La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La Ley núm. 685 organiza el Poder Ejecutivo en ocho secretarías de Estado, incluida la de la Presidencia, y establece tres subsecretarías. Define la estructura administrativa superior del gobierno y dispone recursos para el funcionamiento de la Secretaría de la Presidencia.
La reforma mantiene el período presidencial ordinario de cuatro años, pero sus disposiciones transitorias fijan en 1930 la terminación de los mandatos entonces vigentes. Prorroga expresamente los de los diputados y el vicepresidente, consolidando la continuidad del gobierno de Horacio Vásquez y unificando las siguientes elecciones.
La Resolución núm. 584 aprueba el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional y la cláusula facultativa anexa a su protocolo, suscritos por el delegado dominicano Jacinto R. de Castro. El acto fortalece la participación del país en los mecanismos de solución judicial de controversias internacionales de la Sociedad de las Naciones.
La Resolución núm. 476 aprueba las Convenciones de Ginebra de 1864 y 1906 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña. Sus reglas protegen a los heridos, al personal sanitario y a los establecimientos de asistencia, constituyendo un paso relevante en la incorporación del derecho internacional humanitario.
La Ley núm. 412 dispone la supresión de los consejos provinciales a partir del 16 de agosto de 1926 y concentra el gobierno provincial en los gobernadores civiles. Justifica el cambio por las limitaciones financieras y los conflictos con los ayuntamientos. Pone fin al ensayo de gobierno provincial colegiado establecido en 1923.
La Ley núm. 386 reorganiza el sufragio, las juntas y el procedimiento electoral. Establece cinco miembros no políticos en la Junta Central Electoral, incluidos el presidente de la Suprema Corte de Justicia y su primer sustituto, además de la representación partidaria prevista por la ley. Define a la Junta como tribunal supremo en materia electoral.
La Ley núm. 259 deroga la Ley de Insolvencia dictada por la Orden Ejecutiva núm. 759 y las órdenes núms. 699 y 718. Restablece los artículos 437 a 648 del Código de Comercio y mantiene el régimen anterior para las quiebras e insolvencias ya declaradas o en curso, preservando la continuidad de sus liquidaciones.
La Ley núm. 194 crea una comisión de tres jurisconsultos para examinar los códigos nacionales y las órdenes ejecutivas que los modificaron. Su encargo consiste en proponer reformas al Congreso por mediación del Poder Ejecutivo, dentro del proceso de revisión del ordenamiento posterior a la ocupación.
La Ley núm. 175 impone el cierre de establecimientos comerciales, industriales y fabriles y de oficinas públicas los domingos y días de fiesta legal. Fija también horarios de cierre en días laborables y establece numerosas excepciones por actividad. Constituye un antecedente de la regulación del descanso, sin equivaler todavía a un régimen general de jornada laboral.
La Ley núm. 155 deroga la Orden Ejecutiva núm. 471 y restablece, con modificaciones, la Ley de Minas de 1910, su reglamento y las enmiendas de 1914. Distingue las sustancias sujetas a concesión de aquellas que el propietario del suelo puede explotar libremente.
Se firma una nueva convención financiera con Estados Unidos, destinada a sustituir la de 1907 tras su ratificación. Mantiene un receptor de aduanas designado por el presidente estadounidense, vincula la recaudación al servicio de la deuda y condiciona nuevos aumentos de deuda al acuerdo entre ambos gobiernos. La convención entra en vigor con el canje de ratificaciones del 24 de octubre de 1925.
La Ley núm. 77 declara de utilidad pública la colonización de las regiones fronterizas con Haití y crea una comisión para formular el plan. Privilegia expresamente inmigrantes españoles, canarios, baleares o hispanoamericanos blancos, reflejando los criterios raciales que entonces orientaban esta política de poblamiento fronterizo.
La Ley núm. 68 regula el matrimonio como institución civil fundada en el consentimiento. Organiza los requisitos de capacidad, impedimentos, celebración y registro, y sustituye las órdenes ejecutivas núms. 239, 335, 361 y 375. Reordena así esta materia del derecho de familia después de la ocupación.
