La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
El Decreto núm. 675 dispone que el matrimonio civil entre católicos, o cuando uno de los contrayentes lo sea, carezca de efectos legales mientras no se celebre la ceremonia religiosa. También impide un segundo matrimonio cuando subsista el vínculo religioso, aunque se haya anulado el civil.
La Ley núm. 656 determina los efectos del estado de sitio: transfiere atribuciones de policía a la autoridad militar, somete ciertos delitos de seguridad y orden público a tribunales militares y suspende los procedimientos civiles. Autoriza registros, incautación de armas y restricciones a publicaciones y reuniones, conservando las garantías no suspendidas expresamente.
La Ley núm. 610 reorganiza las oficinas y libros de registro, los actos sujetos a inscripción, sus plazos y los derechos fiscales aplicables. Incluye actos bajo firma privada, instrumentos de oficiales públicos y actuaciones judiciales. Se trata del registro de actos y de su régimen fiscal, no de un sistema de titulación de tierras ni del registro del estado civil.
La Ley núm. 602 dispone el restablecimiento de la antigua Universidad de Santo Domingo y organiza sus facultades de Filosofía, Jurisprudencia, Ciencias Médicas y Sagradas Letras. Regula su gobierno y enseñanza; el hito corresponde a la disposición legal de restablecimiento.
La Ley núm. 597 regula la denuncia, instrucción, acusación, juicio y sentencia de altos funcionarios en los casos previstos por la Constitución. Establece la intervención del Senado Consultor y de la Suprema Corte, y contempla un jurado para decidir sobre la culpabilidad. Es un antecedente del régimen especial de responsabilidad penal de las altas autoridades, distinto del procedimiento penal ordinario.
Mediante los decretos núms. 564 y 566, Pedro Santana restablece la Constitución de diciembre de 1854 y las disposiciones dictadas bajo ella, dejando sin efecto el régimen de Moca. El Decreto núm. 565 deroga la organización judicial y el jurado criminal de 1857 y repone la ley judicial de 1855. Como antecedente, actas de julio y agosto de 1858 recogen la adhesión de autoridades civiles, militares, eclesiásticas y vecinos de numerosas localidades al pronunciamiento de Santo Domingo. En ellas se promueve el desconocimiento de la Constitución de Moca, el restablecimiento de la de 1854, la capitalidad de Santo Domingo y el otorgamiento de amplios poderes a Santana. Las motivaciones no son uniformes: el acta de Moca del 27 de agosto justifica la adhesión por la imposibilidad de resistir a sus fuerzas y para evitar derramamiento de sangre.
Las leyes núms. 530, 532 y 533 desarrollan el orden constitucional de Moca: regulan las autoridades departamentales, las listas y asambleas electorales, y la división del territorio en los departamentos del Seybo, Ozama y Cibao, subdivididos en provincias y comunes.
Proclamada en Moca el 19 de febrero de 1858, establece a Santiago como capital, organiza el Congreso en dos cámaras y fija un período presidencial de cuatro años sin reelección inmediata. Prohíbe la pena de muerte por delitos políticos y la confiscación de bienes, protege la expresión sin censura previa y atribuye al jurado la calificación de los delitos de imprenta. Su vigencia es breve: en septiembre Santana restablece la Constitución de diciembre de 1854.
Tras el pronunciamiento del 7 de julio, el acta del día 8 organiza en Santiago el Gobierno Provisional del Cibao, presidido por José Desiderio Valverde. El manifiesto de esa fecha desconoce al gobierno de Báez, fundamenta la ruptura en el derecho de los pueblos a retirar el poder delegado al Gobierno y propone que un Congreso elegido por voto directo constituya nuevos poderes. Sus firmantes cuestionan las facultades extraordinarias de las Constituciones de 1844 y 1854 y denuncian restricciones a la libertad individual y de imprenta. El 17 de julio, los firmantes de una declaración de la Asamblea Popular de Santo Domingo rechazan la insurrección del Norte y ofrecen su apoyo a Báez, cuya administración consideran legítimamente constituida. El Decreto núm. 501, de 22 de julio, declara al gobierno del Cibao Gobierno Provisional de la República, invocando la adhesión de la mayoría de las provincias y poblaciones. Esta ruptura institucional antecede al proceso constituyente de Moca.
La Resolución núm. 480 ordena emitir catorce millones de pesos en billetes de diez y veinte, adicionales a cuatro millones autorizados previamente. La Resolución núm. 481 envía una comisión a La Vega y Santiago para cambiar papel moneda por oro, a razón de 1,100 pesos por onza. Estas decisiones documentan la política monetaria del gobierno de Báez en el año de la ruptura política con el Cibao.
Las leyes núms. 472 y 476 regulan las escribanías públicas, la autenticación y conservación de documentos y la organización del cuerpo judicial. La Ley núm. 488 restablece el jurado para las causas criminales y fija reglas para su selección, recusación y funcionamiento. La Ley núm. 469 ordena el procedimiento civil ante los alcaldes. Las reformas judiciales y del jurado de 1857 serían derogadas en septiembre de 1858.
