Jurisprudencias
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Contencioso administrativo. Función pública. Procede agotar cabalmente el debido proceso estipulado en la ley a los fines de desvincular a un empleado o funcionario público, ello, aunque, según el parecer de la administración, la comisión de la falta que fundamenta la separación del cargo sea obvia y evidente.
Contencioso Tributario. Carga de la prueba en el Derecho Procesal Tributario. Si la administración tributaria reclama el cumplimiento de una obligación tributaria, tiene el deber de probar todos los hechos y circunstancias que originaron el hecho generador de la misma. Esa circunstancia no cambia por el hecho de que sea el contribuyente quien impugne, ante el Tribunal Superior Administrativo, actos de la administración tributaria en donde se constaten las obligaciones reclamadas, ya que esa situación no lo convierte en reclamante de una obligación, sino que el Administrado se está defendiendo de una imputación hecha por los poderes públicos, no teniendo que aportar prueba de la no existencia de la obligación tributaria.
Contencioso administrativo. Derecho Municipal. La multa que establece el artículo 120 de la Ley No. 176-07, es una sanción de naturaleza penal que solo puede ser impuesta por los Juzgados de Paz y constituye una sanción prevista exclusivamente para los munícipes por la inobservancia de las disposiciones de una ordenanza o reglamento, no así en contra del Ayuntamiento en ocasión del conocimiento de un recurso contencioso municipal.
Contencioso Administrativa. Debido proceso. Desvinculación de servidor público. El cumplimiento del debido proceso previsto para toda actividad de la administración que implique desvinculación de un funcionario o empleado público está sujeto al control jurisdiccional de los Tribunales del orden judicial.
Contencioso Tributaria. Prueba. No corresponde al contribuyente probar la existencia de un hecho negativo, principalmente cuando ese hecho retenido en su perjuicio no constituye una presunción legal, ni deriva de la naturaleza y el contexto jurídico de la situación analizada.
Oralidad en el proceso contencioso administrativo. Cuando un parte solicita una audiencia en materia Contenciosa Administrativa o contenciosa tributaria por considerarlo necesario para el ejercicio de su derecho a probar, la admisión o rechazo de dicho pedimento debe ser fundamentado de manera reforzada en vista de la centralidad que juega del principio de la oralidad en nuestro ordenamiento constitucional.
Velo administrativo. Levantamiento. El levantamiento del velo o la oponibilidad de obligaciones consignadas en una decisión contra un funcionario público tiene aplicación cuando se utiliza la personalidad jurídica de la Administración Pública con fines contrarios a las buenas prácticas administrativas. Disposición del párrafo II del artículo 58 de la Ley 107-13.Causales de la figura del velo administrativo. Dentro de las principales causales para levantar el “velo administrativo” y así hacer oponible una condenación al funcionario público, se encuentra el uso de la personalidad jurídica de la Administración Pública con fines de abuso de derecho.
Reparación de daños y perjuicios. Demanda principal. Competencia. La demanda principal en reparación de daños y perjuicios es una acción personal, por ende, competencia de los tribunales ordinarios. La Jurisdicción Inmobiliaria solo conoce DP cuando se trata de una demanda reconvencional incoada por el demandado para protegerse de alguna demanda temeraria (Art. 31 Ley No. 108-05).
Embargo inmobiliario. Recurso. Aplazamiento. La decisión que acoge o denegare un aplazamiento no es susceptible de ningún recurso. Ratifica criterio.
Partición de bienes. Sociedad comercial. La constitución de una sociedad comercial a cuyo patrimonio se aportan los bienes de la sucesión y se distribuyen sus acciones en forma proporcional a los derechos de cada uno de los sucesores equivale a una partición amigable.