Explora la historia del derecho dominicano desde 1844: constituciones, leyes, jurisprudencia e instituciones, con fechas y fuentes documentales.
La Ley núm. 1378 regula la organización y las atribuciones de los ayuntamientos, encargados de la administración municipal y económica de las comunes. Establece la elección directa de regidores y síndicos, con períodos de dos años, y ordena su funcionamiento y la gestión de los asuntos locales.
Promulgada el 12 de abril, tras ser aprobada por la Convención Nacional el 9 de marzo, establece un Consejo de Estado con funciones consultivas y contencioso-administrativas. Ordena una amplia renovación de las leyes electorales, judiciales, municipales y de otras ramas, y fija el término del período presidencial de Ignacio María González para el 27 de febrero de 1879.
El Decreto núm. 1409 concede exenciones para importar maquinaria, herramientas y materiales destinados a fincas cañeras que utilicen vapor, además de facilidades temporales para sus trabajadores y abastecimiento. Extiende esos beneficios a otros cultivos de exportación de importancia comparable, como café, cacao, algodón y tabaco, como incentivo a la inversión agrícola.
El Decreto núm. 1410 establece en Santo Domingo una Academia de Náutica para formar pilotos de la marina mercante y de guerra. Organiza un programa de tres años que comprende matemáticas, geografía, hidrografía, pilotaje y arquitectura naval, y regula la obtención del título de segundo piloto.
El Gobierno concede a George O. Glavis y Manuel da Cunha Reis un privilegio de cincuenta años para establecer un Banco Nacional Dominicano de emisión, descuento y depósito. El 23 de julio se aprueba además un empréstito vinculado al proyecto. Estas autorizaciones forman parte de un intento de organización bancaria y financiamiento público; la concesión bancaria sería anulada en enero de 1876.
La Resolución núm. 1439 ordena cerrar Las Dos Antillas, semanario de Puerto Plata dedicado a la causa de Cuba y Puerto Rico. El Gobierno invoca sus ataques contra España y el tratado de paz y amistad con ese país. La medida aplica una autorización legislativa previa para suprimir periódicos por expresiones consideradas ofensivas contra naciones amigas.
La Ley núm. 1443 reorganiza la administración de justicia y regula los tribunales, sus atribuciones y los funcionarios y auxiliares judiciales. Reconoce la independencia de los tribunales en sus decisiones, distingue esa función de la supervisión administrativa de la Suprema Corte y establece incompatibilidades para el ejercicio de cargos judiciales.
La Ley núm. 1446 actualiza el régimen del servicio exterior: distingue las categorías de agentes diplomáticos y consulares, regula sus nombramientos y define sus atribuciones. Encomienda a los cónsules proteger a los ciudadanos dominicanos en el extranjero y favorecer el comercio y la navegación de la República.
Una ley provisional organiza el Consejo de Estado previsto por la Constitución de 1875 y regula sus funciones consultivas y contencioso-administrativas. Permite a ciudadanos, sociedades y corporaciones reclamar contra disposiciones administrativas que no puedan reformarse mediante queja ante el superior. Establece el procedimiento y los recursos de aclaración y revisión de sus sentencias, como antecedente de la justicia administrativa dominicana.
La Ley núm. 1451 adapta la administración territorial a la Constitución de 1875. Distribuye el gobierno entre gobernadores civiles y jefes comunales, cantonales y de sección; define sus atribuciones y coloca a los gobernadores como agentes inmediatos del Poder Ejecutivo en las provincias y distritos.
La Ley núm. 1462 reconoce la expresión del pensamiento por la prensa sin censura previa y reserva al jurado la calificación de los delitos de imprenta. Regula la responsabilidad de autores, editores e impresores, el procedimiento judicial y las sanciones por los abusos de ese derecho. Deroga las disposiciones anteriores sobre libertad de imprenta.
La Ley núm. 1463 conserva el sistema de reconocimiento y clasificación de la deuda interior establecido en diciembre de 1874, pero modifica su amortización. Busca facilitar la participación de los acreedores de provincias y distritos y dar mayor publicidad a las subastas de títulos, frente a la centralización y los pliegos cerrados del régimen anterior.
