La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La Orden Ejecutiva núm. 375 regula el matrimonio como institución civil fundada en el consentimiento. Reconoce las formas civil y religiosa con iguales efectos legales cuando cumplen los requisitos establecidos. Organiza la capacidad, celebración, documentación e inscripción del matrimonio en el estado civil.
La Orden Ejecutiva núm. 372 somete la entrada y permanencia de braceros extranjeros y sus familias a permisos, controles sanitarios y requisitos económicos. Emplea categorías raciales expresas para imponer restricciones y prevé multas, prisión y deportación. Refleja el carácter discriminatorio de parte de la regulación migratoria durante la ocupación.
La Orden Ejecutiva núm. 365 establece un Servicio Forestal y permite delimitar reservas forestales. Contempla la conservación de bosques, la prevención de incendios, la protección de corrientes de agua y suelos y los refugios de aves. Es un antecedente de la institucionalización de la protección ambiental en el país.
La Orden Ejecutiva núm. 338 promulga la Ley de Sanidad y crea la Secretaría de Estado de Sanidad y Beneficencia. Reorganiza la autoridad sanitaria nacional y regula la salud pública y la beneficencia. La entrada en vigor de sus disposiciones se distribuye entre su publicación y los primeros meses de 1920.
La Orden Ejecutiva núm. 312 regula el interés legal y convencional y sanciona la usura. Sustituye la ley de interés de 1910 y aplica el nuevo régimen a los contratos y actos posteriores a su promulgación y publicación. Constituye una referencia histórica central en la regulación del crédito y las obligaciones dinerarias.
La Orden Ejecutiva núm. 258 prohíbe barras, cepos y otros instrumentos de castigo que impidan caminar al preso. Restringe el uso de grillos y esposas a circunstancias especiales y al tiempo estrictamente necesario para su seguridad. Establece prisión y destitución para los funcionarios infractores.
La Orden Ejecutiva núm. 282 establece un impuesto sobre la propiedad con reglas de valoración, recaudación y revisión, ante la necesidad de reorganizar los ingresos municipales. La núm. 332 adopta nuevos aranceles de importación y exportación, aplicables desde enero de 1920. Ambas forman parte de la reorganización fiscal del gobierno militar.
La Orden Ejecutiva núm. 302 suprime la apelación en materia criminal y modifica el procedimiento penal. La núm. 366 elimina la Cámara de Calificación y transfiere al juez de instrucción la calificación de los procesos, con un mecanismo de oposición. Las reformas alteran tanto la revisión de las sentencias como el control de la fase preparatoria del juicio.
La Orden Ejecutiva núm. 246 establece una bonificación de una cuarta parte del tiempo de prisión correccional o criminal. El beneficio puede perderse por mala conducta y recuperarse por buena conducta. Dispone la liberación al cumplirse el plazo resultante, como antecedente de mecanismos de reducción de condena ligados al comportamiento penitenciario.
La Orden Ejecutiva núm. 201 reconoce expresamente a la mujer dominicana el derecho a ejercer la abogacía, siempre que posea los diplomas requeridos y cumpla los demás requisitos legales. Deroga las disposiciones contrarias a esa autorización y abre formalmente el ejercicio profesional jurídico a las mujeres.
Las órdenes ejecutivas núms. 198 y 199 someten la concesión del exequátur de abogado al informe favorable de la Suprema Corte de Justicia y regulan la disciplina profesional. También permiten solicitar la designación judicial de un abogado cuando ninguno acepte asumir la defensa, y sancionan el rechazo injustificado de esa designación. Constituyen antecedentes de control profesional y acceso a la justicia.
La Orden Ejecutiva núm. 197 reúne la tributación sobre artículos de producción nacional y determinados documentos. Regula la recaudación, fiscalización y sanciones, y sustituye disposiciones anteriores sobre alcoholes, estampillas y papel sellado en las materias que comprende. Su aplicación se escalona entre octubre de 1918 y enero de 1919.
La Orden Ejecutiva núm. 168 obliga a sostener, alimentar, vestir, educar y dar albergue a los hijos menores no emancipados, nacidos dentro o fuera del matrimonio. Permite investigar la paternidad para exigir esa obligación y sanciona penalmente su incumplimiento tras el requerimiento correspondiente. Es un antecedente relevante de la protección jurídica de la niñez y de las reclamaciones de alimentos.
