La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
El Decreto núm. 1410 establece en Santo Domingo una Academia de Náutica para formar pilotos de la marina mercante y de guerra. Organiza un programa de tres años que comprende matemáticas, geografía, hidrografía, pilotaje y arquitectura naval, y regula la obtención del título de segundo piloto.
El Decreto núm. 1409 concede exenciones para importar maquinaria, herramientas y materiales destinados a fincas cañeras que utilicen vapor, además de facilidades temporales para sus trabajadores y abastecimiento. Extiende esos beneficios a otros cultivos de exportación de importancia comparable, como café, cacao, algodón y tabaco, como incentivo a la inversión agrícola.
Promulgada el 12 de abril, tras ser aprobada por la Convención Nacional el 9 de marzo, establece un Consejo de Estado con funciones consultivas y contencioso-administrativas. Ordena una amplia renovación de las leyes electorales, judiciales, municipales y de otras ramas, y fija el término del período presidencial de Ignacio María González para el 27 de febrero de 1879.
La Ley núm. 1378 regula la organización y las atribuciones de los ayuntamientos, encargados de la administración municipal y económica de las comunes. Establece la elección directa de regidores y síndicos, con períodos de dos años, y ordena su funcionamiento y la gestión de los asuntos locales.
La Ley núm. 1423, del 30 de junio, suprime la Cámara de Consejo y Acusación de primera instancia y reorganiza la instrucción criminal. El 10 de julio se crea una comisión para revisar los códigos de comercio y de procedimiento civil y criminal. La Ley núm. 1427, del 12 de julio, corrige el artículo 279 del Código Penal para evitar que el homicidio reciba automáticamente el mismo castigo que el asesinato.
La Ley núm. 1351 crea una Junta Liquidadora para examinar los créditos contra el Estado y organiza su registro, reconocimiento y canje. Divide la deuda interior en deuda consolidada sin interés y deuda por remanentes, con mecanismos de amortización mediante rentas aduaneras y subastas. La reforma sigue a la prohibición de emitir vales como anticipos sobre las rentas nacionales, dispuesta por el Decreto núm. 1310 en agosto.
La República Dominicana y Haití firman en Puerto Príncipe un tratado de paz, amistad, comercio, navegación y extradición. Reconoce a ambas repúblicas como las únicas soberanas de la isla y las compromete a no ceder territorio ni consentir la anexión o dominación extranjera. Reserva la delimitación fronteriza para un tratado especial. La ratificación dominicana se expide el 30 de diciembre de 1874; el canje de ratificaciones se realiza el 8 de febrero de 1875.
El Decreto núm. 1336 deroga la ley orgánica de tribunales de 1873 y restablece el Reglamento Orgánico Judicial de 31 de octubre de 1866. Ordena un tribunal unipersonal de primera instancia en cada cabecera de provincia y distrito marítimo, buscando acercar la justicia a la población y reducir los gastos de traslado que ocasionaba la organización en dos distritos judiciales.
La República Dominicana y España firman en La Habana un tratado que restablece el acuerdo de reconocimiento, paz, amistad, comercio, navegación y extradición de 1855. Modifica sus reglas sobre nacionalidad y renueva el plazo de las cláusulas comerciales y de navegación. Ignacio María González lo ratifica por la parte dominicana el 28 de diciembre de 1874.
El Decreto núm. 1320 exige pasaporte para viajar por el territorio dominicano y para embarcarse por sus puertos, revirtiendo la supresión de la licencia interna dispuesta en diciembre de 1873. También obliga al viajero a presentar el documento ante la comandancia de armas de la localidad de destino y permite detener a quien viaje sin él e inspire sospecha, mientras se solicitan informes a la autoridad de su domicilio.
Mediante el Decreto núm. 1317, Ignacio María González convoca una Convención Nacional para reunirse el 10 de noviembre. El decreto invoca el desconocimiento de la Constitución y la retirada de poderes a los diputados; encarga a la Convención dictar un nuevo texto constitucional, resolver cuestiones de Hacienda e interés general y aprobar o rechazar tratados internacionales.
La Resolución núm. 1315 declara sancionados los tres libros del Código Civil votados por el Congreso en 1867, cuya ejecución había quedado pendiente, y autoriza al Ejecutivo a revestirlos del ejecútese constitucional. La resolución, aprobada el 28 de agosto, recibe el ejecútese el 1 de septiembre de 1874. La colección oficial anota su derogación el 23 de mayo de 1876.
El Decreto núm. 1314 deroga los artículos 21 y 22 del Código Penal. Dispone que las penas en materia criminal y las correccionales impuestas a personas en detención previa se computen desde el día de la inquisitiva al procesado, modificando el punto de partida de su duración.
