La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La ley núm. 1980 establece reglas para los oficiales del estado civil y el registro de nacimientos, matrimonios, defunciones y reconocimiento de hijos. Busca adecuar estas actuaciones a las condiciones del país mientras se traducen y adaptan los códigos franceses.
La resolución núm. 1969 abroga la ley que había organizado tribunales especiales de comercio en Santo Domingo y Puerto Plata. Sus asuntos pendientes y archivos pasan a los tribunales de primera instancia, que asumen la competencia comercial.
Los decretos núms. 1959 y 1960 erigen en distrito marítimo a Barahona y Neyba, con los puestos cantonales de Las Damas y Petit-Trou, y habilitan el puerto de Barahona para la importación y exportación. Barahona queda como cabecera del nuevo distrito.
Fernando Arturo de Meriño dicta los decretos núms. 1939 y 1940: somete a los acusados de conspiración a consejos de guerra, dispone la pena capital para los apresados con las armas en las manos y suprime el recurso de asilo. El decreto núm. 1975, del 21 de noviembre, abroga el régimen excepcional sobre conspiradores y devuelve su conocimiento a los tribunales ordinarios.
El Decreto núm. 1898 habilita el puerto de San Pedro de Macorís para el comercio de exportación, en atención al crecimiento agrícola y azucarero de la zona. Regula el despacho de los buques por la aduana de Santo Domingo y autoriza establecer las oficinas necesarias para percibir los derechos correspondientes.
La Resolución núm. 1891 aprueba el contrato con el abogado José de J. Castro para recopilar e imprimir las leyes, decretos y resoluciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo desde el 27 de febrero de 1844. El encargo busca reunir disposiciones dispersas, facilitar su consulta y reducir la confusión sobre la legislación del país.
Se establece el Boletín Judicial como órgano de la Suprema Corte de Justicia, con publicación quincenal de sus sentencias y otros actos judiciales. Su creación busca dar difusión propia a la jurisprudencia y facilitar su conocimiento por los tribunales inferiores.
Aprobada el 18 de mayo y promulgada por Gregorio Luperón el 28 de mayo de 1880, la Constitución vuelve a organizar un Congreso unicameral. Mantiene la elección presidencial por voto directo y secreto y fija un mandato de dos años, con reelección únicamente para el período inmediato. Prohíbe reformar la Constitución para prolongar el período presidencial.
El Decreto núm. 1851 dispone crear compañías de bomberos en doce ciudades y regula su integración, organización municipal y equipamiento. Autoriza arbitrar recursos sobre las propiedades y exime de derechos los materiales destinados al servicio. El Decreto núm. 1876, promulgado el 5 de octubre, vuelve a establecer esta organización mediante disposición del Congreso.
El Acuerdo núm. 1849 concede cuarenta pesos mensuales a los periódicos como apoyo a la circulación de ideas y la fiscalización de los actos gubernativos. El Decreto núm. 1883, del 7 de octubre, reorganiza la ayuda según la periodicidad: veinte pesos para publicaciones semanales, diez para quincenales y cinco para mensuales, condicionada al tratamiento de asuntos de importancia pública.
El Decreto núm. 1842 destina a los tesoros municipales la parte que correspondía al fisco por los derechos de registro y conservación de hipotecas, mientras se revisa su legislación. El Decreto núm. 1896, del 28 de octubre, recoge la misma disposición, orientada a dotar de recursos a los municipios para atender el desarrollo local.
En febrero de 1880 comienza a funcionar en Santo Domingo la Escuela Normal fundada por Eugenio María de Hostos. Su enseñanza articula la preparación de maestros con la formación cívica y moral, dando aplicación institucional al impulso legislativo de 1879 para organizar la enseñanza normal. Se convierte en un referente de la formación docente dominicana.
Los decretos núms. 1837, del 25 de febrero, y 1853, del 18 de mayo, crean juntas locales para fomentar los oficios y la agricultura. Regulan el aprendizaje en talleres, sus incentivos y obligaciones, y encomiendan a las juntas agrícolas levantar catastros y censos, promover exposiciones y divulgar información útil para los productores.
