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Decreto núm. 502-26 que establece las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados y extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente mediante trabajo forzoso. G. O. núm. 11253 del 25 de julio de 2026.
Dec. núm. 482-26 que establece el Reglamento General de Aplicación de la Ley núm. 28-23, sobre el Fideicomiso Público. G. O. núm. 11252 del 18 de julio de 2026.
Dec. núm. 462-26 que aprueba el Reglamento que establece las condiciones, etapas y garantías aplicables a la subasta pública de los vehículos removidos y retenidos en los Centros de Retención Vehicular (CRV) de la Red de Centros de Retención Vehicular (RCRV). G. O. núm. 11251 del 11 de julio de 2026.
Dec. núm. 433-26 que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 395-14, de Carrera Sanitaria, del 2 de septiembre de 2014. Deroga el Decreto núm. 732-04, que aprueba el Reglamento de los Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. G. O. núm. 11250 del 1 de julio de 2026.
Decreto núm. 402-26 que aprueba el Reglamento General para la Implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor, Importador y Comercializador de Productos Prioritarios. G. O. núm. 11247 del 19 de junio de 2026.
Dec. núm. 403-26 que aprueba el Reglamento que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública. Deroga el Decreto núm. 92-22, el artículo 7 literal a), numeral iv, del Decreto núm. 707-22, el artículo 7 literal b), numeral ii, del citado Decreto núm. 707-22 y el Decreto núm. 316-24. G. O. núm. 11247 del 19 de junio de 2026.
Decreto Núm. 330-26 que dispone que personas mayores de 65 años puedan renovar sus licencias de conducir por un período de vencimiento mayor a dos años.
Decreto núm. 52-26 que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 47-25, de Contrataciones Públicas. G. O. núm. 11231 del 31 de enero de 2026.
El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar y precisar las disposiciones contenidas en la Ley núm. 1-26, garantizando su aplicación conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales.