La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La Ley núm. 155 deroga la Orden Ejecutiva núm. 471 y restablece, con modificaciones, la Ley de Minas de 1910, su reglamento y las enmiendas de 1914. Distingue las sustancias sujetas a concesión de aquellas que el propietario del suelo puede explotar libremente.
Se firma una nueva convención financiera con Estados Unidos, destinada a sustituir la de 1907 tras su ratificación. Mantiene un receptor de aduanas designado por el presidente estadounidense, vincula la recaudación al servicio de la deuda y condiciona nuevos aumentos de deuda al acuerdo entre ambos gobiernos. La convención entra en vigor con el canje de ratificaciones del 24 de octubre de 1925.
La Ley núm. 77 declara de utilidad pública la colonización de las regiones fronterizas con Haití y crea una comisión para formular el plan. Privilegia expresamente inmigrantes españoles, canarios, baleares o hispanoamericanos blancos, reflejando los criterios raciales que entonces orientaban esta política de poblamiento fronterizo.
La Ley núm. 68 regula el matrimonio como institución civil fundada en el consentimiento. Organiza los requisitos de capacidad, impedimentos, celebración y registro, y sustituye las órdenes ejecutivas núms. 239, 335, 361 y 375. Reordena así esta materia del derecho de familia después de la ocupación.
Tras la prohibición constitucional de la pena de muerte, la Ley núm. 64 dispone que los crímenes antes castigados con ella se sancionen con treinta años de trabajos públicos. Cuando se admitan circunstancias atenuantes, fija un mínimo de veinte años. La ley adapta la legislación penal a la garantía de inviolabilidad de la vida recogida en la Constitución de 1924.
La Ley núm. 61 establece los requisitos y el procedimiento para que extranjeros obtengan la nacionalidad dominicana. Distingue supuestos de domicilio autorizado, residencia prolongada, vínculos familiares y actividades económicas; regula la solicitud al Poder Ejecutivo, la expedición de la carta y el juramento de fidelidad a la República.
La República Dominicana ingresa en la Sociedad de las Naciones después del restablecimiento del gobierno constitucional. Su incorporación amplía la participación del país en la cooperación y la diplomacia multilateral de la posguerra.
La Ley núm. 5 reconoce la validez de las órdenes, resoluciones, reglamentos y contratos de la ocupación enumerados en su texto, así como sus efectos sobre rentas, gastos y derechos de terceros. También regula la continuidad de disposiciones del gobierno provisional. Es una pieza central de la incorporación del legado jurídico de la ocupación al ordenamiento del gobierno constitucional.
Horacio Vásquez asume la Presidencia tras el proceso electoral de 1924 y concluye el gobierno de ocupación estadounidense. La restitución de las autoridades constitucionales culmina la transición organizada mediante el Plan Hughes-Peynado. La recuperación del gobierno civil no elimina la supervisión estadounidense de las aduanas y la deuda pública.
La Constitución de 1924 acompaña el restablecimiento del gobierno constitucional tras la ocupación. Prohíbe la pena de muerte y las penas que lesionen la integridad física, incorpora la Junta Central Electoral al texto constitucional y establece la elección directa de las autoridades de elección popular. Refuerza así las garantías individuales y la organización electoral de la República.
La Ley Electoral núm. 35, del 8 de marzo de 1923, crea una Junta Central Electoral permanente y una estructura de juntas provinciales, municipales y mesas electorales. El 12 de abril se instala la institución, fecha conmemorada como su aniversario. Su establecimiento especializa la administración de los comicios durante la transición hacia el gobierno constitucional.
La Ley núm. 37 establece el régimen de las comunes como entidades con personalidad jurídica, administración y autoridades propias. Ordena las atribuciones de los ayuntamientos, sus recursos y servicios, y sustituye la Ley de Organización Comunal de 1913 y varias órdenes de la ocupación.
La Ley núm. 34 reconoce personalidad jurídica a las provincias y encomienda su gobierno a un gobernador y un consejo provincial elegidos por sufragio de primer grado. Regula sus atribuciones, recursos y presupuesto, sustituyendo la legislación provincial de 1882 en el contexto de la transición posterior al gobierno militar.
