La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
Ante una rebelión armada en La Vega, Alejandro Woss y Gil dicta el decreto núm. 2485: declara el estado de sitio en todas las provincias y distritos y suspende garantías de expresión, correspondencia, reunión y libertad personal. El decreto núm. 2500, del 31 de diciembre, deroga esas medidas.
La ley núm. 2484 establece sanciones por destruir u obstaculizar ferrocarriles y líneas telegráficas. También regula la responsabilidad por imprudencia, abandono del servicio y daños a personas o bienes, extendiendo la protección penal a estas infraestructuras.
El decreto núm. 2453 eleva Las Cañitas a la categoría de común con el nombre de Sánchez. La medida vincula su nueva organización administrativa con el desarrollo del puerto y de la vía ferroviaria que conectaría la zona con el Cibao.
El decreto núm. 2435, promovido por la Suprema Corte de Justicia, fija límites a la privación de libertad empleada como apremio corporal en materia civil. En los casos en que la sentencia deba determinar su duración, remite al intervalo de seis días a dos años del artículo 40 del Código Penal y exige observar las formalidades del procedimiento civil.
El decreto núm. 2338 constituye la provincia Espaillat con territorios hasta entonces pertenecientes a La Vega y establece su cabecera en Moca. Aprobado por el Congreso el 28 de mayo y promulgado el 29, denomina la nueva provincia en memoria de Ulises Francisco Espaillat.
La ley núm. 2336 establece una academia general militar en Santo Domingo para formar oficiales del ejército y la armada. La ley núm. 2342 reorganiza el ejército y la conscripción, dispone el servicio militar de los ciudadanos comprendidos entre dieciocho y cincuenta años y regula las distintas categorías de fuerzas.
Las leyes núms. 2321 y 2334 ordenan las oficinas y formalidades del registro hipotecario y del registro de actos civiles, judiciales y extrajudiciales. Regulan la inscripción documental, los derechos cobrados y las responsabilidades de sus encargados, como parte del desarrollo del sistema de publicidad de los actos jurídicos.
El decreto núm. 2295 impone obligaciones de conservación de bosques en los terrenos cultivados y prohíbe desmontar los situados cerca del nacimiento de ríos y manantiales. Establece multas por infracción y vincula la protección forestal con la agricultura y la conservación del suelo.
La ley núm. 2281 reúne y ordena disposiciones antes dispersas sobre instrucción pública. Regula los establecimientos públicos y particulares, la enseñanza primaria, superior y profesional, las escuelas normales y otros centros, con el propósito de unificar la organización educativa.
El decreto núm. 2276 sanciona como ley nacional el Código Penal y de Procedimiento Militar revisado por una comisión de abogados. Integra la actualización de la justicia militar en el proceso de codificación desarrollado durante 1884.
El Decreto-Ley núm. 2274 promulga el Código Penal dominicano de 1884.
La resolución núm. 2263 autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar privilegios de propiedad sobre obras científicas, artísticas y literarias a nacionales y extranjeros. Extiende esta protección a quienes la soliciten, mientras el país celebra convenciones internacionales sobre la materia.
La ley núm. 2260 organiza el Poder Judicial y regula sus tribunales y funcionarios. Reconoce la independencia de sus decisiones y establece un marco de funcionamiento para la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de primera instancia y los demás órganos judiciales previstos en la ley.
El decreto núm. 2225 declara sin valor las futuras concesiones que impliquen privilegios o monopolios, con excepciones para determinadas infraestructuras y para autores, inventores o quienes introduzcan mejoras notables. Exige fianzas en las obras exceptuadas y modifica el régimen restrictivo dispuesto por el decreto núm. 2035 de 1882.
La ley núm. 2221 regula las asambleas electorales y la elección por voto directo dentro del régimen constitucional entonces vigente. Ordena la convocatoria, las votaciones y la comunicación de sus resultados, proporcionando reglas legales para el ejercicio del sufragio.
El decreto núm. 2254 crea un negociado de estadística anexo a la Contaduría General de Hacienda y dispone la publicación de sus trabajos. La resolución núm. 2288 crea el cargo de archivero público para organizar y conservar obras, documentos y expedientes de las oficinas estatales.
Se promulgan las versiones traducidas y adaptadas del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil, el 17 de abril; del Código de Comercio, el 5 de junio; y del Código de Instrucción Criminal, el 27 de junio. Esta codificación consolida en español cuerpos legales de origen francés utilizados por los tribunales dominicanos. El proceso había sido autorizado por el decreto núm. 2025 de 1882 y concretado en un contrato con una comisión de abogados en 1883.
El decreto núm. 2143 reconoce, bajo determinadas condiciones, la propiedad de terrenos estatales cultivados u ocupados por agricultores e industriales dominicanos desde largo tiempo atrás. Dispone la expedición de títulos mediante planos y certificaciones, y protege la situación de arrendatarios frente a concesiones posteriores.
La ley núm. 2118 organiza el Juro Médico como órgano directivo de las profesiones médico-farmacéuticas. Regula el ejercicio de médicos, cirujanos, farmacéuticos, dentistas y comadronas, así como su relación con las autoridades y los tribunales.
La resolución núm. 2111 reconoce a Alexander Baird como cesionario de los derechos otorgados a Allen H. Crosby en 1881 para construir una línea ferroviaria entre Santiago y un puerto de la bahía de Samaná. Regula obras, fiscalización y transferencia de la concesión, y prohíbe enajenarla a un gobierno extranjero.
El decreto núm. 2040 extiende a las fincas agrícolas de pequeña escala las franquicias concedidas a las grandes empresas por el decreto de 16 de noviembre de 1880. Las otorga por seis años, sujetas a los requisitos de aquella disposición, para facilitar también la inversión de pequeños capitales.
La ley núm. 2037 organiza los estudios superiores del Instituto Profesional, su sostenimiento y sus autoridades. Establece un marco específico para ordenar la enseñanza profesional y sus grados, antes de la unificación normativa de la Ley General de Estudios de 1884.
La ley núm. 2021 regula el ejercicio de la agrimensura y los requisitos para obtener el título de agrimensor. Reconoce la formación impartida por el Instituto Profesional y actualiza las reglas de una actividad vinculada a la medición y delimitación de terrenos.
Las leyes núms. 2014 y 2019 reorganizan los ayuntamientos y la administración de provincias y distritos. La ley núm. 2015 establece un cuerpo de policía y seguridad pública en Santo Domingo. En conjunto delimitan funciones del gobierno territorial y de la administración local.
La reforma mantiene la elección presidencial directa y secreta, el mandato de dos años y la prohibición de reelección inmediata. Prevé la elección de un vicepresidente junto con el presidente y regula la sucesión presidencial; su disposición transitoria ordena elegirlo en los comicios de 1882.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.