La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La Ley núm. 20-23 sustituye la Ley núm. 15-19 y actualiza el marco para el ejercicio del sufragio y la organización de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. Regula las competencias de la Junta Central Electoral, las candidaturas, los procedimientos y las infracciones electorales.
La Ley núm. 4-23 establece el Sistema Nacional de Registro del Estado Civil y sustituye el régimen general de la Ley núm. 659 de 1944. Reorganiza la inscripción, conservación y expedición de los actos del estado civil, incorpora herramientas electrónicas y regula procedimientos de rectificación y otros servicios vinculados a la identidad y el estado de las personas.
La Ley núm. 2-23 reforma la casación en materias civil, comercial, laboral, inmobiliaria, contencioso-administrativa y contencioso-tributaria. Introduce el interés casacional como criterio de acceso en los supuestos previstos y permite resolver el fondo sin envío cuando concurren las condiciones legales. Deroga el régimen de la Ley núm. 3726 de 1953 y sus modificaciones.
La Ley núm. 368-22 establece instrumentos, competencias y criterios para el ordenamiento territorial, el uso del suelo y los asentamientos humanos. Regula la formulación de planes en los distintos niveles de gobierno e incorpora la protección ambiental, la gestión de riesgos y el desarrollo sostenible a las decisiones sobre el territorio.
La Ley núm. 345-22 organiza y delimita las regiones únicas de planificación para coordinar políticas, planes, programas y proyectos de inversión pública. Establece una referencia territorial común para las instituciones y procura articular la planificación nacional, regional y local.
La Ley núm. 340-22 regula una acción autónoma dirigida contra bienes de origen o destino ilícito, distinta del proceso para determinar responsabilidad penal. Establece el procedimiento judicial, las competencias y garantías de los afectados y terceros de buena fe. Dispuso una entrada en vigor diferida de doce meses desde su publicación.
La Ley núm. 339-22 habilita y regula los medios digitales en procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial. Reconoce la firma digital, las comunicaciones y actuaciones electrónicas y las audiencias virtuales bajo las condiciones legales, preservando el carácter opcional de estos medios y las garantías del debido proceso.
La Ley núm. 168-21 sustituye la legislación aduanera general de 1953. Regula el control de mercancías, los regímenes aduaneros, las obligaciones de los operadores, la determinación y cobro de tributos y las infracciones, incorporando procedimientos orientados a facilitar y fiscalizar el comercio exterior.
La Ley núm. 167-21 establece instrumentos de mejora regulatoria y simplificación de trámites administrativos. Su marco comprende la evaluación de regulaciones, la planificación normativa y mecanismos para reducir cargas administrativas, con aplicación general a la Administración Pública y un plazo de entrada en vigor de ciento ochenta días desde su publicación.
La Ley núm. 113-21 sustituye la Ley núm. 224 de 1984 y reorganiza el sistema penitenciario y correccional. Regula los derechos y deberes de las personas privadas de libertad, el tratamiento penitenciario y la actuación del personal, con mecanismos orientados a la corrección, reeducación y reinserción social y a la protección de la dignidad humana.
La Ley núm. 1-21 modifica el Código Civil y la legislación del estado civil para prohibir el matrimonio de personas menores de dieciocho años en cualquier circunstancia. Elimina las dispensas y disposiciones que permitían excepciones a la edad mínima, reforzando la protección jurídica de niños, niñas y adolescentes.
La Ley núm. 225-20 establece el régimen de prevención, reducción, reutilización, reciclaje y disposición de residuos sólidos. Regula obligaciones de generadores y gestores, instrumentos de financiamiento y responsabilidad en su manejo. La Presidencia de la Cámara de Diputados dispuso su publicación el 30 de septiembre de 2020, al amparo del artículo 101 constitucional; apareció en la Gaceta Oficial del 2 de octubre.
El Consejo del Poder Judicial dicta la Resolución núm. 007-2020, que establece el Protocolo para el Manejo de Audiencias Virtuales. Organiza la preparación, convocatoria y celebración de las audiencias mediante herramientas tecnológicas, con reglas sobre la participación de las partes y sus abogados, la asistencia técnica y las garantías del proceso. Forma parte de la respuesta institucional para dar continuidad al servicio judicial durante la pandemia de COVID-19. Su trayectoria también evidencia los límites constitucionales de esta transformación: la Sentencia TC/0286/21 declara la resolución no conforme con la Constitución y pronuncia su nulidad. El Tribunal dispone que esta surta efectos hacia el futuro, tres meses después de la publicación íntegra de la sentencia.
El Decreto núm. 134-20 declara el estado de emergencia en todo el territorio nacional por veinticinco días, previa autorización del Congreso mediante la Resolución núm. 62-20. La medida activa el régimen de la Constitución y la Ley núm. 21-18, con deberes de información y control congresual y un procedimiento de autorización para las prórrogas.
