La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La Ley núm. 146 establece el régimen de exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales, las concesiones y los derechos y obligaciones de sus titulares. Regula la fiscalización estatal y organiza la Dirección General de Minería, formando una base duradera del derecho minero dominicano.
La Ley núm. 142 modifica la Ley de Divorcio núm. 1306-bis. Regula el otorgamiento de poderes por dominicanos residentes en el extranjero y permite el divorcio por mutuo consentimiento de extranjeros no residentes, con comparecencia de al menos uno de los cónyuges y atribución expresa de competencia al tribunal. Establece plazos especiales para este último procedimiento.
La Ley núm. 123 somete la extracción, remoción y dragado de arena, grava, gravilla y piedra para uso comercial o industrial a un régimen de concesiones y permisos, con las excepciones previstas en su texto. Ordena considerar los efectos sobre ríos, costas, terrenos y obras públicas, e incorpora controles y sanciones como antecedente de la regulación ambiental de esta actividad.
La Ley núm. 112 obliga a remitir a la Biblioteca Nacional ejemplares de publicaciones producidas en el país. Comprende publicaciones periódicas, libros y otros impresos, y dispone también la entrega de grabaciones fonográficas. Establece una obligación de conservación del patrimonio documental nacional.
La Ley núm. 70 creó la Autoridad Portuaria Dominicana como organismo autónomo y descentralizado del Estado. Le atribuyó funciones de dirección y administración de los puertos marítimos comerciales y de coordinación de sus servicios, consolidando una autoridad especializada en la actividad portuaria.
El ingeniero y dirigente estudiantil Amín Abel Hasbún fue asesinado después de ser apresado en su residencia. Su muerte se convirtió en un caso emblemático de la represión política durante el gobierno de Joaquín Balaguer y de las demandas de protección de la vida y las libertades públicas.
La Ley núm. 583 estableció un régimen penal especial contra el secuestro en sus distintas modalidades. La norma reforzó la persecución y sanción de la privación de libertad utilizada para imponer exigencias o condiciones, dentro del ordenamiento penal de la época.
Joaquín Balaguer fue reelegido presidente y Carlos Rafael Goico Morales resultó elegido vicepresidente para el período 1970–1974. El Partido Revolucionario Dominicano se abstuvo de participar. Los resultados prolongaron la continuidad del gobierno iniciado en 1966, dentro del ciclo histórico conocido como los Doce Años.
Manuel Ramón Ruiz Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió temporalmente el Poder Ejecutivo durante la licencia del presidente Joaquín Balaguer y del vicepresidente. La sustitución se apoyó en el artículo 58 de la Constitución y tuvo lugar durante el proceso electoral de 1970.
La Ley núm. 541 declaró de interés nacional la promoción estatal del turismo y organizó la Dirección Nacional de Turismo. Reguló funciones de planificación, promoción y supervisión de la actividad turística, así como servicios y establecimientos vinculados al sector.
La Ley núm. 526 creó el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) para intervenir en la comercialización de productos agropecuarios y contribuir a estabilizar sus precios. Le asignó instrumentos de compra, almacenamiento y venta orientados a proteger la producción y el abastecimiento.
La Ley núm. 531 organizó la formulación, aprobación, ejecución y control del presupuesto del sector público. Estableció reglas comunes para la administración presupuestaria y articuló las funciones de la oficina de presupuesto con las de los organismos responsables de los ingresos y gastos públicos.
La Ley núm. 492 declaró Ciudad Colonial de Santo Domingo de Guzmán la zona delimitada previamente en 1967 y definió una zona monumental. Reguló la conservación y restauración de monumentos nacionales, así como incentivos para propietarios que restauraran inmuebles conforme a las directrices de Patrimonio Cultural.
En 1969 comenzó a operar en La Romana la primera zona franca industrial del país, impulsada por Gulf and Western. La experiencia abrió una nueva etapa de producción manufacturera para la exportación bajo un régimen especial de incentivos y organización industrial.
La Ley núm. 318 estableció el marco de protección del patrimonio monumental, artístico, documental y folclórico dominicano. Reconoció distintas clases de bienes culturales y sentó las bases jurídicas para su conservación y la intervención de los organismos públicos competentes.
La Ley núm. 305 modificó la legislación sobre vías de comunicación y amplió a sesenta metros la franja de la zona marítima del dominio público. La disposición constituyó una referencia jurídica para la delimitación y protección del espacio costero y para las restricciones a su ocupación.
La Ley núm. 299 estableció un sistema de clasificación de industrias y beneficios fiscales para promover la inversión y la producción industrial. Su régimen incluyó actividades destinadas a la exportación y contribuyó a configurar el marco de incentivos del desarrollo manufacturero dominicano.
La Ley núm. 241 estableció un régimen general para la circulación de vehículos de motor, las licencias de conducir, el registro vehicular y las infracciones de tránsito. Organizó obligaciones de conductores y propietarios y reglas de responsabilidad, y fue una referencia central de la legislación vial durante décadas.
La Asamblea Revisora proclamó la Constitución que sustituyó el régimen transitorio del Acto Institucional de 1965. El texto reorganizó los poderes públicos, mantuvo amplias atribuciones presidenciales y permitió la reelección inmediata. Estableció un período presidencial de cuatro años y permaneció como marco constitucional hasta la reforma de 1994.
Salieron de Santo Domingo los últimos contingentes de la Fuerza Interamericana de Paz. El retiro puso fin a la presencia militar extranjera iniciada durante la crisis de abril de 1965, después de las elecciones y de la instalación del gobierno constitucional de 1966.
Joaquín Balaguer tomó posesión de la Presidencia y concluyó el gobierno provisional de Héctor García Godoy. El período constitucional iniciado ese día se extendió hasta el 16 de agosto de 1970, conforme a las disposiciones transitorias de la Constitución de noviembre de 1966.
La Ley núm. 257 creó la Oficina de Defensa Civil, dependiente del Poder Ejecutivo y con jurisdicción nacional. Organizó la preparación y respuesta ante emergencias y desastres para proteger la vida, la propiedad y los servicios esenciales, con participación de organismos públicos y personal voluntario.
Joaquín Balaguer, candidato del Partido Reformista, ganó las elecciones presidenciales frente a Juan Bosch. Los comicios se celebraron bajo el gobierno provisional de Héctor García Godoy y mientras permanecían fuerzas extranjeras en el país, como parte de la salida institucional de la crisis de 1965.
La Ley núm. 173 estableció protección para los agentes y concesionarios que representaban mercaderías, productos o servicios de empresas extranjeras. Reguló la terminación sin justa causa de esas relaciones comerciales y la indemnización correspondiente, con efectos en los contratos de distribución y representación.
La Ley núm. 10 suprimió la Secretaría de Estado de la Presidencia y la sustituyó por un Secretariado Administrativo y un Secretariado Técnico. Separó el despacho administrativo de las tareas técnicas de apoyo al Poder Ejecutivo y remitió su organización y atribuciones a reglamentos posteriores.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.