En octubre se establecen cátedras de derecho civil, constitucional e internacional y de medicina en Santo Domingo. En noviembre se dispone instalar la Escuela Normal de Santiago desde enero de 1881. En diciembre se crean escuelas superiores en cinco ciudades y cátedras de derecho en Santiago y Puerto Plata, ampliando territorialmente la enseñanza profesional.
El Decreto núm. 1817 del Gobierno provisional de Gregorio Luperón somete a consejo de guerra a quienes intenten subvertir el orden político establecido desde el 6 de octubre. Prescribe la pena capital para quienes sean aprehendidos con armas en las manos y en vías de hecho. La disposición refleja el recurso a medidas represivas extraordinarias durante la reorganización política.
Tras el movimiento iniciado el 6 de octubre contra Cesáreo Guillermo, Gregorio Luperón constituye un Gobierno provisional el día 7 y organiza sus ministerios. El 8 de noviembre declara a Puerto Plata capital interina de la República y centro de las comunicaciones gubernativas, mientras continúa la transición hacia un gobierno definitivo.
El Decreto núm. 1786 exige que los actos auténticos y privados registrados pasen por un control adicional de las autoridades de Hacienda. Extiende esa formalidad a las inscripciones hipotecarias y sanciona su omisión con nulidad y multas en los casos previstos. Ordena llevar registros y remitir estados periódicos de las operaciones y derechos cobrados.
La Ley núm. 1780 concede exenciones a inmigrantes que se establezcan en el campo y prevé la entrega de treinta acres de tierras estatales a determinadas familias, condicionada al cultivo. Regula ayudas a contratistas, franquicias de importación y registros de inmigrantes. También contempla exenciones temporales de servicio militar y cargos concejiles para quienes se naturalicen.
La Ley núm. 1776 establece escuelas normales en Santo Domingo y Santiago para formar maestros de escuela y profesores de segunda enseñanza. Organiza la preparación teórica y la práctica docente, regula la expedición de títulos y su preferencia para dirigir escuelas municipales, y destina rentas al sostenimiento de los centros. Constituye una base legal de la profesionalización del magisterio.
El Decreto núm. 1765 erige en distrito a Monte Cristi junto con Sabaneta, Guayubín y Dajabón, con cabecera en San Fernando de Monte Cristi. Le asigna el régimen político y económico de los distritos de Puerto Plata y Samaná y fija reglas para la continuidad de los procesos judiciales que se tramitaban en Santiago.
El Decreto núm. 1750 dispone el establecimiento de la Ilustre Universidad Literaria como instituto de enseñanza superior científica. Prevé estudios de derecho, administración, medicina, farmacia, matemáticas e ingeniería, y regula su personal y organización. Incluye la legislación dominicana y la práctica forense entre las materias jurídicas.
La reforma constitucional aprobada el 11 de febrero de 1879 conserva el Congreso bicameral y establece la elección presidencial por voto directo y secreto. Fija un mandato de dos años, con reelección únicamente para el período inmediato, y dispone que cualquier reforma que amplíe su duración solo pueda aplicarse a períodos posteriores.
El Decreto núm. 1720 revisa las exenciones concedidas a la industria azucarera en 1875 y exige control previo de Hacienda sobre las importaciones beneficiadas. Conserva incentivos para maquinaria, herramientas y materiales de construcción y extiende franquicias a grandes plantaciones de café, cacao y algodón. Busca limitar el uso comercial indebido de las exenciones agrícolas.
La Resolución núm. 1682 dispone que los fondos de los ayuntamientos se destinen a las necesidades municipales y prohíbe emplearlos en gastos propios del Estado. Establece responsabilidad personal para las autoridades civiles o militares que impongan esas cargas, reforzando la separación entre las finanzas municipales y nacionales.
La Ley núm. 1680 establece tribunales de comercio en Santo Domingo y Puerto Plata, integrados por comerciantes elegidos por los comerciantes mayoristas y consignatarios de cada localidad. Dispone que sus decisiones puedan recurrirse ante la Suprema Corte de Justicia. En los lugares sin tribunal especializado, los asuntos comerciales permanecen a cargo de los tribunales ordinarios.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.