Creación del proceso de extinción de dominio
La Ley núm. 340-22 regula una acción autónoma dirigida contra bienes de origen o destino ilícito, distinta del proceso para determinar responsabilidad penal. Establece el procedimiento judicial, las competencias y garantías de los afectados y terceros de buena fe. Dispuso una entrada en vigor diferida de doce meses desde su publicación.