La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La Ley núm. 158-01 estableció un régimen de incentivos para inversiones turísticas en las zonas y actividades definidas por su texto original. Reguló la clasificación y aprobación de proyectos y creó el Fondo Oficial de Promoción Turística. Este marco sectorial fue ampliado y modificado por leyes posteriores.
La Ley núm. 125-01 organizó el régimen jurídico de la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad. Definió las funciones de la Comisión Nacional de Energía y de la Superintendencia de Electricidad, así como reglas sobre concesiones, regulación y derechos de los usuarios. Proporcionó el marco sectorial de supervisión del servicio eléctrico.
La Ley núm. 87-01 creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y sus regímenes de financiamiento. Organizó la protección frente a la vejez, discapacidad y sobrevivencia, los riesgos de salud y los riesgos laborales, junto con las entidades de dirección, supervisión y administración. Su promulgación inició una implantación gradual de las distintas coberturas.
La Ley núm. 42-01 estableció el marco general del Sistema Nacional de Salud, las funciones rectoras de la autoridad sanitaria y los derechos y deberes relativos a la salud. Reguló la prestación de servicios, la prevención, el control sanitario y las responsabilidades y sanciones. Reorganizó la base jurídica de la salud pública dominicana.
La Ley núm. 19-01 creó el Defensor del Pueblo como autoridad independiente para proteger los derechos de las personas frente a actuaciones ilegales o arbitrarias de la administración y supervisar su funcionamiento. El hito corresponde a su creación legal; la designación de su primera titular y su puesta en funcionamiento se produjeron posteriormente, en 2013.
Las leyes núm. 146-00 y 147-00 reformaron, respectivamente, el arancel de aduanas y disposiciones del Código Tributario. La primera reorganizó el tratamiento arancelario de las importaciones; la segunda modificó aspectos de la imposición interna, incluidos renta, ITBIS e impuestos selectivos. Ambas integraron una revisión coordinada de la estructura de ingresos fiscales.
La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el artículo 1463 del Código Civil, que imponía exclusivamente a la mujer una presunción de renuncia a los bienes de la comunidad matrimonial por no aceptarla dentro del plazo legal. La decisión elimina un trato discriminatorio y fortalece la igualdad entre mujeres y hombres en las consecuencias patrimoniales del divorcio.
La Ley núm. 112-00 estableció un impuesto al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo. Reguló su recaudación y disposiciones vinculadas al régimen de precios y comercialización de estos productos. Constituyó la base del régimen tributario especial de los combustibles, sujeto a modificaciones posteriores.
La República Dominicana ratificó el Convenio núm. 182 de la Organización Internacional del Trabajo. El instrumento exige medidas urgentes para prohibir y eliminar las peores formas de trabajo infantil, incluidas la esclavitud, la explotación sexual, la utilización en actividades ilícitas y los trabajos peligrosos. Complementó los compromisos sobre edad mínima asumidos en 1999.
La Ley núm. 65-00 sustituyó la Ley núm. 32-86 y actualizó la protección de las obras literarias, artísticas y científicas, incluidos los programas de ordenador. Reguló derechos morales y patrimoniales, derechos conexos, contratos y mecanismos de protección. Renovó el régimen dominicano de derecho de autor en el contexto de sus compromisos internacionales.
La Ley núm. 64-00 estableció el marco general de protección ambiental y uso sostenible de los recursos naturales, y creó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Articuló instrumentos de evaluación y autorización ambiental, protección de áreas y recursos, responsabilidad y sanciones. Reorganizó la gestión pública ambiental bajo un régimen legal integral.
La Ley núm. 50-00 reorganizó las cámaras civiles y comerciales y penales de primera instancia del Distrito Nacional y Santiago. Estableció jueces presidentes con funciones administrativas y de distribución de asuntos mediante un sistema aleatorio computarizado. Modificó la organización judicial para ordenar la asignación y el conocimiento individual de los expedientes.
