Explora la historia del derecho dominicano desde 1844: constituciones, leyes, jurisprudencia e instituciones, con fechas y fuentes documentales.
La Resolución núm. 4548 deroga la Ley de Imprenta de 3 de junio de 1899. La disposición elimina ese régimen especial de regulación de la prensa y constituye un cambio relevante en el marco jurídico de la expresión impresa. Su alcance debe distinguirse de una derogación general de toda responsabilidad por las publicaciones.
El Decreto núm. 4576 crea la Guardia Rural, dependiente de la Secretaría de lo Interior y Policía. Aunque organizada militarmente, recibe funciones de vigilancia del orden público, protección de las personas y de la propiedad y auxilio a las autoridades judiciales. La norma regula su reclutamiento voluntario y su organización, como antecedente de la reorganización de los cuerpos de seguridad de 1907.
La Ley núm. 4579 establece el patrón oro y adopta como unidad monetaria el dólar de oro de Estados Unidos, denominado peso. Regula la conversión de las monedas que circulan en el país y preserva las condiciones de las obligaciones privadas anteriores. La reforma procura unificar la referencia monetaria utilizada en los pagos y en las operaciones fiscales.
El Decreto núm. 4607 establece una Oficina de Estadística bajo la Secretaría de Hacienda y Comercio. Le encarga reunir, ordenar y publicar datos nacionales, y obliga a las dependencias públicas a suministrar la información necesaria. La medida institucionaliza la producción periódica de estadísticas oficiales, posteriormente desarrollada por la Ley de Estadística Nacional de 1909.
El Congreso acepta la renuncia del presidente Carlos F. Morales Languasco. La transición había comenzado el 25 de diciembre de 1905, cuando el Consejo de Secretarios de Estado llamó al vicepresidente Ramón Cáceres a ejercer temporalmente la Presidencia, y continuó con la declaración congresual de acusación contra Morales el 2 de enero de 1906. La renuncia cierra jurídicamente aquella crisis de sucesión.
La Resolución núm. 4677 declara inexistente y sin valor ni efecto la resolución ejecutiva sobre inmigración de 11 de noviembre de 1905. Esta había exigido certificados de buena conducta y visado consular y establecido un pago de residencia para determinados extranjeros, con excepciones. La intervención del Congreso deja sin efecto aquella reglamentación restrictiva.
La República Dominicana y Estados Unidos firman una convención que da base convencional al control de la recaudación aduanera para atender la deuda pública. Prevé un receptor general designado por el presidente estadounidense y destina las recaudaciones a los gastos del servicio, intereses y amortización de una emisión de bonos de veinte millones de dólares, entregando el remanente al Gobierno dominicano. También condiciona a un acuerdo previo con Estados Unidos el aumento de la deuda pública y ciertas modificaciones de los derechos de importación.
La Ley núm. 4731 organiza el régimen de los caminos públicos y establece obligaciones para su apertura, reparación y conservación. Regula la prestación personal destinada a estos trabajos y su sustitución por el pago correspondiente, además de las responsabilidades y sanciones por incumplimiento. La norma articula la intervención del Estado y de las autoridades locales en la infraestructura vial.
La Ley núm. 4747 destina recursos a establecer familias agrícolas en la frontera, desde Dajabón hasta Pedernales, mediante asignaciones de terrenos, herramientas y auxilios. Condiciona los beneficios al cultivo y permanencia de los colonos. El texto incluye expresamente un criterio racial al disponer la instalación anual de familias blancas, rasgo que documenta la política de población y colonización de la época.
La Ley núm. 4763 regula el registro de las marcas de fábrica y de comercio y la protección de su uso exclusivo. Establece formalidades de depósito y publicidad, así como medidas contra la falsificación y utilización indebida. Constituye un antecedente del régimen dominicano de propiedad industrial y de la protección jurídica de los signos que identifican productos y actividades comerciales.
La Ley núm. 4772 exige la mensura y el plano correspondiente para instrumentar determinadas enajenaciones de terrenos comuneros. Impone deberes a los notarios y requisitos para registrar contratos privados, y dispone sanciones por incumplimiento. La medida busca precisar la extensión y localización de los derechos transmitidos en un sistema de propiedad marcado por los terrenos indivisos.
El Decreto núm. 4793 reúne la Guardia Rural y la Policía Gubernativa en un cuerpo denominado Guardia Republicana. Regula su organización y sus funciones de conservación del orden y cumplimiento de la ley en las zonas urbanas y rurales. La reforma concentra servicios de seguridad que hasta entonces se encontraban separados.
La Constitución promulgada el 9 de septiembre de 1907 mantiene el Congreso unicameral, la Vicepresidencia y el período presidencial de cuatro años. Garantiza la inviolabilidad de la vida y prohíbe la pena de muerte. En materia judicial, autoriza que una ley posterior cree cortes de apelación y atribuya a la Suprema Corte funciones de casación; por tanto, esta reforma prepara, pero todavía no implanta, la reorganización desarrollada en 1908.
