La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La Resolución núm. 3323 ordena retirar y amortizar, en un plazo de sesenta días, las fichas emitidas por establecimientos comerciales. La medida responde a la falta de garantías de esos medios privados de pago y procura someter su circulación a un régimen regulado.
La Resolución núm. 3309 dispone turnos nocturnos entre las farmacias de las poblaciones que cuentan con más de un establecimiento y prevé compensación donde existe uno solo. La norma busca asegurar el acceso a medicamentos durante la noche y encomienda a los ayuntamientos la organización del servicio.
Se aprueba, con modificaciones, el contrato que sustituye a Westendorp por la San Domingo Improvement Company of New York en derechos vinculados a los empréstitos de 1888 y 1890, y se autoriza la conversión de la deuda. Los acuerdos mantienen mecanismos privados de recaudación y control de ingresos aduaneros destinados al servicio de los bonos, profundizando su vinculación con los acreedores extranjeros.
El 13 de marzo se promulga la Resolución núm. 3267, que crea una Secretaría de Estado de Correos y Telégrafos y separa estos servicios de las carteras que antes los administraban. El 9 de junio, la Resolución núm. 3294 aprueba la adhesión a la Convención Postal Universal de Viena, reforzando la organización nacional y la cooperación internacional del servicio postal.
La Resolución núm. 3223 dispone retirar la moneda de cobre emitida por el Banco Nacional ante la resistencia del público a recibirla. La medida atiende un problema de aceptación de los medios de pago y ordena entregar al Estado la moneda retirada para aprovechar su metal.
La Ley núm. 3163 reorganiza el régimen de aduanas y puertos, regulando las operaciones de importación, exportación y tránsito, las formalidades de despacho y las infracciones aduaneras. Establece un marco general para administrar una de las principales fuentes de ingresos públicos.
La Resolución núm. 3028 dispone formar una comisión de abogados, presidida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, para estudiar las ventajas e inconvenientes de atribuirle funciones de casación y proponer las reformas procesales necesarias. Es un antecedente del debate sobre la casación, sin que esta resolución la establezca todavía.
La Ley núm. 3011 regula el uso de papel sellado en actos públicos, judiciales y privados. El Decreto núm. 3012 establece el impuesto de timbres, con gravámenes sobre operaciones aduaneras y documentos. Ambas disposiciones amplían y ordenan los instrumentos de recaudación fiscal.
La ley núm. 2939 establece el franco de plata, dividido en cien centésimos, como unidad monetaria nacional. Regula monedas de oro, plata y bronce, su acuñación y circulación, modificando el sistema de la ley de 1889 que había fijado el dominicano como unidad.
El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial entra en vigor para la República Dominicana. La incorporación al tratado sitúa la protección de patentes, marcas y otras modalidades de propiedad industrial dentro de un marco de cooperación internacional.
La ley núm. 2914 regula las oficinas de hipotecas, las inscripciones de créditos hipotecarios y las transcripciones de actos de transmisión de inmuebles y embargos. Define deberes y responsabilidades de los conservadores y la supervisión judicial de sus registros, dentro del régimen del Código Civil.
El decreto núm. 2892 eleva el puesto cantonal de Pajarito a común con el nombre de Villa Duarte, con acceso a sus rentas municipales desde enero de 1891. La ley núm. 2919 actualiza la organización de los ayuntamientos, su composición, autoridades y administración económica.
La resolución núm. 2873 aprueba los contratos para financiar, construir y explotar la primera sección del Ferrocarril Central, entre Puerto Plata y Santiago. El esquema compromete ingresos aduaneros y garantías estatales. En septiembre, la resolución núm. 2957 aumenta la emisión prevista y modifica las condiciones financieras y de ejecución de la obra.
El decreto núm. 2830 establece multas y prisión por actos de crueldad contra animales, incluidos maltratos, transporte en malas condiciones, trabajo excesivo y alimentación insuficiente. Permite a los miembros acreditados de sociedades protectoras requerir la intervención de las autoridades para perseguir las infracciones.
El decreto núm. 2812 aprueba la concesión otorgada el 26 de julio a la Sociedad de Crédito Mobiliar de París para establecer el Banco Nacional de Santo Domingo, con facultades exclusivas de emisión de billetes bajo condiciones y vigilancia estatal. La ley núm. 2811 establece el dominicano de plata como unidad monetaria dividida en cien centésimos y regula la acuñación.
El decreto núm. 2784 crea cuerpos de policía rural denominados Guardia Civil y encomienda su organización al Ministerio de lo Interior y Policía. La norma busca ampliar la protección de personas y propiedades en los campos, donde el servicio dependía de los alcaldes pedáneos.
El decreto núm. 2760 exige a quienes profesan la religión católica celebrar el matrimonio religioso dentro de las veinticuatro horas siguientes al contrato civil. Ordena compeler a los contraventores a cumplirlo, mostrando la intervención estatal en la relación entre matrimonio civil y religioso de la época.
La resolución núm. 2714 crea el Boletín de Debates para publicar semanalmente los trabajos del Congreso durante sus sesiones. La resolución núm. 2750 dispone que la Suprema Corte de Justicia restablezca su Boletín Judicial para divulgar sus actos. Ambas medidas fortalecen la difusión documental de la actividad legislativa y judicial.
La ley núm. 2689 declara de utilidad pública y reconoce como deuda nacional el empréstito contratado con Westendorp y Compañía. Afecta rentas aduaneras a su pago. La reglamentación organiza una Caja General de Recaudación y concede a los delegados de los contratantes facultades de vigilancia sobre las aduanas.
La ley núm. 2658 regula el correo como servicio de la administración pública sostenido por el Estado. Ordena las categorías de correspondencia, su transporte y la organización de sus oficinas y empleados, incluyendo el servicio realizado mediante ferrocarriles y buques.
La ley núm. 2641 desarrolla el sistema de elección indirecta establecido por la Constitución de 1887. Distingue asambleas primarias y colegios electorales, regula votantes, registros y escrutinios y prevé sanciones por compra o venta de votos, cohecho y voto múltiple.
La Constitución establece la elección presidencial indirecta por colegios electorales y amplía el mandato a cuatro años. Permite una reelección inmediata y exige después un intervalo de cuatro años para volver a ocupar la presidencia por nueva elección. La reforma se promulga durante el gobierno de Ulises Heureaux.
La ley núm. 2595 sistematiza el régimen de las aduanas y los puertos habilitados. Regula las operaciones de importación, exportación, tránsito, cabotaje y depósito, así como la recaudación de sus derechos, en un sector central para los ingresos del Estado.
La ley núm. 2549 organiza los consulados generales, consulados particulares y viceconsulados de la República. Regula los requisitos, nombramientos, funciones y responsabilidades de sus integrantes, dando un marco sistemático a la representación consular en el extranjero.
Ulises Heureaux (Lilís) asume nuevamente la presidencia el 6 de enero de 1887, fecha que marca el inicio de la etapa dictatorial que se prolonga hasta su muerte, el 26 de julio de 1899. La concentración del poder tiene expresión jurídica en la reforma constitucional del 17 de noviembre de 1887, que extiende el mandato presidencial a cuatro años y permite la reelección consecutiva para el período siguiente. Estas modificaciones contribuyen a consolidar su permanencia en el poder.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.