El Decreto núm. 2 mantiene vigentes las órdenes y resoluciones ejecutivas, reglamentos administrativos y contratos del gobierno militar que no hubieran sido abrogados. La medida evita una ruptura inmediata del ordenamiento durante la transición y reserva a los poderes regulares de la República la decisión definitiva sobre su validación.
Se instala el gobierno provisional encargado de conducir la transición prevista en el Plan Hughes-Peynado. Recibe funciones administrativas y la responsabilidad de preparar la legislación electoral, reorganizar las provincias y los municipios y facilitar la recuperación del régimen constitucional. Las fuerzas estadounidenses permanecen en el país durante esta etapa de transición.
Las órdenes ejecutivas núms. 793 y 794 disponen el restablecimiento de los juzgados de primera instancia de Samaná, El Seibo, Espaillat y Barahona y de la Corte de Apelación de La Vega. Se recupera la división en doce distritos judiciales, uno por provincia, y se organiza la devolución de expedientes a los tribunales restablecidos.
La Orden Ejecutiva núm. 759 regula los procedimientos de insolvencia de los comerciantes: intervención judicial, verificación de créditos, administración de bienes y acuerdos con los acreedores. Sistematiza el tratamiento colectivo de las deudas y los procedimientos aplicables ante la cesación de pagos.
El acuerdo negociado entre representantes dominicanos y el Gobierno de Estados Unidos establece una transición mediante un gobierno provisional, legislación electoral, reorganización territorial y recuperación del gobierno constitucional. Condiciona la retirada a la validación de determinadas actuaciones y obligaciones del gobierno militar, y mantiene la receptoría aduanera vinculada a la deuda. Su ejecución prepara el retorno al gobierno civil en 1924.
El gobierno militar anuncia un plan para restablecer un gobierno dominicano bajo condiciones impuestas por Estados Unidos. La propuesta provoca rechazo y llamados a no participar en las elecciones previstas; el proceso queda paralizado. Este desacuerdo precede a las negociaciones que conducirán al Plan Hughes-Peynado de 1922.
La Orden Ejecutiva núm. 631 cambia el nombre de la Guardia Nacional Dominicana y mantiene sus atribuciones. Regula también la inspección de las policías municipales, guardas campestres y alcaldes pedáneos, cuyas funciones pueden ser asumidas por el cuerpo nacional. Se trata del cuerpo armado surgido durante la ocupación, distinto de la Policía Nacional creada en 1936.
La Orden Ejecutiva núm. 595 divide el país en ocho distritos judiciales y suprime los juzgados de primera instancia de Samaná, El Seibo, Espaillat y Barahona. Sus asuntos pasan a las jurisdicciones agrupadas, una reorganización que reduce la presencia territorial de la justicia y que será revertida en 1922.
La Orden Ejecutiva núm. 591 revoca las órdenes 572 y 573 de 1920, pero conserva prohibiciones sobre publicaciones y discursos que el gobierno militar considere anarquistas o contrarios a la moral pública. Mantiene responsabilidad para autores, editores y otras personas que participen en su difusión; por ello, la derogación no supone una libertad de expresión plena.
Durante la ocupación se inicia el levantamiento del primer censo nacional de población de la República Dominicana. Sus resultados registran 894,665 habitantes y aportan una base estadística para conocer la población y organizar la administración pública. Constituye un hito en la formación de la estadística oficial del Estado.
La Orden Ejecutiva núm. 563 reorganiza la administración de la Hacienda pública: ingresos, desembolsos, bienes y rendición de cuentas. Regula las funciones de la Secretaría de Hacienda y Comercio, la Tesorería y el Auditor, y su relación con la Cámara de Cuentas. Sustituye la ley de Hacienda de 1896 y entra en vigor el 1 de diciembre de 1920.
La Orden Ejecutiva núm. 548 obliga a declinar las demandas de daños y perjuicios contra el Estado derivadas de órdenes ejecutivas del gobierno militar. Traslada esas reclamaciones al propio gobernador militar, cuya decisión declara definitiva. Limita así la intervención de los tribunales dominicanos frente a los efectos de las medidas de ocupación.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.