Tras una sublevación armada en Neiba, la Resolución núm. 451 declara en vigor la ley marcial en toda la República. Dispone que los delitos cometidos después de su publicación sean juzgados conforme al Código Penal Militar.
En agosto, los decretos núms. 437 y 438 permiten el retorno de los desterrados expresamente incluidos y liberan a personas confinadas, mediante salvoconductos. El decreto del 21 de agosto amnistía a Buenaventura Báez y deroga el núm. 424 del 8 de abril, que ordenaba fusilar, sin formación de causa, a los expulsados que regresaran sin autorización. Son medidas de reconciliación política posteriores a un régimen de extrema restricción del retorno al país.
Ante la invasión haitiana, el decreto del 13 de diciembre declara el estado de sitio y amplía la intervención de los consejos de guerra. El día 20, el Decreto núm. 416 suprime los recursos de apelación y de gracia para determinados delitos militares y de conspiración, y ordena ejecutar las sentencias correspondientes dentro de veinticuatro horas.
La Ley núm. 398 atribuye los delitos de traición y conspiración a consejos de guerra nombrados por el Poder Ejecutivo. Establece la pena de muerte para diversas conductas políticas y de seguridad del Estado, e impone la ejecución de las sentencias dentro de 24 horas, con el recurso en gracia presidencial como única apelación. Deroga expresamente los decretos del 18 de enero de 1845 y del 26 de marzo de 1855, consolidando un régimen penal excepcional.
La Ley núm. 393 define ampliamente las conductas calificadas como vagancia, incluidas situaciones de falta de oficio o domicilio y determinadas conductas familiares y sociales. Encarga a los alcaldes su juzgamiento sumario y prevé de tres meses a un año de prisión, con trabajo en la limpieza de las poblaciones. Refleja el uso de la legislación penal y de policía para controlar el trabajo y la vida cotidiana.
El Decreto núm. 389 autoriza una comisión de tres personas para reunir, completar y revisar las traducciones de los códigos franceses, y adaptar sus disposiciones a las instituciones y condiciones dominicanas. Sus considerandos reconocen que el idioma francés dificultaba la aplicación de las leyes por jueces y habitantes. Los trabajos debían someterse al Poder Legislativo: la medida inicia una labor de codificación, sin poner en vigor por sí sola nuevos códigos.
La Ley núm. 388 establece una Cámara de Cuentas permanente, integrada por cinco miembros. Le atribuye el examen y control de las cuentas públicas, incluidas las de Hacienda, aduanas y ayuntamientos, y la comunicación de irregularidades y malversaciones para su investigación.
La Ley núm. 387 reorganiza la administración de justicia después de las reformas constitucionales de 1854. Extingue los tribunales denominados Justicias Mayores y dispone el traslado de sus causas y archivos a los tribunales de primera instancia, dentro de una nueva regulación de los órganos y funcionarios judiciales.
Se firma en Madrid el tratado por el que España reconoce a la República Dominicana como nación libre, soberana e independiente y renuncia a sus derechos de soberanía sobre el territorio. El acuerdo también regula las relaciones de paz, comercio, navegación y extradición entre ambos Estados.
El Decreto núm. 347 ordena imprimir y encuadernar las leyes y decretos dictados desde 1844, comenzando la colección con el Manifiesto de separación de Haití. También dispone la publicación de las actas legislativas en la Gaceta Oficial y la distribución de las nuevas normas a las autoridades.
En febrero se reforma la Constitución de 1844: desaparece el artículo 210 y el Congreso se organiza en una Cámara de Representantes y otra de Senadores. En diciembre, una segunda reforma sustituye ese sistema bicameral por el Senado Consultor y amplía las facultades presidenciales. Las dos reformas muestran, dentro de un mismo año, el paso de mayores límites constitucionales a una nueva concentración del poder.
El Decreto núm. 322 regula quiénes pueden representar a las partes ante los tribunales y limita el número de defensores públicos por provincia. Prohíbe su actuación ante las alcaldías y reserva a estas la intervención de apoderados especiales; permite la defensa personal y ciertas representaciones familiares. El término «defensores públicos» designa aquí a los profesionales habilitados de la época, sin equivaler al servicio estatal de defensa pública actual.
El Decreto núm. 312 elimina restricciones que impedían agotar las tres instancias reconocidas por la Constitución. Permite continuar el recurso pese a existir dos sentencias conformes y suprime la exclusión de apelación fundada en que el litigio no excediera de doscientos pesos.
La Ley núm. 307 regula el reclutamiento, las exenciones y los plazos del servicio militar, y reconoce al conscripto el derecho a reclamar. Prohíbe expresamente apresar personas en calles y caminos para alistarlas. Al mismo tiempo, mantiene largos períodos de servicio y permite incorporar menores de 13 a 15 años en bandas de música, arsenales y marina bajo las condiciones de la ley.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.