La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La Ley núm. 1305 establece cuatro cortes de apelación: dos con asiento en Santo Domingo, una en Santiago y otra en La Vega. Distribuye sus jurisdicciones y dispone su composición, con un presidente y cuatro jueces por corte.
Los comicios se celebran tras la retirada de la oposición, en un ambiente de intimidación documentado por la representación diplomática estadounidense. La candidatura de Rafael Trujillo y Rafael Estrella Ureña resulta declarada vencedora. El proceso electoral prepara el acceso de Trujillo a la Presidencia el 16 de agosto.
La Ley núm. 1247 del 30 de enero modifica la integración y actuación de organismos electorales y exige la separación de determinados funcionarios que sean candidatos. La Ley núm. 1274 del 10 de abril establece reglas transitorias para los comicios del 16 de mayo y fija una Junta Central Electoral de tres miembros.
El levantamiento iniciado en Santiago, encabezado por Rafael Estrella Ureña y favorecido por la actuación del Ejército bajo Rafael Trujillo, precipita la salida de Horacio Vásquez. Tras negociaciones y renuncias, Estrella Ureña asume la presidencia provisional el 3 de marzo, abriendo la transición hacia las elecciones de mayo.
La Ley núm. 1231 modifica la Ley de Registro de Tierras. Dispone la remisión de copias de fallos del Tribunal Superior de Tierras a litigantes y abogados, exige informes sobre gravámenes inscritos y regula actuaciones relativas al registro y transferencia de derechos.
La Ley núm. 1227 establece vías y requisitos para adquirir la nacionalidad dominicana por naturalización según el domicilio, la residencia y otras condiciones del solicitante. Regula la solicitud, la carta y el juramento, sanciona el uso de documentos falsos y deroga expresamente la Ley núm. 61 de 1924.
La Resolución núm. 1223 aprueba el Código Sanitario Panamericano, firmado en 1924, junto con sus instrumentos complementarios. Refuerza la cooperación internacional para prevenir la propagación de enfermedades y coordinar medidas sanitarias compatibles con el comercio y las comunicaciones marítimas.
La reforma elimina la prohibición de reelección presidencial inmediata. En materia de nacionalidad reconoce el nacimiento en territorio dominicano, con la excepción textual de los hijos legítimos de extranjeros en representación diplomática o de tránsito. Mantiene disposiciones transitorias sobre los mandatos que concluían en 1930.
La Resolución núm. 1155 aprueba el Tratado General de Arbitraje Interamericano y el Protocolo de Arbitraje Progresivo. Estos instrumentos promueven la solución arbitral de controversias internacionales de carácter jurídico, dentro de las condiciones y excepciones previstas en sus disposiciones.
La Ley núm. 1144 organiza el servicio civil clasificado del gobierno nacional y municipal y crea una comisión encargada de exámenes, registros y consultas sobre nombramientos, ascensos y destituciones. Su reglamento del 20 de diciembre desarrolla el funcionamiento de la comisión y los procedimientos de ingreso.
La Ley núm. 1114 crea la Oficina de Contabilidad General, independiente de los departamentos administrativos y dirigida por un Contralor y Auditor General. Reorganiza el control y la contabilidad de los recursos públicos, con una implantación gradual que debía completarse a más tardar el 1 de enero de 1930.
Las leyes núms. 1111, 1112 y 1113 reorganizan la preparación del presupuesto, la evaluación de mejoras públicas y la administración de la Hacienda. Establecen funciones del Director del Presupuesto y de la Junta de Mejoras Públicas, y regulan las atribuciones sobre ingresos, desembolsos y bienes estatales.
Ambas repúblicas suscriben un tratado de paz, amistad perpetua y arbitraje que complementa el acuerdo de delimitación fronteriza. Establece compromisos bilaterales para conservar relaciones pacíficas y resolver controversias. El Congreso dominicano lo aprueba mediante la Resolución núm. 1096, promulgada el 14 de marzo de 1929.
La República Dominicana y Haití firman un tratado que define la línea fronteriza y establece comisiones para su demarcación y la solución de desacuerdos. Fue aprobado mediante la Resolución núm. 1087 del 8 de febrero; las ratificaciones se intercambiaron el 29 de abril de 1929.
La reforma del artículo 3 permite modificar la frontera occidental mediante un tratado con Haití aprobado por el Congreso o por arbitraje acordado conforme a la Constitución. Proporciona la base constitucional para negociar la solución de la controversia fronteriza.
La Ley núm. 1072 establece un régimen general de circulación por las vías públicas. Regula licencias, vehículos y conductores, fija obligaciones y sanciones y ordena el tránsito en un contexto de expansión del transporte motorizado.
La Resolución núm. 1055 aprueba la Convención de Derecho Internacional Privado y su Código Bustamante, con las reservas formuladas por la delegación dominicana. El instrumento establece reglas para conflictos de leyes y relaciones jurídicas internacionales en materias civiles, comerciales, penales y procesales.
La Ley núm. 1051 obliga al padre en primer término y luego a la madre a alimentar, vestir, sostener, educar y alojar a sus hijos menores de dieciocho años, nacidos dentro o fuera del matrimonio. Prevé intervención del Ministerio Público y sanciones por incumplimiento pese a disponer de medios.
La Ley núm. 1024 permite constituir un inmueble inembargable en beneficio propio, del cónyuge o de los herederos reservatarios. Regula los bienes admisibles, las formalidades y condiciones de su constitución y sus efectos, creando una protección especial para el patrimonio familiar.
La Ley núm. 961 regula la distribución de aguas para la agricultura. Establece que, en regiones áridas o semiáridas, las aguas superficiales no pertenecen exclusivamente a los propietarios ribereños y pueden distribuirse para regar otros terrenos, dentro de las condiciones y límites fijados por la ley.
La Ley núm. 944 declara reservas forestales determinados terrenos del Estado y protege cumbres, riberas y nacimientos de ríos y arroyos. Prohíbe desmontes, talas y cultivos en las zonas señaladas, establece sanciones y prevé medidas de repoblación de bosques.
La Ley núm. 928 convierte el cuerpo de Policía Nacional en Ejército Nacional. Le transfiere las funciones policiales y demás atribuciones del cuerpo anterior mientras se disponga otra cosa, y faculta al Poder Ejecutivo para reglamentar su organización y disciplina.
La Resolución núm. 912 aprueba el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, con sus revisiones hasta La Haya de 1925. Refuerza el marco internacional de protección de patentes, marcas, nombres comerciales y otros derechos industriales.
La Ley núm. 821 organiza los tribunales y sus funcionarios, regula las condiciones e incompatibilidades del servicio judicial y distribuye competencias. Incluye reglas sobre el Ministerio Público, auxiliares de justicia, disciplina y funcionamiento de las cortes y juzgados, convirtiéndose en una referencia central de la organización judicial dominicana.
La Ley núm. 770 regula el ejercicio del notariado y la formación, conservación e identificación de los instrumentos y protocolos notariales. Establece obligaciones para los notarios y reglas sobre sus honorarios, proporcionando un marco general para la documentación auténtica de los actos jurídicos.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.