La Ley núm. 1468 desarrolla el voto directo previsto por la Constitución para elegir presidente, diputados y autoridades municipales. Regula los registros de electores a cargo de los ayuntamientos, el voto secreto, el escrutinio público y las reclamaciones de nulidad electoral ante la Cámara Legislativa.
El Decreto núm. 1472 ordena formar un catastro general de los bienes del Estado, a cargo de la Contaduría General con información de las administraciones provinciales y distritales. Busca identificar y ordenar ese patrimonio, regularizar sus arrendamientos y mejorar la recaudación de las rentas que le corresponden al fisco.
En enero se dejan sin efecto dos operaciones financieras autorizadas en 1875: la concesión de un banco, por no iniciar sus operaciones en el plazo fijado, y el empréstito Glavis, por incumplirse las condiciones de garantía. Las resoluciones revierten compromisos que afectaban las finanzas públicas.
La Ley núm. 1523, del 15 de mayo, organiza la Guardia Nacional con ciudadanos de 18 a 55 años, sujeta a exenciones. La Ley núm. 1537, del 19 de junio, regula el reclutamiento del Ejército entre solteros de 18 a 25 años, mediante voluntariado y sorteo, y fija cuatro años de servicio. Ambas ordenan las obligaciones militares y sus excepciones.
El Acta adicional a la Constitución de 1875 reduce el período presidencial a dos años y excluye la reelección inmediata, exigiendo que transcurra un período completo antes de volver a ejercer la Presidencia. Deroga los artículos 53 y 109, incluida la disposición que prolongaba el mandato presidencial hasta 1879.
El Decreto núm. 1522 concede amnistía a detenidos y expatriados por causas políticas y a quienes se encontraban asilados en consulados. También permite acogerse a ciertos prófugos bajo las condiciones señaladas en el decreto. La medida excluye los delitos comunes y favorece el retorno de personas perseguidas por motivos políticos.
La Ley núm. 1529 deroga la ley del 1 de septiembre de 1874 que había puesto en vigor el Código Civil dominicano. Mientras se prepara una nueva revisión, restablece el Código Civil francés de la Restauración, con las modificaciones introducidas durante los gobiernos de Luis Felipe y Napoleón III. La ley invoca deficiencias en la traducción y adaptación del texto anterior.
La Ley núm. 1540 somete la explotación minera a concesión del Gobierno, incluso cuando quien pretende explotarla es dueño del terreno. Regula la preferencia del propietario, las indemnizaciones por ocupación y los derechos fiscales. Las concesiones se otorgan con carácter perpetuo, pero quedan sujetas a las causas de caducidad previstas por la ley.
La Ley núm. 1548 permite a dominicanos e inmigrantes agricultores obtener tierras baldías del Estado mediante un procedimiento de autorización, mensura e inspección. La adquisición de la propiedad queda condicionada al cultivo, dentro del plazo señalado, de la parte exigida del terreno con productos destinados a la exportación.
El Decreto núm. 1593 organiza una Compañía de Crédito para adelantar recursos al Gobierno sobre las rentas nacionales y realizar operaciones financieras. Días después, la Ley núm. 1597 establece una Junta de Crédito Público encargada de examinar, reconocer y liquidar la deuda interior. Ambas medidas buscan ordenar el financiamiento estatal y sus obligaciones.
La Resolución núm. 1609 autoriza a Allen H. Crosby a construir y explotar durante veinte años un puente sobre el Ozama, sujeto a una tarifa de peajes. Reserva al Ayuntamiento una parte de los ingresos y la propiedad del puente al terminar la concesión. Establece que las controversias se resolverán ante los tribunales del país.
Aprobada el 7 de mayo y promulgada el 10 de mayo de 1877, la nueva Constitución fija un período presidencial de cuatro años y dispone que la elección del presidente se haga mediante voto público, directo y verbal. Reorganiza el marco constitucional durante el último gobierno de Buenaventura Báez.
El Decreto núm. 1624 suspende las garantías constitucionales de los dominicanos hasta que el Poder Ejecutivo declare restablecido el orden. La disposición amplía las facultades del Gobierno para adoptar las medidas que considere necesarias y representa una restricción general de las libertades reconocidas por la Constitución.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.