El Ministerio de Trabajo dicta la Resolución núm. 007/2020 sobre medidas preventivas para proteger la salud de trabajadores y empleadores ante la COVID-19. Promueve la flexibilización de la jornada y el trabajo a distancia cuando sea posible, así como medidas de aislamiento para trabajadores vulnerables. La respuesta incluye el llamado a conceder vacaciones remuneradas a quienes hayan adquirido ese derecho y la exhortación a anticipar una semana de vacaciones, junto con una semana de salario a cargo de la empresa, a quienes todavía no lo tengan. Constituye una medida laboral de emergencia ante la pandemia, sin establecer todavía una regulación general del teletrabajo.
La Ley núm. 47-20 regula la selección, adjudicación, contratación, ejecución y terminación de alianzas público-privadas. Establece la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y un procedimiento específico para proyectos de bienes y servicios de interés social, con reglas de evaluación, distribución de riesgos y fiscalización.
La Ley núm. 45-20 establece un régimen unitario para constituir, dar publicidad, determinar la prelación y ejecutar garantías sobre bienes muebles. Prevé un Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias y amplía las posibilidades de utilizar estos bienes como respaldo del crédito. La promulgación inicia un proceso de implementación sujeto a sus disposiciones transitorias.
La Ley núm. 13-20 modifica la Ley núm. 87-01 y fortalece la autonomía y las funciones de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Dirección General de Información y Defensa del Afiliado. También modifica los recargos por mora y el esquema de comisiones de las administradoras de fondos de pensiones.
La Sentencia TC/0440/19 anula con efectos inmediatos la Resolución núm. 08-2019 de la Junta Central Electoral sobre la elección de senadores. El Tribunal Constitucional considera que el órgano electoral desbordó su potestad reglamentaria y afectó la libertad del voto y la igualdad. La decisión da continuidad a la Sentencia TC/0375/19, de 19 de septiembre, que había declarado inconstitucional el párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13 sobre el arrastre electoral.
La Ley núm. 397-19 crea el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), dispone el proceso de disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y modifica la Ley núm. 87-01. Atribuye al nuevo instituto la administración y el pago de prestaciones del Seguro de Riesgos Laborales, la contratación de servicios de salud para sus afiliados y la promoción de la prevención de riesgos laborales. Representa una reorganización institucional de la seguridad social y de la protección frente a accidentes y enfermedades vinculados al trabajo.
La Ley núm. 396-19 regula el otorgamiento de la fuerza pública para ejecutar medidas conservatorias y ejecutorias, incluidos embargos y desalojos. Establece requisitos y límites para la asistencia a los alguaciles y atribuye al Ministerio Público el otorgamiento de ese auxilio. Su incorporación al ordenamiento incide directamente en la ejecución de sentencias y títulos ejecutorios y en la tutela judicial efectiva. Posteriormente, la Sentencia TC/0743/25 declara la ley inconstitucional por irregularidades en su aprobación como materia reservada a ley orgánica y difiere los efectos de la decisión.
La Sentencia TC/0348/19 anula el artículo 284.18 de la Ley núm. 15-19, que establecía penas de tres a diez años de prisión para determinadas campañas consideradas difamatorias o denigrantes contra candidatos. El Tribunal Constitucional examina la proporcionalidad de la sanción y la especial protección del debate político. El fallo refuerza la libertad de expresión como garantía de la participación electoral y del voto informado.
La Ley núm. 340-19 establece un régimen de mecenazgo para incentivar aportes privados a proyectos artísticos y culturales de interés público. Regula la selección de proyectos, la participación de mecenas y los incentivos previstos para las contribuciones que cumplan sus condiciones. Incorpora un instrumento jurídico de financiamiento y promoción cultural.
La Ley núm. 192-19 establece una protección específica de la imagen, el honor y la intimidad familiar vinculados a personas fallecidas, así como del derecho a la intimidad y a la propia imagen de las personas accidentadas. Desarrolla garantías frente a intromisiones ilegítimas mediante cualquier medio de difusión. Incorpora al ordenamiento un régimen especializado para proteger estos derechos personales y familiares ante la exposición pública de la muerte y de los accidentes.
La Ley núm. 68-19 modifica el artículo 91 de la Ley núm. 479-08 sobre sociedades comerciales. Permite que los socios determinen en los estatutos el monto del capital social de las sociedades de responsabilidad limitada, suprimiendo el mínimo legal obligatorio para constituirlas. Mantiene que el capital se divida en cuotas sociales de al menos cien pesos cada una. La reforma flexibiliza la constitución de empresas y modifica un requisito central del régimen de las SRL.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.