La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
El Reglamento núm. 983 organiza la dirección, inspección y enseñanza pública y privada, y establece la gratuidad en los centros públicos. Prevé escuelas para niños y niñas y un Instituto Profesional, regula maestros y exámenes y prohíbe expresamente los castigos corporales en los establecimientos de enseñanza.
La Resolución núm. 972 acepta las propuestas de Pedro A. Bobea y Carlos Nouel para traducir y adaptar los códigos civil, penal, comercial y de procedimiento civil de la Restauración francesa. Autoriza al ministro de Justicia e Instrucción Pública a contratar esos trabajos, ante las dificultades de aplicar textos en francés y poco ajustados a la organización nacional. Constituye un nuevo paso preparatorio de la codificación dominicana, sin equivaler a la promulgación de los códigos.
El Reglamento núm. 966 reorganiza la Suprema Corte, los juzgados de primera instancia y de comercio, los consejos de guerra y las alcaldías. Declara la independencia del Poder Judicial y regula a sus magistrados y oficiales, sustituyendo expresamente la ley de organización judicial del 19 de mayo de 1855.
El Decreto núm. 957 dispone ayuntamientos en las cabeceras provinciales y de distrito y en las demás comunes, con regidores y síndicos elegidos por sufragio directo y mandatos de dos años. Regula sus atribuciones, presupuestos, bienes comunales y responsabilidad ante los tribunales. Exige rendir cuentas a la Cámara de Cuentas y publicar el resumen anual, desarrollando la organización municipal de la República restaurada.
El Decreto núm. 956 de José María Cabral vuelve a poner en vigor el del 8 de abril de 1856, ante noticias del regreso de expulsados con intenciones hostiles. Aquella norma autorizaba fusilarlos sin formación de causa tras identificar su persona, si desembarcaban sin salvoconducto. La medida evidencia la tensión entre las garantías constitucionales de la República restaurada y el recurso a disposiciones excepcionales de seguridad.
La Constitución de 1866 reconoce los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Municipal, y establece un Congreso de diputados elegidos por voto directo. Reafirma garantías como la libertad individual, el juez natural, la libertad de imprenta y la asociación pacífica, y reconoce la independencia de los ayuntamientos respecto del gobierno político provincial.
El Decreto núm. 933 convoca a la ciudadanía a elegir directamente al presidente de la República. Regula las listas de ciudadanos mayores de dieciocho años, fija la votación para los días 28 al 30 de agosto y encarga a la Convención Nacional el cómputo general y la proclamación del resultado.
Pedro Antonio Pimentel, Gregorio Luperón y Federico de Jesús García integran un Triunvirato que desconoce el gobierno de Buenaventura Báez. El decreto del 5 de mayo anula los actos de Báez emitidos desde el 24 de abril y mantiene la Constitución de noviembre de 1865; la entrega de los despachos del gobierno se formaliza el 29 de mayo.
El Decreto núm. 913 pone provisionalmente en vigor la ley francesa de minas del 21 de abril de 1810, en cuanto no contradiga la Constitución y las leyes dominicanas. Busca suplir la falta de una regulación minera suficiente y adapta el plazo de publicidad de las solicitudes a las condiciones del país.
La Constitución del 14 de noviembre de 1865 reorganiza la República después de la Restauración. Reconoce los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Municipal, establece un Congreso bicameral y un período presidencial de cuatro años sin reelección inmediata. Prohíbe la pena de muerte por delitos políticos, la proscripción y la confiscación de bienes; también suprime la prisión por deudas, salvo bancarrota fraudulenta y estafa, y protege la expresión sin censura previa.
Los decretos núms. 879 y 880 crean una deuda nacional consolidada al seis por ciento anual y una Junta de Crédito Público. Buscan retirar papel moneda depreciado, obtener recursos para el Estado y organizar la emisión, registro y amortización de los títulos de deuda después de la guerra.
El Decreto núm. 865 convoca la elección de diputados para una asamblea constituyente mediante sufragio directo, denominado «universal» en el texto de la época. Fija la votación para el 1 de septiembre y la reunión de la asamblea para el día 24, dentro del proceso de reorganización constitucional posterior a la Restauración.
El Decreto núm. 864 declara abolidas la pena de muerte y la de destierro por causas políticas. La medida amplía las garantías frente a la persecución política después de la Restauración; su alcance se limita a esas causas y no supone la abolición general de la pena capital.
José María Cabral, como Protector de la República, restablece provisionalmente la Constitución del 27 de febrero de 1854 hasta que se reúna la representación nacional. El Decreto núm. 857 dispone además la aplicación de los códigos franceses de la Restauración, con las modificaciones de la ley judicial de 1855, y suprime la pena de muerte por delitos políticos.