La Resolución núm. 1304 concede a Leonardo Del Monte el establecimiento de un cable submarino y sus conexiones telegráficas terrestres para comunicar el país con las redes de las Antillas. Fija un plazo de veinticinco años desde el inicio de los trabajos, prioridad para los mensajes oficiales y competencia de los tribunales dominicanos en los litigios de la concesión. Se trata de la autorización del proyecto, no de la inauguración del servicio.
El Decreto núm. 1283 autoriza a José María Cabral, Pedro Antonio Pimentel y Gregorio Luperón a regresar al país cuando lo estimen conveniente y por el puerto de su elección. La disposición permite el retorno de estos dirigentes tras el cambio de gobierno.
El Decreto núm. 1269 rescinde el convenio de arrendamiento de Samaná celebrado en 1872 con la Compañía de la Bahía de Samaná de Santo Domingo. Invoca el incumplimiento del pago anticipado de la renta anual y dispone que la península, la bahía, sus islas y cayos vuelvan a regirse plenamente por las leyes y autoridades dominicanas, en la misma forma que las demás provincias y distritos.
La Constitución de 1874 atribuye a la Suprema Corte de Justicia la facultad de decidir causas en las que se alegue la inconstitucionalidad de leyes, con efectos para el caso particular. Esta previsión, recogida también en 1875, constituye un antecedente del desarrollo del control judicial de constitucionalidad dominicano.
El Gobierno Provisorio de Ignacio María González deroga íntegramente, mediante el Decreto núm. 1257, el decreto del 8 de septiembre de 1873 que había declarado en estado de sitio todo el territorio dominicano. La medida pone fin a aquella declaración nacional de excepción tras la caída del gobierno de Báez.
Buenaventura Báez renuncia a la presidencia el 2 de enero, poniendo fin al gobierno conocido como los Seis Años. La transición desemboca en el ejercicio conjunto del Poder Supremo por Ignacio María González y Manuel Altagracia Cáceres, dispuesto por la Resolución núm. 1262 del 21 de enero, hasta la organización constitucional del país y la elección de su presidente.
El Gobierno Provisorio de Ignacio María González suprime, mediante el Decreto núm. 1252, la licencia gubernativa obligatoria para viajar dentro del territorio dominicano. La disposición permite el tránsito interno sin ese documento y mantiene la exigencia de pasaporte para salir al extranjero. La colección oficial anota su posterior derogación el 19 de septiembre de 1874.
La Junta Revolucionaria de Puerto Plata designa a Ignacio María González jefe supremo el 27 de noviembre; el día 30 este constituye un gobierno provisorio. El 1 de diciembre desconoce los actos del gobierno de Báez posteriores al manifiesto del 25 de noviembre y declara nulos los enjuiciamientos y sentencias políticos. El 3 de diciembre habilita a los tribunales y alcaldes de las localidades adheridas a la revolución para continuar administrando justicia.
El Decreto núm. 1242 declara en estado de sitio todo el territorio nacional y autoriza a gobernadores y comandantes militares a instalar consejos de guerra. El 29 de septiembre, el Decreto núm. 1243 dispone que los fallos de estos consejos en el Cibao y Azua no admitan apelación ni recurso en gracia, salvo cuando la autoridad militar los considere admisibles. En las demás provincias no comprendidas en esa situación se mantienen ambos recursos.
Tras la convocatoria a comicios del 4 de enero, el Senado Consultor ratifica el 18 de febrero el convenio de arrendamiento de Samaná firmado en diciembre de 1872 con una compañía privada estadounidense. El decreto del Poder Ejecutivo del 19 de febrero lo ratifica y le atribuye fuerza de ley. El acta senatorial consigna 20,496 votos favorables y 19 contrarios. Esta ratificación corresponde al convenio con la compañía, distinto del tratado de anexión a Estados Unidos.
La Ley núm. 1227 regula la organización y las atribuciones del Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia hasta los tribunales de primera instancia, de comercio y las alcaldías. Proclama la independencia judicial y establece reglas sobre el Ministerio Público, las incompatibilidades, el ejercicio de las profesiones judiciales y la disciplina de sus funcionarios.
El Decreto núm. 1226 aclara la concesión otorgada a la Compañía Geológica en 1868: su derecho sobre la quinta parte de los terrenos estatales estudiados se limita a la explotación de minerales. No transfiere la propiedad absoluta del suelo; el Estado conserva el dominio directo y la explotación queda sujeta a la legislación minera.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.