Tras la prohibición constitucional de la pena de muerte, la Ley núm. 64 dispone que los crímenes antes castigados con ella se sancionen con treinta años de trabajos públicos. Cuando se admitan circunstancias atenuantes, fija un mínimo de veinte años. La ley adapta la legislación penal a la garantía de inviolabilidad de la vida recogida en la Constitución de 1924.
La Ley núm. 61 establece los requisitos y el procedimiento para que extranjeros obtengan la nacionalidad dominicana. Distingue supuestos de domicilio autorizado, residencia prolongada, vínculos familiares y actividades económicas; regula la solicitud al Poder Ejecutivo, la expedición de la carta y el juramento de fidelidad a la República.
La República Dominicana ingresa en la Sociedad de las Naciones después del restablecimiento del gobierno constitucional. Su incorporación amplía la participación del país en la cooperación y la diplomacia multilateral de la posguerra.
La Ley núm. 5 reconoce la validez de las órdenes, resoluciones, reglamentos y contratos de la ocupación enumerados en su texto, así como sus efectos sobre rentas, gastos y derechos de terceros. También regula la continuidad de disposiciones del gobierno provisional. Es una pieza central de la incorporación del legado jurídico de la ocupación al ordenamiento del gobierno constitucional.
Horacio Vásquez asume la Presidencia tras el proceso electoral de 1924 y concluye el gobierno de ocupación estadounidense. La restitución de las autoridades constitucionales culmina la transición organizada mediante el Plan Hughes-Peynado. La recuperación del gobierno civil no elimina la supervisión estadounidense de las aduanas y la deuda pública.
La Constitución de 1924 acompaña el restablecimiento del gobierno constitucional tras la ocupación. Prohíbe la pena de muerte y las penas que lesionen la integridad física, incorpora la Junta Central Electoral al texto constitucional y establece la elección directa de las autoridades de elección popular. Refuerza así las garantías individuales y la organización electoral de la República.
La Ley Electoral núm. 35, del 8 de marzo de 1923, crea una Junta Central Electoral permanente y una estructura de juntas provinciales, municipales y mesas electorales. El 12 de abril se instala la institución, fecha conmemorada como su aniversario. Su establecimiento especializa la administración de los comicios durante la transición hacia el gobierno constitucional.
La Ley núm. 37 establece el régimen de las comunes como entidades con personalidad jurídica, administración y autoridades propias. Ordena las atribuciones de los ayuntamientos, sus recursos y servicios, y sustituye la Ley de Organización Comunal de 1913 y varias órdenes de la ocupación.
La Ley núm. 34 reconoce personalidad jurídica a las provincias y encomienda su gobierno a un gobernador y un consejo provincial elegidos por sufragio de primer grado. Regula sus atribuciones, recursos y presupuesto, sustituyendo la legislación provincial de 1882 en el contexto de la transición posterior al gobierno militar.
El Decreto núm. 2 mantiene vigentes las órdenes y resoluciones ejecutivas, reglamentos administrativos y contratos del gobierno militar que no hubieran sido abrogados. La medida evita una ruptura inmediata del ordenamiento durante la transición y reserva a los poderes regulares de la República la decisión definitiva sobre su validación.
Se instala el gobierno provisional encargado de conducir la transición prevista en el Plan Hughes-Peynado. Recibe funciones administrativas y la responsabilidad de preparar la legislación electoral, reorganizar las provincias y los municipios y facilitar la recuperación del régimen constitucional. Las fuerzas estadounidenses permanecen en el país durante esta etapa de transición.
Las órdenes ejecutivas núms. 793 y 794 disponen el restablecimiento de los juzgados de primera instancia de Samaná, El Seibo, Espaillat y Barahona y de la Corte de Apelación de La Vega. Se recupera la división en doce distritos judiciales, uno por provincia, y se organiza la devolución de expedientes a los tribunales restablecidos.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.