La retirada de las tropas españolas culmina la lucha restauradora en julio de 1865. Previamente, el 1 de mayo, España había derogado el decreto de 1861 que incorporaba Santo Domingo a su monarquía. La República recupera su soberanía y comienza la reorganización de sus instituciones tras la guerra.
Pedro Antonio Pimentel rechaza el convenio suscrito el 6 de junio por comisionados dominicanos y el general español José de la Gándara. Considera que los comisionados excedieron sus instrucciones y que cláusulas como la indemnización a España y las restricciones sobre el territorio y las relaciones exteriores contradecían la Constitución y la soberanía dominicana.
El Decreto núm. 832 restablece la libertad de conciencia y la tolerancia de cultos que habían existido antes de la Anexión. Revierte las restricciones religiosas del régimen español y responde a la persecución y al cierre de templos y escuelas de comunidades protestantes.
Durante la guerra, las autoridades españolas y el Gobierno restaurador dictan disposiciones que castigan con la muerte el espionaje y determinadas formas de colaboración con el adversario. El Gobierno restaurador también impone la pena capital por robo y hurto. Estas medidas muestran la extensión de la justicia de excepción en ambos bandos.
El 14 de septiembre, el Gobierno restaurador proclama un Acta de Independencia que rechaza la Anexión por haberse impuesto sin el consentimiento libre del pueblo dominicano. El 25 de diciembre, el Decreto núm. 772 declara legítimo al Gobierno provisorio y formaliza la guerra contra España, invocando las reglas del derecho de gentes.
El levantamiento de Capotillo del 16 de agosto de 1863 inicia la Guerra de la Restauración contra la Anexión a España. La resistencia se convierte también en un proyecto de reconstrucción del Estado: en septiembre se organiza el Gobierno restaurador y se proclama el Acta de Independencia. La guerra culmina en 1865 con la retirada española y la recuperación de la soberanía dominicana.
Se publica en Santo Domingo la Real Orden núm. 743, comunicada desde España en diciembre de 1862, que manda aplicar las restricciones del Código Penal a los actos públicos de religiones distintas de la católica. La medida forma parte del régimen religioso impuesto durante la Anexión.
La Real Orden núm. 729 manda eliminar de la traducción del Código Civil las disposiciones sobre matrimonio civil y actas del estado civil. Somete la materia matrimonial a las normas eclesiásticas españolas, extingue el empleo de oficial del estado civil y dispone la entrega de sus libros a los archivos municipales.
Los reales decretos núms. 707 y 708 reorganizan la justicia bajo soberanía española. Disponen la aplicación de los códigos Penal y de Comercio españoles y de reglas españolas de procedimiento desde el 1 de enero de 1862, manteniendo provisionalmente el derecho civil existente, incluidas las costumbres y tradiciones admitidas por los tribunales. Se crea la Real Audiencia de Santo Domingo y se organizan alcaldías mayores. La exposición de motivos, firmada por Leopoldo O’Donnell el 6 de octubre de 1861, justifica la conservación del derecho civil dominicano por la protección de los derechos adquiridos y para evitar perturbaciones en las relaciones familiares y sociales. También invoca el compromiso de no restablecer la esclavitud y la igualdad de derechos y deberes de los habitantes como fundamento de la aplicación del Código Penal español.
Sánchez y sus compañeros son juzgados por un consejo de guerra en San Juan de la Maguana el 3 de julio de 1861, tras su expedición contra la Anexión. La condena se ejecuta al día siguiente. El proceso es un episodio central de la historia judicial dominicana por el empleo de la jurisdicción militar contra los defensores de la independencia y por la controversia sobre las leyes aplicables durante la transición al dominio español.
Pedro Santana proclama la Anexión a España, interrumpiendo la organización republicana. En su proclama del 18 de marzo presenta la medida como expresión de la voluntad popular e invita a reconocer a Isabel II como soberana. Afirma que España garantizará la libertad civil y natural, protegerá la propiedad y reconocerá la validez de los actos de la República. Ese mismo día, los senadores Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde suscriben una protesta que sostiene la nulidad e inconstitucionalidad de la anexión. Invocan el artículo 26, inciso 9, sobre la aprobación senatorial de los tratados, y el artículo 3 contra la cesión del territorio. Afirman que la soberanía reside en el pueblo y cuestionan que las aclamaciones constituyan una expresión libre de su voluntad. La Resolución núm. 680 mantiene provisionalmente las leyes dominicanas, salvo en materia de soberanía, hasta nuevas disposiciones. El real decreto del 19 de mayo de 1861 formaliza la reincorporación del territorio a la monarquía española.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.