no pueda realizarse. Fortalece la investigación médico-legal y la obtención de prueba en el proceso penal.
La Ley núm. 164 sustituye la regulación de 1961 y organiza la libertad condicional como una forma de cumplimiento de la pena. La sujeta a requisitos como el cumplimiento de la mitad de la condena, la conducta y la rehabilitación del penado, para penas superiores a un año. Regula su concesión judicial, vigilancia y revocación.
La Ley 322 exigió que las empresas y personas físicas extranjeras se asociaran con empresas nacionales o de capital mixto para contratar obras o trabajos con el Estado, sus instituciones autónomas, los ayuntamientos y las empresas con participación estatal. Fijó condiciones de participación y dirección nacional, y previó la nulidad de los contratos que incumplieran sus requisitos. Constituyó un antecedente del régimen dominicano de contratación pública.
La Ley 379 reorganizó las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados civiles del Estado. Reguló requisitos de edad y tiempo de servicio, el cálculo de las prestaciones y los beneficios derivados del fallecimiento del pensionado. Sustituyó disposiciones anteriores y estableció un marco general para el retiro de los servidores públicos.
La Ley 687 creó un sistema de reglamentos técnicos obligatorios para preparar y ejecutar proyectos de ingeniería, arquitectura y ramas afines. Estableció la Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos y la Dirección General de Reglamentos y Sistemas, bajo Obras Públicas, y organizó la elaboración y el control de aplicación de esas reglas. Su alcance comprendió la seguridad y las condiciones técnicas de las obras.
La República Dominicana depositó su instrumento de ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que había firmado en 1980. La incorporación al tratado añadió compromisos internacionales para eliminar la discriminación contra las mujeres en la legislación y en ámbitos como la participación pública, la educación, el empleo y las relaciones familiares.
La Ley 74 estableció el impuesto a las transferencias de bienes industrializados, aplicable a las transferencias e importaciones comprendidas en su ámbito. Definió contribuyentes, nacimiento de la obligación tributaria, base imponible, deducciones y exenciones. Este régimen constituyó la base del impuesto posteriormente desarrollado como ITBIS; la norma de 1983 se refería originalmente a bienes industrializados.
La Ley 91 instituyó el Colegio de Abogados de la República como una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica propia. Reguló la organización profesional, la incorporación de sus miembros y los mecanismos disciplinarios del ejercicio de la abogacía. Marcó una etapa central en la regulación del gremio y de la responsabilidad profesional de los abogados dominicanos.
La República Dominicana depositó su instrumento de adhesión a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. El tratado entró en vigor para el país el 24 de junio de 1983. Estableció compromisos internacionales de prevención y eliminación de la discriminación racial y de garantía de igualdad ante la ley.
La Ley 218 prohibió introducir al país basuras, residuos cloacales y desechos industriales tóxicos capaces de contaminar el ambiente o poner en peligro la salud. También restringió la fabricación, importación y comercialización de determinados fármacos y plaguicidas peligrosos. Fue una norma sectorial de protección sanitaria y ambiental anterior a la legislación general de medio ambiente.
La Ley 223 facultó a los tribunales para suspender la ejecución de penas de hasta un año cuando se cumplieran requisitos relativos a la ausencia de condenas anteriores y a las circunstancias del acusado y del delito. La decisión debía ser motivada y fijar condiciones y un período de observación. Cumplido ese período sin revocación, la pena se tenía por cumplida. Introdujo una alternativa legal a la ejecución de condenas breves.
La Ley 224 estableció un marco general para la ejecución de las penas privativas de libertad, orientado a la protección social y la readaptación del condenado. Clasificó los establecimientos penitenciarios, reguló el tratamiento de los internos y creó la Dirección General de Prisiones. Prohibió la discriminación y las torturas, maltratos y humillaciones, e incorporó mecanismos de queja de las personas recluidas.
