La historia de una nación a través de su derecho. Un recorrido por las ideas, las luchas y las decisiones que han forjado la República Dominicana.
La Ley núm. 116 crea el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional como entidad autónoma encargada de organizar y regir el sistema de formación y promoción profesional de trabajadores. Establece su gobierno institucional y un régimen de financiamiento mediante contribuciones de empleadores y trabajadores en los términos previstos por la ley.
La Ley núm. 84 convierte la Dirección Nacional de Turismo e Información en Secretaría de Estado de Turismo. Le asigna atribuciones de planificación, promoción, autorización y supervisión de servicios turísticos, y adscribe a ella la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo. Reorganiza la autoridad administrativa del sector.
La Ley núm. 10 modifica disposiciones de la Ley de Hábeas Corpus de 1914 que habían sido restringidas en 1967. Reafirma la posibilidad de solicitar el mandamiento por la persona privada de libertad o por otra en su nombre, reorganiza la competencia judicial y las reglas de examen de la detención. Refuerza el control judicial de las privaciones de libertad.
La Ley núm. 1 concede amnistía a personas condenadas o acusadas por las infracciones que enumera, durante el período comprendido desde la amnistía del 3 de septiembre de 1965 hasta la publicación de la nueva ley. Incluye determinados delitos comunes motivados políticamente y dispone la liberación inmediata de quienes resulten amparados. Es una medida jurídica de la apertura política de 1978.
La Ley núm. 861 crea el Directorio de Inversión Extranjera y regula la aprobación y el registro de inversiones, las categorías de empresas y la transferencia de capitales y utilidades. Establece un marco de derechos, obligaciones y controles aplicables a la participación de capital extranjero en la economía dominicana.
La Ley núm. 855 dispone la dirección conjunta de la familia y la elección de la residencia por acuerdo de los esposos. Protege la vivienda familiar y reconoce facultades individuales para abrir cuentas bancarias, ejercer una profesión y administrar los productos del trabajo. Modifica el régimen de derechos y obligaciones matrimoniales y fortalece la autonomía civil de la mujer casada.
La Ley núm. 834 reorganiza materias esenciales del proceso civil, entre ellas las excepciones de procedimiento, las nulidades, los medios de inadmisión, la prueba y el referimiento. La Ley núm. 845 modifica disposiciones del Código de Procedimiento Civil, incluida la competencia de los juzgados de paz y los recursos de oposición y apelación. Ambas leyes constituyen una reforma central de la práctica procesal dominicana.
Antonio Guzmán gana las elecciones presidenciales del 16 de mayo. La interrupción militar del cómputo en la madrugada del día 17 provoca una crisis electoral. El proceso culmina con la toma de posesión del presidente electo el 16 de agosto, el fin de doce años consecutivos de gobierno de Joaquín Balaguer y una apertura de las libertades públicas.
República Dominicana deposita ante la OEA el instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El tratado entra en vigor el 18 de julio de 1978 y establece obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos reconocidos, junto con mecanismos de protección interamericana. Este depósito es distinto del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, efectuado posteriormente.
República Dominicana deposita los instrumentos de adhesión a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y a su Protocolo de 1967. El Protocolo surte efecto ese día y la Convención el 4 de abril de 1978. La incorporación de ambos instrumentos establece obligaciones internacionales de protección de las personas refugiadas, incluido el principio de no devolución.
República Dominicana deposita su adhesión al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a su Protocolo Facultativo y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los tres instrumentos entran en vigor para el país el 4 de abril de 1978. Se amplían las obligaciones internacionales de protección de derechos y se acepta el mecanismo de comunicaciones individuales del Comité de Derechos Humanos.
La Ley núm. 585 crea juzgados de paz especializados en el Distrito Nacional y diversos municipios para conocer determinadas infracciones a la Ley núm. 241 sobre Tránsito de Vehículos y a las disposiciones municipales de la materia. Introduce una especialización dentro de la justicia de paz y reglas para el envío de expedientes.
La sentencia del 1 de abril de 1977 reconoció que el derecho a contraer matrimonio y a disolverlo mediante el divorcio está protegido por la Constitución, aunque no figure expresamente entre sus garantías. Estableció que la celebración de un matrimonio católico no supone renunciar al divorcio civil y consideró contrarias a la Constitución las disposiciones que presumían esa renuncia. Este criterio afirmó la supremacía constitucional y la facultad de los tribunales civiles para admitir el divorcio, cuando legalmente proceda, con independencia de la forma de celebración del matrimonio.
