La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La Ley núm. 127 reguló la constitución, reconocimiento, administración y disolución de las sociedades cooperativas. Estableció sus órganos de gobierno, fondos y reglas de funcionamiento, y vinculó su supervisión al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo.
La Ley núm. 31 creó el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), encargado de fomentar y apoyar la organización de cooperativas. Estableció una institución especializada para su promoción, asistencia y financiamiento, dentro de la estructura pública de desarrollo económico y social.
Un golpe militar derrocó al presidente Juan Bosch, disolvió el Congreso y dejó sin efecto la Constitución de abril de 1963. Los mandos militares dieron paso a un gobierno civil de facto conocido como el Triunvirato. La ruptura institucional originó la reclamación de restaurar el gobierno y el orden constitucional depuestos.
La Asamblea Revisora proclamó una Constitución que desarrolló derechos laborales, educativos, de salud y protección de la familia, y reconoció la plena capacidad civil de la mujer casada. Su orientación social incluyó disposiciones sobre propiedad y desarrollo económico. Fue dejada sin efecto por el golpe de Estado de septiembre y su restitución se convirtió en una demanda central del movimiento constitucionalista de 1965.
Juan Bosch asumió la Presidencia como resultado de las elecciones del 20 de diciembre de 1962. La instalación del gobierno elegido puso fin al Consejo de Estado e inició una etapa constitucional que sería interrumpida por el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963.
La Ley núm. 6186 reorganizó el marco del crédito agrícola e incorporó mecanismos de garantía y recuperación de préstamos. Sus disposiciones sobre prenda sin desapoderamiento y ejecución hipotecaria tuvieron especial importancia en el financiamiento agropecuario y en la práctica procesal dominicana.
En las primeras elecciones democráticas celebradas después de la dictadura de Trujillo, Juan Bosch, candidato del Partido Revolucionario Dominicano, obtuvo la presidencia. Los comicios organizados durante el Consejo de Estado abrieron paso al gobierno constitucional que tomó posesión en febrero de 1963.
La Ley núm. 6132 reguló la publicación de impresos, el funcionamiento de la prensa y las responsabilidades derivadas de la difusión del pensamiento. Estableció reglas sobre dirección de publicaciones, derecho de respuesta, infracciones de prensa y procedimientos, dentro de la reorganización jurídica posterior a la dictadura.
El Consejo de Estado, actuando como Asamblea Nacional, proclamó una reforma que restableció la vicepresidencia y prohibió la reelección presidencial inmediata. El texto preparó la transición al gobierno electo y dispuso que los diputados escogidos en diciembre integraran la Asamblea Revisora de la siguiente Constitución.
La Ley núm. 5994 creó el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) como institución pública autónoma. Le asignó funciones de planificación y administración de los servicios de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas residuales, vinculando infraestructura y salud pública.
La Ley núm. 5894 creó el Banco Nacional de la Vivienda como institución orientada al financiamiento habitacional y al desarrollo del sistema de ahorro y préstamo. La norma incorporó una estructura especializada para canalizar recursos hacia la adquisición y construcción de viviendas.
La Ley núm. 5879 instituyó el régimen de reforma agraria y creó el Instituto Agrario Dominicano (IAD) como organismo encargado de ejecutarlo. Estableció instrumentos para incorporar tierras a los programas de distribución y asentamiento campesino.
La Ley núm. 5785 dispuso la confiscación en favor del Estado de bienes y derechos pertenecientes a las personas de la familia Trujillo identificadas por la norma. La medida reorganizó una parte sustancial del patrimonio económico acumulado durante la dictadura y estableció excepciones sujetas a prueba.
Se instaló el Consejo de Estado de siete miembros, inicialmente presidido por Joaquín Balaguer, para conducir la transición y organizar elecciones. Tras los golpes y contragolpes de enero, el organismo fue restablecido bajo la presidencia de Rafael F. Bonnelly.
La Ley núm. 5778 reconoció a la Universidad de Santo Domingo autonomía y personalidad jurídica, con facultad para organizar su gobierno y funcionamiento. Constituyó la base legal de la autonomía universitaria y de una nueva relación entre la institución y el Estado.
La reforma dispuso que un Consejo de Estado asumiera temporalmente las atribuciones ejecutivas y legislativas, y fijó las bases para organizar elecciones generales en 1962. El mecanismo sustituyó provisionalmente el funcionamiento ordinario del Congreso durante la transición posterior a la dictadura.
Un levantamiento de oficiales de la aviación contribuyó a impedir que la familia Trujillo conservara el control militar después de la muerte del dictador. La acción formó parte de las presiones militares y sociales que aceleraron la salida de sus familiares y la transición institucional.
Rafael Leónidas Trujillo murió en una emboscada en la carretera hacia San Cristóbal, en una acción organizada por un grupo de opositores. Su muerte puso fin a su dominio personal, ejercido desde 1930, pero no desmanteló de inmediato el aparato de la dictadura. Abrió una etapa de lucha por la transformación del régimen y la recuperación de las libertades públicas.
La reforma de diciembre de 1960 suprimió la Vicepresidencia de la República y reorganizó las reglas de sucesión presidencial. Atribuyó funciones provisionales al presidente de la Suprema Corte de Justicia en los supuestos previstos y reservó a la Asamblea Nacional la elección del sustituto cuando correspondiera.
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, junto con su conductor Rufino de la Cruz, fueron asesinados por agentes del Servicio de Inteligencia Militar de la dictadura. Los responsables intentaron presentar el crimen como un accidente de tránsito. El hecho se convirtió en un símbolo de la represión estatal y de la resistencia al régimen.
La OEA condenó la intervención del Gobierno dominicano en el atentado del 24 de junio contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt. Acordó la ruptura de relaciones diplomáticas y una interrupción parcial de relaciones económicas, comenzando por el comercio de armas y material bélico. Las sanciones profundizaron el aislamiento internacional de la dictadura.
La reforma constitucional de junio de 1960 fijó en cuatro años el período presidencial, frente al período de cinco años del texto anterior. Fue una de las modificaciones institucionales realizadas durante la crisis final de la dictadura; mantuvo entonces la figura del vicepresidente.
Los obispos dominicanos suscribieron una carta pastoral que reclamó respeto a la dignidad humana y a los derechos de las personas, ante la angustia de familias afectadas por la represión. El pronunciamiento marcó un enfrentamiento público entre el episcopado y la dictadura.
Se constituyó el Movimiento Revolucionario 14 de Junio como organización clandestina contra la dictadura, con Manuel Aurelio Tavárez Justo entre sus principales dirigentes. Su nombre recordó a los expedicionarios de 1959 y articuló a opositores al régimen dentro del país.
La reforma de 1959 sustituyó el procedimiento de revisión mediante una asamblea elegida específicamente para reformar la Constitución. Atribuyó esa función a la Asamblea Nacional integrada por senadores y diputados, previa ley de convocatoria y con las mayorías establecidas por el texto constitucional.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.