Entró en vigor el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Dominicana y España, firmado en Madrid el 4 de mayo de 1981. Reguló la entrega de personas reclamadas y la cooperación entre autoridades de ambos países, con requisitos, causas de denegación y garantías para la persona requerida. El canje de los instrumentos de ratificación se había realizado el 21 de septiembre de 1984.
La República Dominicana ratificó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Se incorporó así al marco internacional de identificación, protección y conservación de bienes de valor universal excepcional y de cooperación entre los Estados partes. La ratificación precedió a la inscripción de la Ciudad Colonial de Santo Domingo en la Lista del Patrimonio Mundial en 1990.
La Ley 307 creó el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) como organismo autónomo con patrimonio propio y personalidad jurídica. Reorganizó la administración de los servicios postales mediante una entidad pública especializada, sustituyendo la estructura anterior de la Dirección General de Correos. Su relevancia corresponde a la organización administrativa de un servicio público nacional.
La Ley 32-86 sustituyó la Ley 1381 de 1947 y desarrolló la protección de las obras literarias, artísticas y científicas y de los derechos afines. Reguló las facultades de los titulares, los usos de las obras, su transmisión y los mecanismos de protección y sanción. Actualizó el régimen dominicano frente a nuevas formas de reproducción y comunicación de las creaciones.
La República Dominicana depositó su adhesión a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). El tratado entró en vigor para el país el 17 de marzo de 1987. Incorporó un marco de permisos y controles sobre el comercio internacional de las especies incluidas en sus apéndices, con distintos grados de protección.
La República Dominicana depositó ante la OEA el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. El tratado impuso obligaciones de prevención, investigación y sanción, y excluyó la obediencia a órdenes superiores o las situaciones de emergencia como justificación de la tortura. También contempló la protección de las víctimas y la exclusión de declaraciones obtenidas mediante tortura como prueba, salvo contra sus responsables.
La Ley 50-87 sustituyó la regulación de 1942 sobre las cámaras oficiales de comercio, agricultura e industrias. Organizó las cámaras de comercio y producción como entidades autónomas, con personalidad jurídica y sin fines de lucro, y reguló su reconocimiento, funcionamiento y atribuciones. Incluyó servicios de amigable composición y arbitraje para controversias comerciales.
La Ley 17-88 modificó la Ley 4314 de 1955 sobre los valores entregados como garantía en los contratos de alquiler. Reforzó el depósito de esas sumas en el Banco Agrícola, reguló la consignación de alquileres rechazados por el propietario y vinculó determinadas acciones judiciales al cumplimiento del depósito legal. Reformó un mecanismo ya existente de garantía y control de las relaciones arrendaticias.
La Ley 18-88 estableció un impuesto anual sobre las viviendas suntuarias y los solares urbanos no edificados. Incorporó el valor de determinados inmuebles a la tributación periódica y reguló sujetos obligados, valoración, pago y exenciones. Constituyó un antecedente directo de la evolución posterior del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria.
La Ley 50-88 estableció un régimen de control de drogas y sustancias controladas, con reglas sobre clasificación, manejo, infracciones y sanciones. Creó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) bajo la dependencia del Poder Ejecutivo y organizó funciones especializadas de prevención e investigación. Se convirtió en una pieza central de la legislación penal especial dominicana.
La Ley 58-88 creó un Juzgado de Paz para Asuntos Municipales dentro de los límites del Distrito Nacional. Le atribuyó competencia sobre infracciones municipales y determinados asuntos de urbanización, ornato público y construcciones, y reguló la intervención de los inspectores del ayuntamiento. Estableció una especialización judicial de alcance territorial limitado.
La Suprema Corte de Justicia declaró la nulidad de la Ley 148 de 1983, que había creado el Colegio Dominicano de Periodistas. Entre sus fundamentos señaló que exigir el registro previo del título para ejercer el periodismo vulneraba la libertad de expresión y otras garantías constitucionales. La decisión constituyó un precedente sobre los límites constitucionales de la regulación profesional cuando incide en el ejercicio de derechos fundamentales.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.