Modo de extinguir, hasta la cantidad concurrente, obligaciones recíprocas entre dos personas cuando se cumplen los requisitos legales o existe un acuerdo válido.
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La competencia determina cuál órgano puede decidir un caso por razón de la materia, el territorio, la jerarquía, la cuantía u otros criterios previstos por la ley. Si un tribunal no es competente, el proceso pu...
Forma de participación atribuida a quien, sin ejecutar el hecho como autor, presta intencionalmente una ayuda o cooperación relevante en las condiciones definidas por la ley penal.
Contrato por el cual una parte se obliga a entregar una cosa y la otra a pagar por ella un precio cierto en dinero, con las garantías y efectos previstos por la ley.
Régimen patrimonial matrimonial que forma una masa común con los bienes, ingresos y adquisiciones comprendidos por la ley, manteniendo fuera de ella los bienes legalmente propios de cada cónyuge.
Mecanismo de solución consensuada en el que un tercero facilita el acuerdo y, según la materia, puede proponer fórmulas para superar el conflicto antes o durante el proceso.
Unión de hecho estable, singular y pública de dos personas que forman un hogar sin matrimonio, a la que el ordenamiento reconoce efectos cuando se cumplen las condiciones constitucionales y legales.
Situación en la que una conducta o varias conductas vinculadas realizan los elementos de más de una infracción, lo que exige aplicar las reglas legales de calificación y determinación de la pena.
Vínculo estrecho entre dos procesos distintos que hace conveniente conocerlos conjuntamente o ante un mismo tribunal para evitar soluciones incompatibles.
Órgano colegiado encargado de la administración y representación de determinadas sociedades, dentro de las facultades y deberes establecidos por la ley y los estatutos.
La Constitución es la regla superior del ordenamiento jurídico dominicano. Define la estructura del Estado, los poderes públicos, los derechos fundamentales, las garantías y los principios que orientan la inter...
Jurisdicción y proceso mediante los cuales se controla la legalidad de las actuaciones u omisiones de la Administración Pública y se protegen los derechos afectados por ellas.