La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La Ley núm. 6 creó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), con competencias sobre estudio, aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos. La institución concentró funciones relacionadas con obras hidráulicas y riego, dentro de la reorganización administrativa del gobierno provisional.
El Acto Institucional organizó el gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy y le atribuyó funciones ejecutivas y legislativas dentro de un régimen transitorio. Reconoció derechos fundamentales y ordenó celebrar elecciones entre seis y nueve meses después de su entrada en vigor.
El Acta de Reconciliación estableció las bases del arreglo político para superar la guerra civil, mediante un gobierno provisional, garantías para los participantes en el conflicto y medidas de pacificación. El documento contempló el desarme y gestiones para el retiro de la Fuerza Interamericana de Paz.
Tropas estadounidenses desembarcaron en Santo Domingo durante la guerra civil iniciada el 24 de abril. La intervención internacionalizó el conflicto constitucional dominicano; posteriormente se estableció una Fuerza Interamericana de Paz bajo la Organización de los Estados Americanos.
Un levantamiento cívico-militar reclamó el restablecimiento de la Constitución de 1963 y el retorno del gobierno depuesto de Juan Bosch. La insurrección contra el Triunvirato dio lugar a una guerra civil, en la que el sector constitucionalista fue encabezado posteriormente por Francisco Alberto Caamaño Deñó. La intervención militar estadounidense del 28 de abril añadió una dimensión internacional al conflicto.
La Ley núm. 483 reorganizó la venta de bienes muebles con reserva de propiedad hasta el cumplimiento de las condiciones pactadas. Reguló la inscripción del contrato y los procedimientos de recuperación del bien y ajuste de cuentas, con especial incidencia en las ventas a crédito.
La Ley núm. 302 estableció un régimen especial para la remuneración de los servicios profesionales de los abogados, con tarifas y mecanismos de liquidación y cobro. La regulación de honorarios y gastos adquirió una importancia duradera en las relaciones entre abogados, clientes y tribunales.
La Ley núm. 301 reorganizó el ejercicio del notariado, los requisitos y deberes de los notarios y las formalidades de los actos auténticos. Reguló protocolos, conservación de documentos y honorarios, sustituyendo la legislación notarial de 1927.
La Ley núm. 196 creó el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) como dependencia del Poder Ejecutivo. La norma dio una nueva base orgánica al servicio estatal de investigaciones e inteligencia durante el gobierno de facto del Triunvirato.
La Ley núm. 127 reguló la constitución, reconocimiento, administración y disolución de las sociedades cooperativas. Estableció sus órganos de gobierno, fondos y reglas de funcionamiento, y vinculó su supervisión al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo.
La Ley núm. 31 creó el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), encargado de fomentar y apoyar la organización de cooperativas. Estableció una institución especializada para su promoción, asistencia y financiamiento, dentro de la estructura pública de desarrollo económico y social.
Un golpe militar derrocó al presidente Juan Bosch, disolvió el Congreso y dejó sin efecto la Constitución de abril de 1963. Los mandos militares dieron paso a un gobierno civil de facto conocido como el Triunvirato. La ruptura institucional originó la reclamación de restaurar el gobierno y el orden constitucional depuestos.
La Asamblea Revisora proclamó una Constitución que desarrolló derechos laborales, educativos, de salud y protección de la familia, y reconoció la plena capacidad civil de la mujer casada. Su orientación social incluyó disposiciones sobre propiedad y desarrollo económico. Fue dejada sin efecto por el golpe de Estado de septiembre y su restitución se convirtió en una demanda central del movimiento constitucionalista de 1965.
Juan Bosch asumió la Presidencia como resultado de las elecciones del 20 de diciembre de 1962. La instalación del gobierno elegido puso fin al Consejo de Estado e inició una etapa constitucional que sería interrumpida por el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963.
La Ley núm. 6186 reorganizó el marco del crédito agrícola e incorporó mecanismos de garantía y recuperación de préstamos. Sus disposiciones sobre prenda sin desapoderamiento y ejecución hipotecaria tuvieron especial importancia en el financiamiento agropecuario y en la práctica procesal dominicana.
En las primeras elecciones democráticas celebradas después de la dictadura de Trujillo, Juan Bosch, candidato del Partido Revolucionario Dominicano, obtuvo la presidencia. Los comicios organizados durante el Consejo de Estado abrieron paso al gobierno constitucional que tomó posesión en febrero de 1963.
La Ley núm. 6132 reguló la publicación de impresos, el funcionamiento de la prensa y las responsabilidades derivadas de la difusión del pensamiento. Estableció reglas sobre dirección de publicaciones, derecho de respuesta, infracciones de prensa y procedimientos, dentro de la reorganización jurídica posterior a la dictadura.
El Consejo de Estado, actuando como Asamblea Nacional, proclamó una reforma que restableció la vicepresidencia y prohibió la reelección presidencial inmediata. El texto preparó la transición al gobierno electo y dispuso que los diputados escogidos en diciembre integraran la Asamblea Revisora de la siguiente Constitución.
La Ley núm. 5994 creó el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) como institución pública autónoma. Le asignó funciones de planificación y administración de los servicios de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas residuales, vinculando infraestructura y salud pública.
La Ley núm. 5894 creó el Banco Nacional de la Vivienda como institución orientada al financiamiento habitacional y al desarrollo del sistema de ahorro y préstamo. La norma incorporó una estructura especializada para canalizar recursos hacia la adquisición y construcción de viviendas.
La Ley núm. 5879 instituyó el régimen de reforma agraria y creó el Instituto Agrario Dominicano (IAD) como organismo encargado de ejecutarlo. Estableció instrumentos para incorporar tierras a los programas de distribución y asentamiento campesino.
La Ley núm. 5785 dispuso la confiscación en favor del Estado de bienes y derechos pertenecientes a las personas de la familia Trujillo identificadas por la norma. La medida reorganizó una parte sustancial del patrimonio económico acumulado durante la dictadura y estableció excepciones sujetas a prueba.
Se instaló el Consejo de Estado de siete miembros, inicialmente presidido por Joaquín Balaguer, para conducir la transición y organizar elecciones. Tras los golpes y contragolpes de enero, el organismo fue restablecido bajo la presidencia de Rafael F. Bonnelly.
La Ley núm. 5778 reconoció a la Universidad de Santo Domingo autonomía y personalidad jurídica, con facultad para organizar su gobierno y funcionamiento. Constituyó la base legal de la autonomía universitaria y de una nueva relación entre la institución y el Estado.
La reforma dispuso que un Consejo de Estado asumiera temporalmente las atribuciones ejecutivas y legislativas, y fijó las bases para organizar elecciones generales en 1962. El mecanismo sustituyó provisionalmente el funcionamiento ordinario del Congreso durante la transición posterior a la dictadura.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.