La Orden Ejecutiva núm. 145 promulga las leyes Orgánica de Enseñanza Pública, de Dirección de la Enseñanza Pública, General de Estudios, de Enseñanza Universitaria y sobre el Seminario Conciliar. Junto con la Ley de Instrucción Obligatoria de 1917, integran el nuevo Código de Educación. La reforma reorganiza el sistema educativo bajo el gobierno militar.
La Orden Ejecutiva núm. 114 establece la educación primaria elemental obligatoria para niños y niñas de siete años cumplidos y menores de catorce, en los lugares donde existan escuelas oficiales que la impartan. Regula la inscripción, asistencia y responsabilidad de padres, tutores y autoridades escolares, con sanciones por incumplimiento.
La Orden Ejecutiva núm. 101 promulga normas para proteger las carreteras y regular la circulación de automóviles. Ordena el uso de las vías y establece obligaciones para conductores y propietarios, ante la expansión del transporte motorizado. Prevé su entrada en vigor general en enero de 1918, con disposiciones de aplicación posterior.
La Orden Ejecutiva núm. 89 regula la rendición de cuentas de quienes recaudan, administran o desembolsan bienes y fondos públicos. Define el desfalco y establece sanciones penales; precisa que la restitución de lo sustraído no exonera al responsable. Refuerza el control jurídico de los recursos del Estado durante la ocupación.
La Orden Ejecutiva núm. 66 dispone establecer reglas de servicio civil para uniformar la selección y los ascensos del personal del Gobierno. Constituye un antecedente de la profesionalización del empleo público, dentro de una administración sometida a la autoridad militar estadounidense.
La Orden Ejecutiva núm. 47 autoriza la Guardia Nacional Dominicana, concebida para sustituir al Ejército, la Marina y la Guardia Republicana. Asigna fondos para organizarla y dispone que su comandante sea estadounidense, junto con los oficiales que se consideren necesarios para instruirla. Establece una fuerza centralizada bajo el control del gobierno militar de ocupación.
La Orden Ejecutiva núm. 18 suspende las sesiones del Congreso y el ejercicio de los senadores y diputados cuyos mandatos no habían vencido. El gobierno militar invoca la falta de quórum, desconoce las elecciones realizadas bajo el gobierno dominicano anterior y condiciona la reunión del Congreso a nuevas elecciones. La medida consolida la sustitución del poder legislativo nacional por la autoridad de ocupación.
El 29 de noviembre, el capitán Harry S. Knapp proclama la ocupación y somete la República Dominicana a un gobierno militar estadounidense. Las leyes dominicanas continúan vigentes solo en cuanto no contradigan los fines de la ocupación; los tribunales ordinarios permanecen, con excepciones sometidas a la jurisdicción militar. La proclama dispone además que todas las rentas públicas se entreguen al gobierno militar. Culmina así la intervención iniciada en mayo. El Gobierno dominicano protesta formalmente el 4 de diciembre por la vulneración de la soberanía nacional.
El Reglamento núm. 5499 desarrolla la ejecución de la ley sobre división de terrenos comuneros. Precisa el contenido de las sentencias que ordenan la mensura y partición, la identificación y custodia de los títulos y las obligaciones de los notarios. También establece avisos públicos para dar a conocer las operaciones. Complementa el procedimiento de individualización de derechos sobre tierras comuneras.
El Congreso designa a Francisco Henríquez y Carvajal presidente interino de la República, ante la vacante de la Presidencia y en medio de la intervención militar estadounidense. La Ley núm. 5484 prevé un plazo de cinco meses para la revisión constitucional; si no se realiza, ordena convocar elecciones. La medida intenta restablecer la dirección civil del Estado durante la crisis de 1916.
La Receptoría General de Aduanas asume el cobro de todas las rentas dominicanas, incluidas las internas, y la función de realizar los pagos del Gobierno. El Consejo de Ministros protesta formalmente ese mismo día: sostiene que la Convención de 1907 no concede a Estados Unidos esa facultad. La medida amplía el control financiero extranjero en plena intervención militar y plantea un conflicto directo sobre la soberanía fiscal.
En mayo desembarcan fuerzas estadounidenses en medio del enfrentamiento entre el gobierno de Juan Isidro Jimenes y las fuerzas de Desiderio Arias. Los despachos diplomáticos del día 5 registran el desembarco de tropas del buque Prairie, presentado como protección de la legación. El 15 de mayo se comunica la ocupación militar de la ciudad de Santo Domingo y se exige al Congreso aplazar sus sesiones. Comienza así la intervención militar que culminará en noviembre con la imposición de un gobierno de ocupación.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.