La Ley núm. 42-00 estableció un marco de protección e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Reguló ámbitos como educación, empleo, atención y accesibilidad, y creó el Consejo Nacional de Discapacidad. Constituyó la legislación especializada anterior al régimen de la Ley núm. 5-13.
La Ley núm. 19-00 estableció el marco del mercado de valores y creó su Superintendencia. Reguló la oferta pública, los participantes e intermediarios y las obligaciones de información y supervisión, con el propósito de proteger a los inversionistas y dar transparencia a las operaciones.
La Ley núm. 20-00 reorganizó la protección de invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales y signos distintivos. Reguló su registro, los derechos de sus titulares y los mecanismos de protección, y creó la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Actualizó este régimen en el contexto de los compromisos internacionales sobre propiedad intelectual.
La Ley núm. 12-00 elevó al 33 % la proporción mínima de mujeres en las candidaturas a diputaciones y cargos municipales, con excepción de la sindicatura. Exigió su colocación en lugares alternos de las listas y dispuso rechazar propuestas que incumplieran la cuota. Amplió la participación electoral femenina prevista en la Ley núm. 275-97.
La Ley núm. 86-99 creó la Secretaría de Estado de la Mujer, encargada de coordinar políticas y acciones públicas para promover la igualdad y los derechos de las mujeres. Elevó el rango institucional del organismo responsable de esta materia y le atribuyó funciones de articulación con otras entidades del Estado.
La República Dominicana ratificó el Convenio núm. 138 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la edad mínima de admisión al empleo. Este instrumento exige una política de abolición efectiva del trabajo infantil y la elevación progresiva de la edad mínima, con reglas específicas para trabajos peligrosos. El hito registra la ratificación, no la entrada en vigor posterior.
La República Dominicana depositó ante la OEA el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, después de su ratificación del 2 de junio de 1999. El tratado prevé medidas preventivas, tipificación de conductas y cooperación entre Estados para investigar y perseguir actos de corrupción. La firma dominicana se había producido en 1996.
El registro de la OEA consigna el 25 de marzo de 1999 el reconocimiento dominicano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La declaración correspondiente está fechada el 19 de febrero de ese año. Este reconocimiento incorporó el control judicial internacional sobre la interpretación y aplicación de la Convención Americana en los términos del instrumento.
Mediante su sentencia del 24 de febrero de 1999, la Suprema Corte de Justicia estableció un procedimiento para ejercer la acción de amparo prevista en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Determinó la competencia judicial y reglas de tramitación rápida, incluida la apelación. La decisión hizo operativa esta vía de protección de derechos antes de su regulación legislativa específica.
La Ley núm. 352-98 estableció un régimen específico de protección de las personas envejecientes. Reconoció derechos en materia de salud, seguridad, participación y atención social, y asignó deberes de protección a las instituciones públicas, la familia y la sociedad. Proporcionó un marco legal especializado para las políticas sobre envejecimiento.
La Ley núm. 329-98 reguló la donación, extracción, conservación e intercambio de órganos y tejidos humanos para trasplante. Estableció requisitos y controles para estas actividades y creó el Consejo Nacional de Trasplantes y el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. Su creación legal debe distinguirse de la posterior puesta en funcionamiento de estas estructuras.
La Ley núm. 327-98 reguló la carrera judicial, con reglas sobre ingreso, formación, evaluación, ascenso, derechos, deberes y disciplina de los jueces. Creó la Escuela Nacional de la Judicatura para su formación y capacitación. Desarrolló las garantías institucionales de la reforma constitucional de 1994 y las bases de una judicatura profesional.
La Ley núm. 153-98 estableció el régimen general de las telecomunicaciones y creó el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones como órgano regulador. Organizó las concesiones, licencias, interconexión y administración del espectro radioeléctrico, con reglas de competencia y servicio universal. Constituyó el marco sectorial para la prestación y supervisión de estos servicios.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.