La Constitución proclamada en Santiago el 22 de febrero de 1908 reorganiza los poderes públicos: establece un Congreso bicameral, integrado por el Senado y la Cámara de Diputados, fija un período presidencial de seis años y suprime la Vicepresidencia. Incorpora las cortes de apelación y atribuye a la Suprema Corte la casación y la decisión, en último recurso, sobre la constitucionalidad de normas cuando exista una controversia judicial entre partes. Dispone su entrada en vigor el 1 de abril de 1908.
La Ley núm. 4845 desarrolla la reorganización judicial prevista por la Constitución de 1908. Establece dos cortes de apelación, con asiento en Santo Domingo y Santiago, y regula el procedimiento de casación ante la Suprema Corte de Justicia. También organiza los tribunales, sus funcionarios y auxiliares. Su entrada en vigor se fija para el 1 de julio de 1908, consolidando la separación entre la apelación y el control de legalidad de las sentencias.
La Ley núm. 4830 crea cámaras de comercio en Santo Domingo, Santiago y La Vega y les reconoce personalidad civil. Les atribuye funciones de consulta sobre asuntos comerciales, agrícolas e industriales y permite promover establecimientos de enseñanza vinculados a esas actividades. Promulgada el 2 de junio, la ley dispone que estas instituciones comiencen a funcionar el 1 de julio de 1908.
La Ley núm. 4836 organiza la intervención pública en materia de sanidad mediante juntas de ámbito central, provincial y municipal. Distribuye responsabilidades de vigilancia, consulta y aplicación de medidas higiénicas. La norma establece una estructura administrativa para atender los problemas sanitarios y coordinar la actuación de las autoridades en el territorio nacional.
La Ley núm. 4879 desarrolla la organización de la Estadística Nacional sobre la base de la oficina creada en 1905. Establece una Dirección General dependiente de Hacienda y Comercio y regula la recopilación, clasificación y conservación de la información. Impone a funcionarios y habitantes el deber de suministrar los datos requeridos, fortaleciendo la capacidad del Estado para producir estadísticas oficiales.
La Ley núm. 4880 fija el 1 de enero de 1910 como límite para presentar reclamaciones contra el Estado originadas antes del 1 de julio de 1904, bajo la consecuencia de no ser reconocidas si se presentan después. También regula el depósito de títulos de créditos ajustados. La medida forma parte de la depuración y ordenación de las obligaciones públicas durante el proceso de arreglo de la deuda.
La Ley núm. 4894 fija en siete el número de jueces de la Suprema Corte de Justicia y regula su presidencia y las suplencias de sus integrantes. También contempla la intervención del procurador general y los mecanismos para completar el tribunal cuando resulte necesario. La disposición ajusta la organización del alto tribunal después de la reforma judicial y la implantación de la casación en 1908.
El Decreto núm. 4904 organiza la Dirección General de Agricultura dentro de la Secretaría de Agricultura e Inmigración. Le atribuye funciones técnicas y de fomento de la producción, inspección y enseñanza agrícola, con instrumentos de experimentación y análisis. La medida especializa la administración pública destinada al desarrollo y conocimiento del sector agropecuario.
La Ley núm. 4911 establece un régimen para los bancos de emisión, hipotecarios y refaccionarios. Regula las autorizaciones de funcionamiento, los requisitos de capital, las operaciones permitidas y la vigilancia mediante interventores, además de prever reglas para la liquidación. Es un paso relevante en la organización jurídica de la actividad bancaria y de la supervisión estatal del crédito.
La Ley núm. 4915 regula las operaciones aduaneras de importación, exportación, tránsito, cabotaje y depósito. Define los puertos habilitados y las formalidades aplicables al movimiento de mercancías, y organiza los procedimientos para conocer las controversias aduaneras. La norma sistematiza el régimen de las aduanas y los puertos durante la vigencia de la convención dominico-estadounidense de 1907.
La Ley núm. 4916 regula el uso de las aguas fluviales para generar energía, atender actividades industriales y agrícolas y abastecer poblaciones mediante acueductos. Somete los proyectos al régimen de concesión del Poder Ejecutivo y exige condiciones técnicas y de protección de los aprovechamientos existentes. También contempla la utilidad pública y la posible adquisición de las obras por el Estado o los municipios.
La Ley núm. 4955 establece un nuevo régimen de exploración y explotación minera, basado en autorizaciones y concesiones. Comprende diversas sustancias, incluido el petróleo, y regula los derechos de los concesionarios, sus obligaciones y las causas de caducidad. La propiedad del terreno no dispensa de cumplir los requisitos legales para explotar los recursos del subsuelo.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.