Explora la historia del derecho dominicano desde 1844: constituciones, leyes, jurisprudencia e instituciones, con fechas y fuentes documentales.
Una expedición armada encabezada por Horacio Julio Ornes llegó a Luperón con el propósito de combatir la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. La acción constituyó un antecedente de las expediciones antitrujillistas posteriores y de la resistencia organizada desde el exilio.
La Ley núm. 2236 facultó al Poder Ejecutivo para conceder franquicias a determinadas empresas agrícolas, pecuarias y de transformación de materias primas nacionales. Prevé exenciones tributarias por hasta veinte años y mecanismos de adquisición de derechos inmobiliarios para obras vinculadas a esas actividades, bajo las condiciones de la ley.
La Ley núm. 2402 declaró de orden público la obligación de alimentar, vestir, mantener, educar y alojar a los hijos menores de dieciocho años, nacidos dentro o fuera del matrimonio. Estableció vías para exigir su cumplimiento y sanciones por incumplimiento, además de admitir la investigación de paternidad para esos fines.
La Ley núm. 2859 reguló la emisión, circulación y pago de los cheques. Estableció requisitos formales del título, reglas sobre endoso y presentación, acciones por falta de pago y sanciones aplicables a las infracciones previstas por la ley.
La Ley núm. 2909 reorganizó la enseñanza y la administración educativa. Distinguió la educación pública y particular, reguló sus ramas y estableció la obligatoriedad de la primaria para niños de siete a menos de catorce años donde existieran escuelas oficiales. Definió la orientación de la enseñanza a partir de principios cristianos y de la tradición hispánica.
La Ley núm. 2920 promulgó el primer Código de Trabajo dominicano, denominado oficialmente «Código Trujillo de Trabajo». Reunió normas sobre contratos, condiciones laborales y solución de conflictos entre trabajadores y empleadores. Consagró la irrenunciabilidad de derechos laborales y la conciliación previa, dentro del marco institucional de la dictadura.
La Ley núm. 3455 reorganizó el régimen municipal, con disposiciones sobre ayuntamientos, síndicos, regidores, servicios y administración local. Estableció atribuciones, reglas de funcionamiento y mecanismos de gestión de los bienes y recursos municipales.
La Ley núm. 3489 sistematizó el régimen aduanero dominicano. Reguló la entrada y salida de mercancías, las declaraciones y operaciones de despacho, las facultades de las autoridades aduaneras y las infracciones y sanciones correspondientes.
La Ley núm. 3726 sustituyó el régimen de casación de 1911 y reguló el recurso ante la Suprema Corte de Justicia. Organizó sus requisitos, tramitación y efectos, así como la actuación de la Corte para controlar la aplicación del derecho por los tribunales.
La República Dominicana y la Santa Sede firmaron un Concordato que reguló las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. Reconoció personalidad jurídica a entidades eclesiásticas, efectos civiles al matrimonio canónico y disposiciones sobre educación, asistencia religiosa y beneficios fiscales. Su texto original excluyó el divorcio civil para los matrimonios canónicos.
La Ley núm. 4115 creó la Corporación Dominicana de Electricidad y estableció su organización y atribuciones. La entidad asumió funciones estatales de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, dentro del proceso de reorganización del sector eléctrico.
La Constitución de 1955 restableció la Vicepresidencia y reorganizó aspectos del Poder Ejecutivo, incluidas sus facultades sobre las secretarías de Estado. Incorporó, además, la exaltación oficial de la «Era de Trujillo» al propio texto constitucional, expresión jurídica del culto a la personalidad del dictador.
La Ley núm. 4378 reguló la organización y actuación de las secretarías de Estado. Definió su relación con el presidente de la República, el nombramiento de sus titulares y sus funciones administrativas, dentro de un esquema de dirección y subordinación al Poder Ejecutivo.
Jesús de Galíndez, jurista, profesor de la Universidad de Columbia y crítico de la dictadura dominicana, desapareció en Nueva York. Las investigaciones posteriores vincularon su secuestro a agentes del régimen de Trujillo. El caso evidenció la dimensión internacional de la persecución contra sus opositores.
La Ley núm. 4471 promulgó el Código de Salud Pública, denominado oficialmente «Código Trujillo de Salud Pública». Sistematizó competencias sanitarias, medidas de prevención y control de enfermedades y reglas aplicables a servicios, establecimientos y actividades relacionadas con la salud. Su promulgación fue el 3 de junio de 1956.
La Ley núm. 4701 impuso la inscripción ante la Procuraduría General de personas que actuaran por cuenta de gobiernos, partidos u otras entidades extranjeras en los supuestos definidos por la norma. Reguló declaraciones, divulgación de propaganda, fiscalización y sanciones, con una definición amplia de las actividades sujetas a control.
La Ley núm. 4999 modificó disposiciones del Código Civil para fijar la mayoría de edad en dieciocho años. La reforma incidió en la capacidad civil y ajustó otras disposiciones relacionadas con la edad, modificando el umbral de veintiún años que regía anteriormente.
La Ley núm. 5038 estableció un sistema especial para dividir la propiedad de edificios en pisos, departamentos o locales, junto con derechos sobre elementos comunes. Reguló el consorcio de propietarios, la administración y los gastos compartidos, sentando la base del régimen dominicano de condominios.
El 14 de junio llegó a Constanza una expedición organizada por el Movimiento de Liberación Dominicana para combatir la dictadura. El 20 de junio desembarcaron otros grupos en Maimón y Estero Hondo. Las fuerzas del régimen derrotaron a los expedicionarios; la acción se convirtió en una referencia para la resistencia antitrujillista.
La reforma de 1959 sustituyó el procedimiento de revisión mediante una asamblea elegida específicamente para reformar la Constitución. Atribuyó esa función a la Asamblea Nacional integrada por senadores y diputados, previa ley de convocatoria y con las mayorías establecidas por el texto constitucional.
Se constituyó el Movimiento Revolucionario 14 de Junio como organización clandestina contra la dictadura, con Manuel Aurelio Tavárez Justo entre sus principales dirigentes. Su nombre recordó a los expedicionarios de 1959 y articuló a opositores al régimen dentro del país.
Los obispos dominicanos suscribieron una carta pastoral que reclamó respeto a la dignidad humana y a los derechos de las personas, ante la angustia de familias afectadas por la represión. El pronunciamiento marcó un enfrentamiento público entre el episcopado y la dictadura.
La reforma constitucional de junio de 1960 fijó en cuatro años el período presidencial, frente al período de cinco años del texto anterior. Fue una de las modificaciones institucionales realizadas durante la crisis final de la dictadura; mantuvo entonces la figura del vicepresidente.
La OEA condenó la intervención del Gobierno dominicano en el atentado del 24 de junio contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt. Acordó la ruptura de relaciones diplomáticas y una interrupción parcial de relaciones económicas, comenzando por el comercio de armas y material bélico. Las sanciones profundizaron el aislamiento internacional de la dictadura.
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, junto con su conductor Rufino de la Cruz, fueron asesinados por agentes del Servicio de Inteligencia Militar de la dictadura. Los responsables intentaron presentar el crimen como un accidente de tránsito. El hecho se convirtió en un símbolo de la represión estatal y de la resistencia al régimen.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.