La Ley núm. 573 modifica la legislación marítima de 1967. Establece una zona contigua hasta las 24 millas y una zona económica exclusiva hasta las 200 millas náuticas, medidas desde las líneas de base, y regula derechos del Estado sobre la plataforma continental y sus recursos. Amplía el marco jurídico dominicano de los espacios marítimos.
La Ley núm. 409 modifica la protección establecida en 1968 y declara parque nacional la zona de Los Haitises. Prohíbe excavaciones, extracción de materiales y trabajos que afecten su conservación, y declara de utilidad pública la adquisición de terrenos privados dentro del perímetro protegido.
La Ley núm. 145 prohíbe adquirir por compra, donación, arrendamiento, ejecución hipotecaria, usufructo u otras formas las parcelas y sus accesorios asignados a agricultores mediante la reforma agraria. Refuerza las restricciones a su circulación para preservar la finalidad de las adjudicaciones.
El periodista Orlando Martínez, director de la revista ¡Ahora! y autor de la columna Microscopio, es asesinado en Santo Domingo. Su labor crítica y las restricciones a la expresión de la época hacen de este caso un referente histórico para el estudio de la libertad de prensa, la violencia política y la respuesta de la justicia.
Orlando Martínez publica en el periódico El Nacional el artículo «¿Por qué no, doctor Balaguer?», motivado por el impedimento de entrada al país impuesto al artista dominicano Silvano Lora. El periodista cuestiona la exclusión de dominicanos de su propia patria y denuncia la corrupción y los abusos del aparato represivo gubernamental. El texto constituye un testimonio del ejercicio de la libertad de expresión y de la crítica al poder durante los Doce Años de Joaquín Balaguer. Su publicación precede al asesinato de Martínez, ocurrido el 17 de marzo de 1975.
La Ley núm. 67 crea un organismo autónomo para administrar un sistema de áreas recreativas, históricas, naturales e indígenas. Define categorías de protección y reglas para la conservación y el uso de esos espacios, dando una organización legal al sistema nacional de parques y reservas.
Florinda Soriano Muñoz, conocida como Mamá Tingó, es asesinada en Hato Viejo, Yamasá, tras su participación en la defensa de las tierras trabajadas por familias campesinas. Su muerte constituye un referente del contexto social de la reforma agraria y de los conflictos relativos a la tenencia y protección de la tierra.
La Ley núm. 564 declara propiedad estatal, imprescriptible e inalienable, los bienes arqueológicos localizados o que se descubran en el territorio nacional. Regula su salida del país, transporte y exhibición, y somete las investigaciones al control del Museo del Hombre Dominicano. Refuerza la protección jurídica del patrimonio arqueológico.
Francisco Alberto Caamaño muere el 16 de febrero, durante la represión de la expedición guerrillera que había ingresado por Playa Caracoles para combatir al gobierno de Joaquín Balaguer. Un informe legislativo posterior consigna que fue herido, hecho prisionero y fusilado. El acontecimiento forma parte del contexto de violencia política y protección de la vida y las garantías personales de la época.
La Ley núm. 314 desarrolla la prohibición constitucional del latifundio mediante límites de extensión que varían según la clase de terreno. Prevé excepciones y reglas para aplicar la reforma agraria a las propiedades comprendidas. Introduce un parámetro legal específico para la función social de la propiedad rural.
La Ley núm. 282 declara de utilidad pública e interés social la adquisición estatal de tierras baldías o prácticamente abandonadas para transferirlas al Instituto Agrario Dominicano. Define los terrenos comprendidos y establece la forma de pago a sus propietarios, ampliando los instrumentos legales de la reforma agraria.
La Ley núm. 153 establece un régimen de promoción e incentivos para inversiones turísticas, con beneficios fiscales sujetos a clasificación y aprobación. Vincula el fomento de hoteles y otras actividades del sector con la planificación y supervisión pública del desarrollo turístico.
Una selección histórica en desarrollo. La inclusión de una norma no indica su vigencia actual.